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Caso Egro, la corrupción invisible

Carlos Murillo/
Abogado | Domingo 03 Septiembre 2017 | 00:01:00 hrs

La sociedad nos dice qué es lo correcto. Mejor dicho, la élite social que domina la opinión pública nos dice qué hacer conforme a sus intereses. Para lograr la manipulación social, es necesario contar con los recursos y los medios, rara vez el proceso es espontáneo.

Así, quien cuenta con lo necesario puede imponerse en la opinión pública con una visión –parcial– de lo políticamente correcto; para lograrlo, regularmente lo hace legitimando el discurso con valores morales que, en ese momento son privilegiados sobre otros valores.

Por ejemplo, en Chihuahua (como en Latinoamérica entera) el discurso del combate a la corrupción es mucho más rentable políticamente que otros discursos, como pudieran ser el cambio climático o la experimentación genética en alimentos que son el boom en países europeos, pero ¿porqué aquí no escuchamos nada de eso?

En esa coyuntura, Javier Corral encontró los recursos y los medios para imponer un discurso de combate a la corrupción y convertirlo en un plan de gobierno políticamente correcto, pero inoperable en la práctica y totalmente falso, porque cuando el gobernador Corral dice corrupción se refiere exclusivamente al gobierno anterior, no al suyo; y eso es persecución política, no es combate a la corrupción, además dice que acabará con toda la corrupción, lo que es imposible en la práctica.

Aquí, hoy, se ha impuesto en la agenda de la opinión pública las acciones contra la corrupción y en el discurso los funcionarios estatales lo mencionan sin ningún matiz, dicen: “nuestra misión es acabar con corrupción”, como quien dice “vamos a acabar con la contaminación del aire”. El discurso es bonito pero ¿cómo lo harán?

La corrupción es un tema complejo que nos involucra a todos, no afirmaré que es un fenómeno cultural –aunque lo sea–, porque me parece el argumento débil, prefiero ponerlo en perspectiva y partir de una idea: en México la corrupción está en todos lados y es como el narco, nunca se van a acabar mientras haya demanda de drogas o, en este caso, de corrupción. Seguramente no es lo políticamente correcto pero es una realidad.

Pero, ¿cómo se mide la corrupción de un país?, el año pasado, según un informe de Transparencia Internacional (TI), nuestro país pasó del lugar 95 al 123, cayendo en la tabla de percepción de corrupción, realizada con datos de 12 organizaciones, incluyendo el Banco Mundial y Freedom House Nations, por cierto que en los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el último lugar.

Estos resultados se logran tomando en cuenta una puntuación del 0 al 100, donde México en 2016 logró apenas 30 puntos. El estudio es realizado por investigadores con alto prestigio en el mundo académico, lo que da legitimidad al resultado, pero no lo valida por sí mismo.

Estos datos y estos actores representan el discurso políticamente correcto que se impone desde el Banco Mundial y no tiene lugar a dudas, al contrario, se debe tomar como verdad divina, como dogma pues, además está revestido de cifras de especialistas, eso lo hace doblemente verdad.

Las recomendaciones para México son fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional y lo mismos en las entidades federativas, en Chihuahua se aprobó por el Congreso Local hace unas semanas.

Pero la realidad que vivimos en México es distinta, como dice Paco Ignacio Taibo II en uno de sus libros “somos lo que somos y no lo que los libros quieren que seamos”, los mecanismos estatales en lugar de combatir la corrupción sirven para perseguir a los enemigos políticos. Y es que en Chihuahua el gobierno se acostumbró rápido a ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que traen dentro.

Abramos un paréntesis. Según una encuesta de Consulta Mitofsky sobre la confianza de la ciudadanía, en 2016 las instituciones más confiables fueron las Universidades, las Iglesias y el Ejército, por lo contrario, las instituciones con mayor desconfianza ciudadana fueron los partidos políticos, los sindicatos, los diputados y la policía. En estos extremos no aparecen otras organizaciones sociales, como las empresas.

A pesar de esos resultados, vayamos a un sector poco explorado en este tema: la industria privada. En una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez con vocación en la manufactura, todos tenemos contacto con algún trabajador de la industria maquiladora y, si alguien conoce un poco sobre los departamentos encargados de las compras, sabrá que en esas oficinas existe una red invisible, pero bastante efectiva, relacionada con el tráfico de contratos ¿eso no es corrupción?

