LA COLUMNA
de El Diario
Una expresión como “los gobiernos municipal y estatal me han quedado a deber” es signo de insatisfacción e inconformidad. Es una frase de acción ineludible para quien va dirigida si quien la pronuncia ( y escribe) aparece desprovista de toda malicia y muy cerca del destinatario o destinatarios de esa conclusión; es decir, tiene autoridad para calificar.
Los chihuahuenses pueden pagar muy cara la falta de autocrítica y de enmienda por parte del gobernador del estado, Javier Corral. Desde el arranque de su administración se pusieron en amarillo varias alertas que no fueron atendidas: corrupción, inseguridad... “falta de control de gobierno”.
Las anotaciones sobre las deficiencias son innumerables desde octubre pasado que Corral fue investido jefe del Poder Ejecutivo estatal. Ninguna observación u opinión por muy documentadas que hayan sido es objeto de rectificación; al contrario, las respuestas de Palacio han sido de justificación, a la defensiva y hasta de franca agresión hacia quienes emiten señalamientos o transmiten como periodistas hechos negativos ejecutados por el régimen.
Patricia Corral Jurado es la autora de la frase con la que iniciamos esta columna. Unos 10 meses después de observar y analizar el trabajo del gobernador, su propia hermana, concluye que hay deuda pendiente. Incluye ella la presidencia municipal encabezada por Armando Cabada.
El 19 de julio a las 4:52 de la tarde, la señora Patricia escribió en su face tras una breve polémica con sus interlocutores de la red social: “yo tenía muchas esperanzas para Juárez y me han quedado a deber el gobierno municipal y el estatal”.
La señora Corral se ha colocado al margen de los reflectores que acapara su hermano al gobernador. Su conducta es meramente doméstica, a diferencia de la otra hermana, Leticia, quien es añosa activista del PAN y operadora cuasi abierta de asuntos gubernamentales. Fue la única que apareció en las fotos con su hermano el viernes en el primer juego de la final que Mineros azotó a Indios por ocho a tres.
Ese carácter de reservada y seria le otorga a doña Patricia una innegable calidad objetiva en sus apreciaciones. El “me ha quedado a deber” es la misma sensación compartida por miles de chihuahuenses que votaron por Corral convencidos de que mejorarían las condiciones sociales y políticas del estado.
Desde la integración misma del gabinete pudo adelantarse que nada tendrían que envidiar César Duarte, Reyes Baeza y Patricio Martínez a su sucesor. El desencanto agitó las fibras más sensibles de una parte del corralismo de precampaña y campaña electoral. Los administradores del nuevo régimen surgieron del río revuelto y del “yo sé lo que hago” de Corral sin reparar en perfiles, actitudes ni capacidades. El gabinete sigue igual.
Casualmente en la misma fecha que Patricia Corral dejaba escrita su opinión sobre los gobiernos estatal y municipal, una empresa encuestadora nacional desarrollaba un ejercicio de opinión que incluyó a Chihuahua junto con el resto de los estados que conforman esta República.
La encuesta fue llevada a cabo por el Gabinete de Comunicación Estratégica (de Liébano Sáenz) justo entre el 20 de junio y el 11 de julio, tiempo suficiente para evaluar el trabajo de una administración estatal.
Las calificaciones desprendidas del sondeo coinciden con la interpretación de la señora Corral. Los números fueron publicados por El Diario el pasado jueves. Queda a deber hasta ahora el gobernador entre el 70 y 50 por ciento de los rubros evaluados.
Retomemos algunos: apenas un 31.1 por ciento de los encuestados opinaron que tiene Javier el control del estado, lo cual significa que casi el 70 por ciento piensa lo contrario; a su desempeño lo calificaron con un 46.5; por lo tanto, hay una desaprobación del 54 por ciento aproximadamente.
Los principales factores de descontento, en resumen: “inseguridad-delincuencia, corrupción, mal gobierno”, señala la encuestadora.
El indiferente y flemático vocero del Gobierno estatal, José Antonio Pinedo Cornejo, guardó su opinión sobre esa estadística. Argumentó desconocerla aunque reconoció que el estado ha hecho sus propios estudios y “efectivamente tenemos que solucionar, por ejemplo, la inseguridad”. Brujo, los sondeos salen sobrando.
