Arturo Mendoza Díaz
Analista
Algo pasa en Juárez que desdice esa idea de que la violencia creciente se debe sólo a los cárteles de la droga. Por ello algo debe hacerse en el combate a la inseguridad.
La creencia de que todo era por las pugnas entre quienes se dedican al narcomenudeo nos daba una tranquilidad relativa, como la de Poncio Pilatos. Y es que, aparentemente, no nos concernía.
De ese modo nos sentíamos parte de una comunidad parroquial en la que, a pesar de desacuerdos lógicos y conflictos familiares, saldríamos adelante sin más problemas.
Empero las cosas no son así. Últimamente la violencia en casos de alto impacto muestra a Juárez como una jungla en la que sus habitantes están ante una descomposición social.
Al respecto, lo que dijo Édgar Hilario Chávez en la nota periodística de Luz del Carmen Sosa es estremecedor: “… por qué no buscamos un Juárez seguro… por qué no levantamos la mano y la voz para demandar una ciudad segura…”
A Édgar Hilario el 24 de julio le mataron un hijo de 24 años que, aparte de esposo y padre de familia, era empresario, estudiante de la UACJ, compositor, músico y miembro del coro de la iglesia de San Judas Tadeo.
Ahora este padre desconsolado, persona plena de humanitarismo a quien agobia el dolor, dice que no puede odiar al asesino de su hijo Bogar Hilario, y que lo perdona.
Otro hecho espeluznante fue el de la familia acribillada después de un incidente en el que a Aldo Fidencio Huerta, el tres de agosto, se le bajó a la fuerza de un camión de la línea Valle de Juárez.
Como venganza, el viernes cuatro, fueron atacados Luciano Macías Gómez y su hijo, Enrique Macías Esparza, que murieron, cuando llegaban a su domicilio junto con unos familiares, heridos seriamente.
Mención aparte merece lo sucedido donde era el autotel La Fuente, el Silver Fox. Ahí, al celebrarse un logro académico de la joven Arantxa Fuentes, Sebastián Díaz Ponce fue dañado bárbaramente por varios muchachos.
Sebastián no murió, por fortuna, pero los autores del desaguisado, Óscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Diego Cantú Peraldi, José Andrés Contreras Hayes y Adrián Beltrán González actuaron salvajemente.
En efecto, nada queda en la sociedad de cuando a lo sumo, ante una dificultad baladí, los encuentros eran en medio de una rueda, “a mano pelona”, aunque de cualquier modo había violencia.
Incluso los mafiosos, los “hombres de honor”, como se llamaban a sí mismos, tenían reglas: no se asesinaba a los inocentes, y el castigo infligido era proporcional al motivo que lo había ocasionado.
Sí, algo sucede ahora, cuando por un “quítame estas pajas”, y debido al alcohol o la emoción, con testaferros de por medio o validos de guaruras tratamos de destruir a nuestros semejantes.
Y no debemos cruzarnos de brazos. Necesariamente la coexistencia debe ser posible, aunque haya factores que no favorecen el laudable propósito de que haya seguridad pública.
Faltan policías, la impartición de justicia se ha estancado y, como efecto “holístico”, siendo parte del “todo” constituido por el estado de Chihuahua, Juárez es protagonista en el alto índice de muertes diarias.
Mas es bueno que haya un presupuesto mayor para la Fiscalía General del Estado en 2018, a fin de que tenga más posibilidades de procurar justicia para la ciudadanía, que es quien aporta los recursos para ello.
Pero, sin duda, más que represión o coacción institucionalizada, para afrontar situaciones como las descritas resulta mejor la prevención, si no se puede poner agentes en cada uno de los antros, ruteras y hogares.
Conviene más atender a los niños de la calle y a los jóvenes de Anapra así como de otros rumbos sensibles, a la vez que fomentar el deporte, las excursiones y los espectáculos formativos.
Esto, en tanto que en una cruzada social realizada en los hogares, los salones de clase y los templos se produce un esfuerzo que fortalezca el respeto a nuestros semejantes y la tolerancia.
Mientras tanto, aun si don Édgar Hilario Chávez, un hombre excepcional, perdonó al asesino de su hijo, de todos modos la Fiscalía debe hacer lo propio, y llevarlo a responder por su delito, al igual que en los demás casos.
De esto, es seguro que la opinión pública estatal se hallará pendiente, aunque hubiera intereses de cualquier índole que se opongan, puesto que todos somos iguales ante la ley.