Francisco Ortiz Bello/
Analista
El conjunto de ordenamientos legales que regulan los procesos electorales son el instrumento con que la sociedad cuenta para tener la certeza de que, las elecciones en México, son legítimas, democráticas y confiables. Si hay un buen marco jurídico-electoral, aumenta la credibilidad en los procesos electorales, en cambio, con normas desactualizadas y mal definidas, la desconfianza aumenta considerablemente.
Sin embargo, las leyes electorales no aplican tan sólo a los procesos electorales. Esa sería una visión muy corta para sus alcances. Deben regular, en sentido más amplio, la participación de los partidos políticos, de sus dirigentes y de la ciudadanía, en la vida democrática y política del país. De ahí su gran trascendencia y relevancia para la sociedad. Para cada ciudadano.
Cuando en Chihuahua se habló de una nueva reforma electoral (se han realizado al menos tres en los últimos 10 años), varios creímos que ahora sí sería una reforma de gran calado, una que, por fin, incluyera todos los temas que debe incluir. Desafortunadamente no fue así.
El pasado viernes, los diputados de Chihuahua aprobaron una serie de modificaciones a la Constitución, y a la Ley Electoral del Estado que, si bien eran necesarias, se quedan aún bastante lejos de la necesaria y urgente reforma político-electoral que se requiere.
En opinión de este articulista, son, al menos, diez puntos trascendentales que debería incluir una reforma electoral verdadera, de grandes alcances.
La revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la reelección (en todas sus variantes), representatividad real de Regidores (voto directo de ciudadanos), candidatos independientes, nuevas fórmulas de asignación para diputaciones plurinominales, transparencia obligada a partidos políticos y la definición precisa de figuras como alianzas, coaliciones y candidaturas comunes, sin transferencia de votos, son temas de enorme trascendencia que debería incluir una reforma electoral completa.
Las modificaciones aprobadas por el Congreso (así les llamaron atinadamente en su comunicado oficial), apenas y abordaron unos cuantos de esos diez temas.
La bancada del PRI en el Congreso reclamó para sí la autoría de las modificaciones a los artículos 17, 27, 73, 93 y 127 de la Ley Electoral del estado, con los que afirman que se privilegiará el voto ciudadano y se evitará el uso de recursos públicos con fines partidistas.
La propuesta del gobernador Corral, de incluir la segunda vuelta electoral y las elecciones primarias en los partidos, no fue aceptada por los grupos parlamentarios, por lo que quedó fuera de la aprobación mencionada, con todo y las virtudes que pudiera representar al sistema electoral de Chihuahua.
Con la clara y evidente alianza, en este tema, entre PRI y PAN en el Congreso las modificaciones fueron aprobadas con 23 votos a favor y 10 en contra, es decir, todos los nanopartidos se opusieron y sólo PRI y PAN votaron a favor.
¿Por qué se opusieron lo nanopartidos? Bueno pues porque las nuevas reglas electorales impiden la transferencia de votos en los casos de alianzas o coaliciones electorales, que ha sido por años, la forma en la que estos partidos con muy baja representatividad han podido subsistir, logrando con ello cuantiosos recursos públicos para la operación de sus supuestas actividades políticas.
También verán afectados fuertemente sus intereses porque, a partir del 2018, la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso será a partir de un mínimo de 3 por ciento de la votación general. En una segunda ronda tendrá que ser a partir de un 5 por ciento como mínimo, y en caso de que aun hubiera espacios que asignar, sería a partir del 10 por ciento mínimo de votación.
Los cambios aprobados el viernes en el Congreso abordaron los siguientes temas:
La reelección; el voto de chihuahuenses en el extranjero; erradicación y prevención de violencia política de género; la elección y reelección de diputados, alcaldes, síndicos y regidores; y, finalmente, las candidaturas independientes en todos sus escenarios posibles. Sin duda alguna, todos temas importantes, pero no suficientes para que los cambios aprobados se reflejen en espectro amplio de vida política y social de los chihuahuenses.
El reclamo social más sentido, desde hace una década por lo menos, se centra en herramientas capaces de dotar a los ciudadanos de mayor poder de decisión, no solo a la hora de votar, sino también para fiscalizar y evaluar el trabajo de los servidores públicos ya en el ejercicio del cargo para el que fueron electos y, en caso de detectar anomalías importantes, o que no se cumpla con lo prometido, que exista el mecanismo para “despedir” a dicho funcionario.
Muestra clara de ello, es el caso que hoy vivimos en Chihuahua, con un gobernador claramente apartado de los principios generales de la administración pública, alejado de los sectores sociales, alejado dela realidad, sin la más mínima obra pública, ensimismado en ambiciosos proyectos nacionales, que poco o nada tienen que ver con lo que los chihuahuenses queremos y necesitamos, pero que, además, no ha cumplido una sola de sus promesas de campaña, pero al que nadie le puede reclamar ni decir nada, y menos exigir, porque, quien lo haga, de inmediato se pone en grave riesgo de ser criticado, descalificado y hasta perseguido, porque se coloca en automático entre los “enemigos” del gobierno (y del gobernador)con todo lo que eso implica.
Hoy, la sociedad chihuahuense no tiene defensa alguna contra los malos gobernantes. Es por eso que figuras jurídico-políticas como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular adquieren un peso específico abrumador, para convertirse en objetivos de alta prioridad… Para la sociedad. Porque ya vimos que para el gobierno no.
Retirar del cargo a un servidor público de elección popular, mismo que por esa condición deben durar hoy todo el tiempo que les da el encargo, no importa si lo están haciendo mal, es una prioridad social. Una alta prioridad de la ciudadanía.
O bien, la posibilidad real, asequible, tangible, viable, de que un ciudadano haga llegar hasta el Congreso del estado una iniciativa de ley, acorde con la visión y necesidades de quienes padecen problemáticas específicas, y no desde la de legisladores comprometidos hasta los huesos con sus partidos, para empujar iniciativas que nunca impulsarán los partidos políticos, como la de disminuir recursos o la de obligarlos a transparentar sus gastos, por ejemplo, algo que, por supuesto, nunca harán los partidos políticos ni sus legisladores.
Pero no sólo eso. Sino que, además, esa iniciativa ciudadana (como es hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en el Congreso de la Unión), tenga que ser recibida en el Congreso de Chihuahua, analizada, discutida y votada obligatoriamente en un término máximo de tiempo, sin posibilidades de que sea congelada.
Poder Ciudadano. Eso es lo que necesitamos en Chihuahua. Incrementar el poder de los hombres y mujeres que hacen grande a este estado, y no su clase política. Ya no más “jugarnos el dedo en la boca” por parte de partidos e institutos políticos que se resisten, tercamente, a reconocer que deben privilegiar el interés ciudadano, muy por encima del de sus organizaciones e institutos políticos. Si los partidos no lo hacen, tarde que temprano, la sociedad lo hará de alguna manera. Más valdría que lo hicieran voluntariamente y a tiempo.
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