LA COLUMNA
de El Diario
Ni por oficio, ni por solidaridad, ni por nada, los representantes de las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos en esta frontera fueron para prestar oídos a la agresión comprobada de la que fue objeto la compañera periodista Itzel Ramírez por parte del gobernador del estado, Javier Corral Jurado.
El gobernador tuiteó que se trata de una “escalada de golpeteo” en su contra por parte de El Diario. Miente con frialdad patológica. Hubo testigos de los hechos. Al vocero Antonio Pinedo le pagan por repetir como perico las falsedades del gobernador, no para decir la verdad. Qué iba a saber del tema si el jueves lo pasó en la ciudad de Chihuahua concentrado en lo que es maestro, holgazanear.
A la gravedad en la conducta del mandatario se suma el mutis de las comisiones oficiales derechohumanistas, convertidas en una desgracia institucional.
“Es inadmisible, y habrá qué señalar a quienes son elementos que obstruyen el trabajo de los periodistas”, prometió hace meses en reunión con colegas el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles. Ahí tiene un caso.
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En la Fiscalía General del Estado Zona Norte ya no hayan a qué santo encomendarse o encender veladoras con el asunto de los brutales juniors que golpearon sin piedad en el Silver Fox al muchacho Sebastián Díaz Ponce. Casi murió. Le destrozaron varios huesos de la cara, costillas, etc.
Las poderosas e influyentes familias involucradas en aquellos hechos ocurridos a mediados de mayo quieren llegar a un arreglo económico para evitar siga interviniendo Asuntos Internos de la Fiscalía General estatal y el tema pase a pleno juicio.
Los mismos ministeriales que investigan el caso están convencidos que Sebastián era “amigo” de quienes le propinaron la salvaje tranquiza. Pelearon entre ellos por el maltrato del grupo a una muchacha amiga de Díaz. La borrachera fue proverbial.
En la Fiscalía quieren echar el guante a esos jóvenes: Oscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly, Sebastián Zapata, Diego Cantú, José Andrés Contreras y Adrián Beltrán. Son varios reportes que tienen de sus desmanes en antros, restaurantes y bares de la ciudad, abusando impunemente de su condición de influyentes. Sus papis patrocinan y protegen esa conductas. Están moviendo todos sus recursos para evitar que el caso se convierta en juicio.
La misma madre del joven agredido, hija del ex alcalde y actual regidor independiente, Carlos Ponce Torres, habría manifestado su deseo de “no hacer más grande” el escándalo pero a cambio de 30 mil dólares en “reparación” de gastos médicos. Su nombre lo omitimos por razones obvias.
Este eventual acuerdo entre particulares si no es bien manejado, podría dejar muy mal parada a la Fiscalía y a la propia Policía Municipal dirigida por Ricardo Realivázquez. Se hicieron los occisos la madrugada que sucedieron los hechos y también en días posteriores. De ahí la intervención de Asuntos Internos, donde empiezan a sospechar de arreglos bajo la mesa entre el fiscal norte, Jorge López Nava, y los influyentes empresarios, algunos de ellos ligados al mundo político.
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A propósito de este espinoso tema, el regidor Carlos Ponce ha aprovechado para impulsar, desde el Ayuntamiento, revisiones más puntuales a estos centros de diversión tan frecuentados por la juventud juarense.
Ante compañeros regidores y diversos funcionarios municipales, Ponce ha expuesto su temor de condiciones de alto riesgo e inseguridad en varios de estos establecimientos, principalmente en los ubicados en conocido corredor comercial de la Tomás Fernández.
El edil ha expresado su temor de que ocurran accidentes fatales en estos lugares, debido a fallas en las medidas de seguridad tales como barandales, bardas, escaleras y demás infraestructura que no cumple con las más mínimas medidas de seguridad.
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El dirigente estatal del Sindicato del Colegio de Bachilleres, José “Pepe” Acuña Peralta, no dejó lugar a dudas: la docena y media de empleados despedidos por participar en protestas contra la directora general, Teresa Ortuño Gurza, serían reinstalados en automático tras los acuerdos con el secretario de Educación, Pablo Cuarón, y operadores del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.
La notificación de Acuña a sus agremiados fue girada el miércoles, tras encerrona de seis horas con los funcionarios estatales. Por la tarde ya estaba conjurado el paro de labores general que iniciaría el jueves y se iría de frente hasta que los sindicalizados recibieran su dinero de prestaciones tomado ilegalmente por la dirección general y fuera despedida Ortuño.
