LA COLUMNA
de El Diario
• Cerecito y retenes, en las rodillas de Armando
• Fueron más de cinco mil diabéticos sin insulina
• “El Mesh” y De Anda gritan por hueso a Corral
• Por qué no olvidar caso de juniors brutales
Antes de encarrilarnos por este empapado y enclipsado inicio de semana hacia los temas principales agrupados en La Columna, debemos dejar una nota por ahora marginal sobre el desfiladero de enviados de Palacio de Gobierno hacia los juzgados federales y viceversa.
Es un evidente control del “nuevo amanecer” sobre los juzgadores en Chihuahua del Poder Judicial Federal. Nadie gana un amparo al corralismo. Y no por la presumida sapiencia de Maclovio Murillo, el consejero jurídico. Con eso, y la adquisición de testigos protegidos, algunos vía corrupción, el régimen de Javier Corral es imbatible en los tribunales federales. Repetimos, por ahora la nota es al margen. Ya tendremos momento y espacio para describir de dónde ha surgido semejante dominio.
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Los diligentes, agudos, asesores jurídicos de este columnista observan cuando menos tres problemas de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en el sistema de sanciones implementado por el Ayuntamiento independiente de Ciudad Juárez al mando de Armando Cabada.
Primero que nada, los retenes, así sean instalados en calles citadinas o en carreteras, son una manera arbitraria de violentar el libre tránsito de los ciudadanos.
Si alguien viola el Bando de Policía o el Reglamento de Tránsito, ok, adelante. Que se detenga y revise al conductor, pero instalar retenes es una tentación autoritaria y caprichosa y altamente sospechosa de corrupción.
La autoridad sólo puede hacer lo permitido, y la Constitución, los tratados internacionales y los mismos reglamentos, en ningún apartado los autorizan; es más, exigen que se garantice el libre tránsito.
En segundo lugar se violentan los derechos humanos de los detenidos, situación por la cual prosperan con facilidad los amparos hasta la suspensión provisional que es inmediata. De hecho, ya se presentaron los primeros esta misma semana.
Y finalmente, la proporcionalidad en la sanción. ¿Si ya se eliminaron los grados de alcoholemia, cómo se determina, cómo se funda y motivan las horas de arresto?. ¿Sobre las rodillas desde el escritorio?. ¿De 24 a 36 horas sin ninguna base legal?.
Por último, también sería bueno que el Ayuntamiento cumpliera con sus obligaciones de transparencia, porque resulta que la versión en su página web de Transparencia está desactualizada para revisar todo ello; y nos dicen, que por si fuera poco, éste es otro asunto de legalidad, peccata minuta, si se quiere, pero ilegalidad al fin. Nos seguimos preguntando. ¿Por qué el megacapricho?. No es cierto que sea por evitar accidentes. Si es así, que ordene la alcaldía cerrar antros y expendios, a ver si se dejan los amigos Fuentes, Otero, De la Vega y tantos más.
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No se le ha dado seguimiento. Parece dejado en el olvido, pero es un asunto sumamente grave a punto de repetirse en cualquier momento.
De enero a mayo de este año no hubo insulina en las unidades hospitalarias del Estado, en una grave irrresponsabilidad por parte de la Secretaría de Salud, a cargo de Ernesto Ávila, el consuegro favorito de Palacio que esta semana entregará 400 millones de pesos en proveeduría de análisis clínicos a su empresa favorita. (Ayer dimos cuenta del tema, hoy presentamos más datos en imágenes para la versión digital).
Se calcula que unos cinco mil pacientes que padecen diabetes mellitus 2, que utilizan 40 unidades diarias, sufrieron un deterioro en su salud al escasear el producto. Lo mismo ocurrió con cerca de cien pacientes que requieren diariamente la misma cantidad de insulina, sólo que ellos padecen diabetes mellitus 1, mucho más grave.
Los especialistas nos dicen que un descontrol de esta magnitud tarda un año y medio en restablecerse, y que las consecuencias médicas, señaladas por la estadística internacional UKPDS, son de tomarse muy en serio, porque en un 24 por ciento producen infarto agudo al miocardio; 36 por ciento, muerte; 44 por ciento, infarto cerebral; 60 por ciento, neuropatía; 70 por ciento, nefropatía y 24 por ciento, retinopatía.
Las consecuencias, pues, de esta grave falla de la Secretaría de Salud, son delicadas y deben tener un puntual seguimiento, porque la calidad de vida y la vida misma de muchos pacientes se encuentra en juego.
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El caso de los hooligans juarenses, jóvenes salvajes que escandalizan, golpean y abusan en antros, no debe quedar de ninguna manera en el olvido, a pesar de que mediante un acuerdo económico las familias involucradas logren evadir el peso de la ley.