Quizá este ejemplo no encuadre en lo políticamente correcto, porque a diferencia de la corrupción en las instituciones de gobierno –que son las más visibles y sensibles para la ciudadanía–, en la maquila está el gran sector productivo que mantiene la economía regional y ese sector es mejor no tocarlo por obvias razones. Aquí cerramos el paréntesis.

Usaré otro ejemplo para reforzar mi argumento. Durante el periodo de Felipe Calderón, el expresidente llegó al poder con una profunda crisis de legitimidad por el cerradísimo resultado en las urnas ¿qué hacer con un problema así?, lo más lógico es resolverlo –pero la política pocas veces atiende a la lógica–, entonces Calderón decidió hacer el problema más grande, así que comenzó una absurda guerra contra el narcotráfico, un discurso políticamente correcto que intentó imponer por la fuerza para distraer a los mexicanos.

Pero ¿puede el Estado acabar con el narcotráfico? La respuesta es: no. Porque las drogas son un producto que atienen a un lógica de mercado y mientras los consumidores sigan demandando, los productores seguirán sembrando y traficando. Así de fácil.

En todo caso, el Estado podría implementar estrategias para contener los efectos negativos de la producción y tráfico de drogas, como los asesinatos de alto impacto que tanto afectan a la percepción de seguridad, pero es imposible acabar con el narcotráfico.

Quizá, si se hubiera propuesto bajar los índices de delitos como el homicidio doloso, la extorsión, el secuestro, los carjackings y housejackings, Calderón hubiera obtenido la legitimidad que andaba buscando; en cambio, el michoacano fracasó y será recordado como uno de los peores presidentes –peor que Fox que ya es mucho decir–.

En el caso de Chihuahua, el discurso legitimado por Javier Corral es acabar con la corrupción, por eso votaron 500 mil chihuahuenses, pero piensa que logrará esto metiendo a la cárcel y persiguiendo a sus enemigos políticos, mientras que en sus propio gabinete se han presentando los actos más escandalosos de corrupción, de la magnitud que harían ruborecer al Negro Durazo.

Pronto, si cumple su promesa, el gobierno del Nuevo Amanecer comenzará a perseguir la corrupción hasta morder su propia cola, porque los casos de tráfico de influencias son cada vez más, sobre todo en el tema de salud, donde las empresas ligadas a los grupos de encumbrados panistas han ganado contratos millonarios, el Caso Egro ya es nuestro mini Odebrecht de Chihuahua y seguramente es apenas la punta del iceberg, la complicidad de estos empresarios representa una vieja amalgama de corrupción gubernamental que usa a las empresas privadas, nada nuevo, pero la participación activa de estos empresarios se ha mantenido invisible frente a la opinión pública.

Hasta ahora, los funcionarios del Nuevo Amanecer acostumbran responder a las críticas con la misma cantaleta en todas las áreas: “con Duarte era peor”, así dicen como si fuera un permiso para hacer lo que sea.

Pero ahora con el Caso Egro ¿también van a contestar eso?; ¿con Duarte era peor? ¿Confirmarán con eso que sí lo hacen, pero nomás poquito como el Layín de Colima?

Y, mientras la contralora anda cazando fantasmas transexenales, los amigos de Javier Corral se llenan los bolsillos de billetes, porque en este país siempre habrá quién se quiera aprovechar de su condición para ganar dinero a la sombra de la corrupción, eso no tiene nada que ver con un apellido o un color, pero este nuevo gobierno sigue aprovechando la coyuntura para engañar a los chihuahuenses y decir que todo es culpa de su antecesor.

Por lo tanto, de origen el discurso del combate a la corrupción es falso, pero además hoy en Chihuahua hay más casos del gobierno de Javier Corral que de la administración anterior ¿tendremos que esperar cuatro años para que comiencen las investigaciones?

Lo que sí es un hecho es que, como Calderón y su combate contra el narcotráfico, Javier Corral en Chihuahua pasará a la historia como el gobernador que fracasó en su combate contra la corrupción y le tengo noticias: el sabotaje viene desde adentro, de su propio equipo y no de afuera. Así suelen ser las traiciones.

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