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El resultado de esa encuesta habla por sí sola. Vamos a decirlo de esta manera: es la suma de los desatinos al interior y al exterior del gobierno encabezado por la administración de Corral que se encamina los siguientes 30 días septembrinos y de fiestas patrias a su primer aniversario.
En la percepción de esa evaluación están los casi mil 500 ejecutados durante los 10-11 meses, las decenas de miles de delitos patrimoniales, la ingobernabilidad política, los casos emblemáticos de corrupción impunes, la frivolidad en la conducta como gobernantes, la sorprendente corrupción, la imposición e intervencionismo en los poderes Judicial, Legislativo y organismos autónomos, el descuido irrespirable en todo el sistema educativo, particularmente en la otrora orgullosa estructura de Bachilleres; la egolatría, la soberbia, la víscera, la sobrecogedora falta de oficio político...
En ese tesitura nos encontramos otra calificación considerada sorpresiva pero muy lógica bajo los razonamientos anteriores. No hay transparencia registrada porque hay tumbos y desgobierno.
El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) sacó su primera evaluación al régimen corralista. Califica a muchos órganos autónomos, presidencias municipales, universidades y descentralizadas.
De cinco hacia abajo, incluido el cero, en la Secretaría de Educación, Fiscalía General del Estado, Comunicación Social, Trabajo y previsión Social, Asesoría y Proyectos Especiales, todas las juntas municipales de agua...El eclipse pleno del nuevo amanecer. Las tinieblas. Ninguna explicación, ninguna voluntad por la corrección.
El presidente Municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, al menos responsabilizó de su cinco a las deficiencias en la Plataforma Nacional de Transparencia que sigue caminando con el sosiego de la clásica burocracia mexicana. Es cierto en parte, pero tener toda la información en los portales correspondientes y responder con pertinencia y suficiencia a todas las solicitudes de información es asunto de voluntad.
El gobierno estatal no se justificó en nada; todo ente fiscalizador hacia el nuevo amanecer es tratado con sospecha y considerado enemigo. La propia relación del Ichitaip con el gobernador forma parte de los resultados negativos en las encuestas.
Otra valoración en ese contexto la dio durante los últimos días también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ubicó a Chihuahua en su lista de las ocho entidades federativas más opacas junto con Coahuila, Morelos, Nuevo león, Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa y Oaxaca. Siempre Oaxaca.
Hacienda calificó de esa manera a Chihuahua y los otros siete de estados de porque no han publicado información sobre las participaciones federales que deben entregar a sus municipios. Nada tampoco ahí.
Hace apenas 10 días estuvo en Ciudad Juárez el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Cuestionó la falta plena de información sobre los avances en el crimen de la compañera periodista, Miroslava Breach, y señaló las dolencias que sufre Chihuahua en materia de violación a los derechos humanos.
Horas después de regresar de esta entidad norteña a la Ciudad de México el ombudsman lanzó la recomendación al Gobierno estatal sobre la existencia de los centros de arraigo, donde permanecen más de 150 personas ilegalmente detenidas.
Transcurre el tiempo y los desaciertos se acumulan. Tal parece que existe una incapacidad plena para aceptar aun en el concierto institucional a quienes no se subordinan. Ha sido rechazada la mano extendida de los alcaldes independientes y de los propios políticos de casa (el PAN) bajo las mismas circunstancias. Todo es tomado personal; cualquier detalle les provoca “ampollas”, diría Cabada en una de sus definiciones más certeras.
Los que pagan esos costos al final del día son los chihuahuenses. No sería sorpresa que el gobernador no conceda credibilidad a las empresas encuestadoras como el Gabinete Estratégico u órganos fiscalizadores como el Ichitaip o la Secretaría de Hacienda federal. Siendo así, el desorden amenaza continuar para mayor perjuicio del estado.
A quien menos importa si queda a deber es al aludido; recapacitar al menos para recuperar la esperanza de doña Paty no aparece entre los planes inmediatos.