Sixto Duarte/
Analista
Hace unos meses, la prensa nacional documentó una historia más de impunidad en México, en donde cuatro jóvenes presuntamente golpearon y violaron a una jovencita en Veracruz. Me refiero al tema de lo que la misma prensa llamó “Los Porkys”. La historia pudo haber sido una de esas historias que desafortunadamente se repiten de manera cotidiana en la nota roja. La diferencia en este caso es que en su momento se presumió la existencia de protección oficial hacia estos cuatro jóvenes, pues la autoridad tardó en actuar. Lo que indignó en su momento a la sociedad era precisamente eso: la presunción de la existencia de tráfico de influencias y la lentitud de la autoridad en procurar justicia.
Al darse a conocer este asunto en el país, la suerte de los cuatro juniors dio un giro de 180 grados, pues de presumiblemente contar con protección oficial e influencias, se convirtieron en víctimas del linchamiento mediático, pues la sociedad ya los había juzgado, ignorando una garantía procesal básica de todo acusado: la presunción de inocencia.
Ambos extremos son malos, desde contar con protección oficial para evitar enfrentar a la justicia establecida, hasta ser objeto de la ‘justicia’ de la muchedumbre, la de las mayorías. Incluso el peor criminal, tiene derecho al respeto de sus garantías.
¿Por qué recordar el asunto de Los Porkys? Porque como ya ha trascendido en diversos medios de comunicación de la localidad, hace unas cuantas semanas en un bar de la Avenida Tecnológico, seis o siete jóvenes completamente ebrios (o bajo la influencia de alguna otra substancia) presuntamente golpearon de manera salvaje y cobarde a otro joven, Sebastián Díaz Ponce, hasta dejarlo inconsciente luchando por su vida.
En cada conflicto, hay dos versiones y caras de la moneda. De ser cierto lo que ha trascendido surgen diversas dudas. ¿Qué puede orillar a jóvenes de esa edad, supuestamente educados, a actuar como una horda de salvajes contra otro joven? ¿Por qué actuar evocando las más primitivas prácticas trogloditas de resolución de conflictos? ¿Qué los distingue de un grupo común y corriente de pandilleros? A esta última pregunta sí encuentro respuesta: influencia en los círculos de poder.
En un país de impunidad como el nuestro, jóvenes como los mencionados anteriormente actúan con la certeza de que no habrá consecuencias. En primer término, porque el nivel de impunidad es muy elevado. En segundo término, porque tienen o creen tener influencias. El profundo desprecio hacia la ley y las instituciones se da en sociedades como la nuestra. La impunidad no es privativa de los políticos como muchos creerían; es inherente a muchos ciudadanos que creen estar por encima de la ley. Bien decía Montesquieu que “la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.
Mucho se ha comentado que la autoridad investigadora no quiere actuar, por supuesta influencia de los padres de los presuntos golpeadores. También se dijo que la policía municipal omitió el actuar oportunamente en esa pelea. No sé qué tanto sustento tengan estas acusaciones. De ser cierto, las autoridades estarían incurriendo en responsabilidad por proteger a quienes deberían de consignar. Esperemos que nada de esto sea cierto y las autoridades no se presten en este caso al influyentismo, y procuren genuina justicia. Pésimo trabajo estarían realizando los padres de estos jóvenes, si en vez de conminarlos a actuar dentro del marco de la ley, los ayudan a eludirla. Y luego culpan de todos los males al gobierno.
Considero que el actuar de la autoridad debe ser oportuno, no únicamente para reparar el daño y hacer justicia, sino para evitar precisamente la justicia de la muchedumbre, a la misma que hice referencia en párrafos anteriores. Si estos jóvenes lincharon a Sebastián, para ellos debe haber un castigo ejemplar de conformidad con la ley, no el linchamiento mediático al que todo mundo está expuesto en la época de las redes sociales. Eso no sería justicia.
Este fin de semana, otro ‘Porky’ golpeó a un grupo de jovencitas que se divertían en un bar de la localidad. Este sí fue detenido. La violencia y el desprecio por la ley parecen ser una epidemia. Y si la autoridad no procura justicia, terminarán siendo una pandemia. ¿Cuántos ‘Sebastianes’ han sido víctimas de pandilleros en las zonas más alejadas de Juárez? Para todos ellos exigimos justicia. Justicia, no venganza.
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