Sergio Sarmiento
2017-09-03
Ciudad de México— Raúl Cervantes está muerto antes de asumir el cargo. Aun si llegara a ser fiscal general, todas sus acciones serían cuestionadas. El costo sería muy alto para el país cuando se está haciendo una transición a un nuevo sistema de justicia penal que no ha alcanzado credibilidad.
Esto no tiene nada que ver con el desempeño de Cervantes como procurador. Los argumentos contra su designación no tienen nada que ver con sus acciones. A lo más que llegan es a decir que sería un “fiscal carnal”, es decir, alguien que defendería al actual presidente Peña Nieto de posibles represalias una vez terminado su mandato. Es un cuestionamiento político, no profesional ni jurídico.
Los golpes de pecho de los panistas, sin embargo, suenan a hueco. El PAN impulsó y aprobó la reforma constitucional de 2014 que estableció la Fiscalía General. El artículo transitorio 16 establecía que el procurador se convertiría en fiscal general. Apenas el 25 de octubre de 2016, el Senado ratificó a Raúl Cervantes como procurador con 81 votos a favor, tres en contra y una abstención. Los panistas no votaron en contra; los tres votos de rechazo fueron del Partido del Trabajo. Espero que los panistas no argumenten, como alguna vez sostuvo el entones perredista Pablo Gómez, que no se puede esperar que los legisladores lean todo lo que van a votar.
A los senadores del PRI, el PAN, el PRD (sí, el PRD) y el PVEM les pareció correcto en octubre de 2016 que Cervantes fuera procurador y después fiscal. Había sido su compañero de trabajo durante cinco años; lo conocían y le reconocían su sapiencia jurídica. Sabían que una parte significativa del trabajo de construcción de la compleja reforma del sistema de justicia lo había realizado Cervantes.
Ricardo Anaya no puede argumentar ignorancia. Era presidente nacional interino del PAN en diciembre de 2014, cuando la línea para los legisladores panistas fue votar a favor de la reforma del sistema de justicia. También era presidente del partido, ya de forma definitiva, en octubre de 2016, cuando la línea para los senadores del PAN fue aprobar a Cervantes como nuevo procurador. La súbita conversión de Anaya a un fundamentalismo rabioso tiene más que ver con sus aspiraciones presidenciales que con sus principios.
Yo supongo que Cervantes sería un buen fiscal general. Nadie conoce mejor los recovecos del nuevo sistema de justicia, cuya aplicación sería su principal responsabilidad. Nada en su trayectoria sugiere que violaría la autonomía o la imparcialidad de la institución.
Políticamente, sin embargo, Cervantes está muerto como fiscal antes de tomar el cargo. Ninguna acción suya estaría libre de cuestionamientos. Una reforma constitucional que logró el apoyo de todos los partidos, con excepción de Morena y el PT, quedaría descalificada. Lo sabe el propio presidente Peña Nieto, que en noviembre de 2016 envió al Senado una iniciativa para enmendar el transitorio que le entregaría la fiscalía a Cervantes. La iniciativa presidencial ha estado congelada desde entonces. El propio Cervantes respaldó la iniciativa presidencial que dejaría en manos del Senado la designación del nuevo fiscal.
El nombramiento del nuevo fiscal debe lograr que la reforma tenga mejores posibilidades de éxito. Las acusaciones contra Cervantes pueden ser injustas, pero en este momento él no sería el fiscal ideal.
Berrinches
Es la cámara de los berrinches, no de los diputados. Antes el presidente presentaba ahí su informe. Después lo mandaba con el secretario de Gobernación, quien lo entregaba al presidente de la mesa directiva. Este 1ro de septiembre, ante una Cámara acéfala, un subsecretario de Gobernación dio el informe al secretario general de la Cámara, ni siquiera a un diputado. Todo por unos berrinches.
Twitter: @SergioSarmiento