Este grupito de juniors ha venido aterrorizando a los jóvenes que acostumbran ir a divertirse, principalmente en los antros de la Tomás Fernández, las Américas, la Lincoln y la Gómez Morín ya que, amparados en las poderosas influencias de sus papis y familiares, se han convertido en una verdadera amenaza para la seguridad de estos lugares.
De acuerdo con una buena cantidad de reportes tanto en la Policía Municipal como en la Fiscalía, basta con que alguna de los cientos de jovencitas que acuden a estos lugares a divertirse le guste a algunos de esos brutales para que sea abordada de fea forma y en muchos de los casos incluso hasta manoseada abusivamente, y si su novio o algún acompañante se atreve a defenderla y exigir respeto, es razón suficiente para que sea brutalmente golpeado en montón, así como hicieron con Sebastián Díaz Ponce.
Lo grave de este asunto es que, por las influencias de las familias a las que pertenecen estos muchachos abusones, la mayoría de los casos queden sin denuncia alguna, por tanto en la total impunidad, y los pocos que llegan hasta las autoridades se arreglan o con dinero o con el poder del que abusan a través de sus relaciones con políticos y funcionarios de todos los niveles.
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El sábado escribimos en este mismo espacio sobre la sordera y ceguera inexplicable de las comisiones de Derechos Humanos, tanto la estatal como la nacional, ante la agresión que sufrió la reportera de esta casa editora a manos del mismísimo gobernador del estado, lo que ya de por sí es muy grave y preocupante.
Bueno, pues al amparo de esta pasividad y complicidad de esas instancias, personeros de poca monta, pero muy cercanos al gobernador Corral, estrechamente cercanos, se han dedicado a trolear y a acosar en las redes sociales a quienes postean las notas, o algún comentario relativo a la agresión que recibió Itzel Ramírez por parte de Javier Corral.
Andrés de Anda Martínez, ex funcionario municipal (por cierto señalado entonces como acosador sexual), ex diputado y ex regidor, ahora en la banca y seguramente en busca de chamba, ha encontrado su vocación perdida en la elaboración de lo que él mismo llama “caricaturas digitales”, y que en realidad no son más que fruto de la pereza y de la inactividad política que mantiene desde hace ya buen rato.
De Anda y Edgar Villanueva, compañero de correrías de Corral (literalmente, porque acompaña al gobernador a correr por el Parque Central o El Chamizal cuando viene a Juárez), se han dedicado a replicar, en forma burlona, peyorativa y francamente agresiva, a cuantos señalan el abuso cometido por el gobernador contra la reportera juarense haciéndola víctima, de nuevo, de discriminación y acoso.
De Anda y Edgar Villanueva, también conocido como “El Mesh”, tratan de restar importancia a lo ocurrido y pretenden hacer ver el hecho como una exageración.
Estos comentarios, así como los memes elaborados por De Anda no pasarían de ser reacciones comunes e intrascendentes en las redes sociales ante un tema en particular, pero tratándose de quienes se trata, por su cercana intimidad con el gobernador Corral y con la vicegobernadora Lety Corral, el asunto cobra especial relevancia porque es evidente que lo hacen con el beneplácito de ambos, sino es que hasta por encargo.
Si el mismo gobernador no es capaz de respetar a una profesional de la comunicación en el ejercicio de su trabajo, menos se puede esperar que sujetos como Villanueva o De Anda, tengan el mínimo escrúpulo o decencia para hacer lo mismo.
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En el Congreso del Estado priva el desorden generalizado. Las broncas y conflictos no son privativos de los diputados; han alcanzado a las áreas administrativas.
Dos antiguas empleadas del Congreso ubicadas en el Diario de los Debates fueron removidas de sus cargos por presión de su jefe, Norberto Solís, a su vez respaldado por el secretario de Asuntos Legislativos, Luis Enrique Acosta.
Nos aseguran que la señora jefa de área en el Diario de los Debates, Josefina Paura, y una secretaria han sido víctimas de permanente acoso laboral por parte de Solís. Las quejas han sido formalizadas pero no atendidas.
Acosta en lugar de proceder en contra de Solís, le hizo segunda removiendo a las dos mujeres. Las disminuyó hacia actividades bastante menores muy cerca de la puerta de salida rumbo el despido.
Acosta forma parte del nuevo equipo de poder en el Congreso del Estado, con mayoría panista. Solís tiene origen en el PRI pero con influencia sobre su jefe Acosta.
Este es un caso de los muchos que ocurren en el Poder Legislativo. Hace semanas que se habla de una reestructuración en todas las áreas administrativas, así que algunos aprovechan el río revuelto, entre ellos Solís.
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Serenidad y paciencia este lunes estimados lectores Solines. Regresan a clases decenas de miles de nuestros hijos, hijas, a primaria y secundaria. Horribles baches, lagunas por todas partes. Contemos hasta 10 y tomemos carro o rutera...
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