LA COLUMNA
de El Diario
El secretario de Salud del Gobierno estatal, Ernesto Ávila Valdez, ha empezado de nuevo a manosear otro concurso de proveeduría gigantesco que implica aproximadamente 400 millones de pesos durante cuatro años: 2017, 2018, 2019 y 2020, justo el período correspondiente al régimen panista de Javier Corral Jurado, menos unos meses.
Todavía no baja el polvo de la ruidosa adjudicación directa de hasta 80 millones de pesos en medicinas a la empresa Egro (que el viernes hizo crisis de nuevo por falta de medicamento). Hoy sumamos el preludio de otro escándalo, que nos aseguran, es de proporciones casi cuatro veces mayor en otro tema harto sensible para los chihuahuenses atendidos por el sistema estatal de salud: la práctica de análisis clínicos.
No hay duda sobre las maniobras para favorecer a alguna de las empresas participantes; el viernes fue aplazado por tercera ocasión el fallo de la licitación correspondiente. Lo ampliaron para el próximo viernes por detalles técnicos, igual que fallos similares en la compra de despensas para el DIF estatal (aquí mencionamos a la empresa ganadora una semana antes de la decisión), placas vehiculares y el de medicamentos ya citados.
Algunos observadores entrevistados por este columnista han dicho que la intención de Ávila es extender todos los plazos necesarios hasta encontrar la justificación para adjudicar directo la proveeduría a una empresa. Así ocurrió con el caso Egro.
Hemos sabido que intermediarios de DICIPA S.A de C.V han tenido reuniones personalmente con el secretario Ávila Valdez; alguna ocasión ellos solos, otra acompañados por el diputado panista Juan Blanco, que supuestamente buscaría en la proveedora apoyo económico para su campaña hacia el Senado de la República, el año entrante. DICIPA ya ha trabajado con el Gobierno estatal en el mismo renglón, en condiciones también de entrega directa. Las investigaciones correspondientes corren a cargo del “nuevo amanecer” pero ni una palabra han dicho de ellas. Fue denunciado por el corralismo durante la campaña electoral que Salud está entre los monumentos a la corrupción durante la administración estatal anterior pero ahora no ha surgido un solo dato oficial.
La licitación a la que nos referimos es la nacional electrónica número LA-908005999-E14-2017. Es “para la contratación del servicio integral de pruebas de laboratorio clínico para cubrir la necesidades de servicios de salud de Chihuahua y el Instituto Chihua-huense de Salud. Contempla los ejercicios fiscales 2017 al 2020.
Una primera señal de transa es que el ganador será un solo proveedor, mismo que por mil razones dejará de cumplir con el 20 al 40 por ciento de lo acordado y después vendrán adjudicaciones directas con costos tres o cuatro veces mayores.
La empresa ganadora deberá realizar entre casi 400 mil y 980 mil pruebas de química clínica, entre medio millón y millón 200 mil de inmunología, entre 330 mil y 820 mil de hematología; hasta 192 mil de uroanálisis, 90 mil de gasometría, 11 mil de microbiología, 160 mil de pruebas especiales, etc., totales de entre cuatro millones 100 mil y 10 millones y medio de pruebas distintas. El cálculo más conservador de ese costo ronda los 400 millones de pesos por año, según fuentes que participaron en concursos de años pasados.
Para esta licitación se inscribieron inicialmente más de 12 empresas. En la carrera final sólo han quedado cuatro, Instrumentos y Equipos Falcon, Centrum Promotora, Integradora de Soluciones para el Cuidado de la Salud DICIPA, así como Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, todas con grandes corporativos en las principales ciudades del país. Los desplazados no pudieron conseguir las cartas de respaldo de los proveedores de equipo, acaparados por unos cuantos.
La empresa promovida por Blanco (DICIPA) carga con acusaciones recurrentes por prácticas monopólicas en el Sector Salud, amafiada con Instrumentos y Equipos Falcon. Ambas son consideradas lo mismo para efectos de licitaciones en la materia por toda la República.