Cuarón obligó a Ortuño y a Acuña a posar para la foto dándose la mano en señal de reconciliación.
Ayer nos llegaron informes inquietantes sobre ese supuesto acuerdo. Ninguno de los despedidos había sido llamado para la debida reinstalación a pesar que las clases arrancaron normalmente. Tampoco hubo inicio del proceso para la devolución del dinero sustraído ilegalmente a los trabajadores. Dijo el gobernador sobre el tema, Bachilleres arrastra un tremendo déficit.
Mínimo hay juego de dedo en la boca a los líderes sindicales. Aceptaron una sospechosa negociación donde la contraparte no cumplió con la misma diligencia su compromiso.
Durante la víspera, Acuña mostraba signos de cansancio y desgaste. El ímpetu y la firmeza desaparecieron el miércoles a pesar de las humillaciones y los numerosos golpes dados por Ortuño al personal sindicalizado. Él no quería huelga, a ella no le convenía la huelga porque vive horas extras como directora general.
Perdonó el dirigente sindical inclusive el cierre del plantel de Bachilleres en Valle de Zaragoza, donde 130 estudiantes quedaron fuera a pesar de haber pagado el semestre que inicia.
Más temprano que tarde nos quitaremos de especulaciones en todo ese asunto con tufo a enjuague mísero.
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No necesita tomar protesta como alcalde interino Rodolfo “El Güerito” Martínez Ortega, ya despacha como tal. Así se irá por toda la administración independiente mientras su jefe sea Armando Cabada.
El jueves fue visto por horas en el Great American “atendiendo los encargos” del alcalde, Alfredo “El Caballo” Lozoya, presidente municipal de Parral, y Armando Ríos Peter, senador independiente.
Los tres personajes no pasaron desapercibidos en Misiones por sus nacodesplantes de policías, guaruras y Suburbans blindadas. Se quedan cortos frente a ellos los operativos del Estado Mayor Presidencial que resguardan las actividades de Enrique Peña Nieto. A gran distancia podía ser identificado Lozoya por sus grandes lentes de blanco fosforescente copiados estilo “La Pelangocha”, aquella de Pompín Iglesias.
“El Güerito” presume la confianza que le tiene su jefe en asuntos como ese y en la operación administrativa general de la Presidencia Municipal. Se ha dicho que puede entrar al interinato apenas pida licencia Armando para buscar la reelección; no necesita, ya es alcalde.
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Donde aprietan no chorrea, dice la popular frase que suena corrientona sin serlo. Algunos diputados y diputadas se resistieron a “reorientar” 55 millones de pesos del presupuesto estatal para fortalecer mayoritariamente al Poder Judicial en Ciudad Juárez. Ayer debieron levantar la manita en favor por orden de Palacio de Gobierno.
Los legisladores se quisieron poner a las patadas porque en junio el gobernador, Javier Corral, giró instrucciones en Juárez a la presidenta del Congreso en esta frontera, Blanca Gámez, para conseguir dinero y dignificar las condiciones lamentables en las que trabajan aquí los jueces, entre otros aspectos urgentes. Debió Corral visitar las instalaciones judiciales para enterarse de la situación.
Al gobernador no le importan las formas pero eso no cambia la realidad aquí. Los diputados buscaron justificarse en ello para oponerse a la reorientación pero con una apretadita tuvieron... para bien, en este caso.
El presidente del Tribunal de Justicia, Julio César Jiménez, y varios de sus colaboradores hicieron también su trabajo. Se reunieron varias veces con los legisladores y con agrupaciones juarenses de abogados. No esperaron sentados a que Blanquita acatara la orden del jefe.
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Los más felices por la aprobación de la microrreforma electoral ayer en el Congreso del Estado que sepultará el año próximo a varios nanopartidos son Yuri Zapata y Manuel Ovalle. El primero presidente del Tribunal Estatal Electoral; el segundo asesor jurídico personal del señor gobernador, Javier Corral. Ambos trabajaron el dictamen aprobado ayer por el pleno.
Los diputados de Morena, Pedro Torres y Leticia Ortega, se pusieron en plena evidencia. Primero iban con el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social. Les jalaron las orejas desde México y debieron unirse a los nano que votaron en contra. Entre todos hicieron 10 votos por 23 a favor, sólo uno por encima de los necesarios para la aprobación.