Específicamente DICIPA fue objeto de observaciones y amonestaciones desde el 2013 por incumplimiento en el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, debido a equipos en mal estado, dañados y con más de un año sin reparación ni reposición como lo ordenaba el concurso respectivo. En el estado de Guerrero pasó lo mismo. Pudieron evitar sanciones mayores y quedar fuera del negocio. Es obvio cómo lo resolvieron.
El año pasado, la diputada federal por Morena, Aracely Damián González, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo exhortando a la Comisión de Competencia Económica a no extender más plazos de presentación de resultados sobre las prácticas monopólicas de empresas relacionadas con los laboratorios clínicos que se coluden para imponer condiciones de precio en ese mercado. Quedó en el archivo la propuesta.
En el jalón a la madeja encontramos también un boletín de prensa emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2016, donde dicha institución “tomó conocimiento de que potenciales proveedores se coludieron presuntamente para segmentar el mercado en una licitación que está en curso para la adquisición de servicios integrales de laboratorio y diagnóstico. De acuerdo con la denuncia, los concursantes se habrían asociado indebidamente para presentar propuestas técnicas y económicas en perjuicio del patrimonio del IMSS”. El comunicado oficial surgió de una denuncia contra varias empresas, por “posibles” prácticas monopólicas. En todos los casos se repiten los nombres de Falcón y DICIPA. Son peces gordos en el mundo clínico-laboratorista nacional.
Igual que en todos los casos similares presentados durante la actual administración estatal –y por supuesto la anterior–, la Secretaría de Salud ha manejado esta licitación como secreto de Estado. Tiene amenazado al personal cercano a las licitaciones sobre la “filtración de la información”. La indignación es tanta hacia el interior mismo de Gobierno que buscan hacer públicas las irregularidades por cualquier vía y forma.
***
Apenas la semana pasada la secretaria de la Función Pública del mismo Gobierno estatal, Stefany Olmos, oficializó el inicio de una investigación hacia la Secretaría de Salud. Su titular, Ernesto Ávila Valdez, no enteró a su oficina de la adjudicación directa en medicinas por 80 millones de pesos a la empresa Egro, que ha resultado un fiasco para los usuarios del sistema estatal de salud. Medicamentos hasta dos mil veces más caros que en farmacias Similares y de patente. Consecuencias de la transa. Alguien debe pagar las diferencias enormes y no serán los funcionarios que entregan la proveeduría.
La oficina de Olmos fue ignorada por completo en ese concurso a pesar que por ley debe ser notificada y participar en los procesos correspondientes; en este caso para revisar condiciones de mercado y calidad del servicio.
Egro ni siquiera era farmacia. Instaló en el fraccionamiento San Felipe de la ciudad de Chihuahua una especie de taniche a donde acuden los trabajadores a surtir sus recetas generadas por los distintos hospitales públicos o privados que prestan servicios al Estado. Con frecuencia no encuentran ahí las medicinas buscadas... ni caras.
En las indagatorias que lleva a cabo la funcionaria estatal podrá encontrar explicaciones a una entrega así de sencilla: las relaciones y parentescos políticos entre Ávila y el exgobernador panista, Francisco Barrio Terrazas –su consuegro y padrino del gobernador Corral–, vías por las que Ernesto sigue haciendo chilar y huerto con los dineros públicos. Esperemos conozcan los chihuahuenses los resultados de esa pesquisa.
El caso de los 400 millones de pesos en juego para los análisis de laboratorio llevan idéntica facha. Los fallos correspondientes se han suspendido mañosamente, sin explicación pública alguna.
Según la convocatoria para el caso que nos ocupa, el resultado debió darse a conocer desde el nueve de agosto del presente año a las 12 horas a través del sistema electrónico de compras gubernamentales CompraNet, por tratarse de “una licitación 100 por ciento electrónica”.
El fin de semana fue aplazada la notificación siete días más, indudablemente para ganar tiempo y colocar el escenario a modo de los intereses del secretario de Salud, el diputado Blanco y la empresa que resulte ganadora. Ya lo hicieron una o más veces, qué más da los años restantes. Gallina que come huevo...