Lourdes Almada Mireles
Analista
Durante los primeros días de agosto el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) anunció la creación de la Alianza por una Niñez sin Violencia. Un paso importante que necesita avanzar con acciones concretas, que se traduzcan en resultados tangibles de bienestar para niñas y niños y en una vida y un desarrollo libres de violencia.
La violencia en todas sus expresiones y de manera especial el maltrato infantil es una realidad en todo el mundo. Sin embargo, en México es un problema de grandes dimensiones, en el que las condiciones de riesgo en que se encuentran sectores amplios de la población infantil son sumamente graves.
Según datos presentados recientemente, entre los 33 países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), en 2015, México ocupó el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Por otra parte, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 63 por ciento de los niños son disciplinados violentamente, 44 por ciento con castigos físicos.
El maltrato infantil es un tema que se ha visto como un problema “de las familias”, colocado en el ámbito de lo privado. Esto se refleja en frases que se repiten de manera cotidiana, como “yo lo educo como yo quiero”, “o son mis hijos y yo sé lo que hago”, y también en la forma como se estigmatiza a las familias –sobre todo a las mujeres– ante problemáticas que en muchas ocasiones no están en condiciones de resolver. Los ejemplos más claros son los de mujeres acusadas por omisión de cuidados al dejar a sus hijos solos por salir a trabajar.
A pesar de los esfuerzos realizados durante muchos años por parte de organizaciones y redes en materia de derechos de infancia para posicionarle como un asunto público, falta mucho por hacer. Que ahora el SIPINNA lance esta Alianza por una Niñez sin Violencia es un paso importante en el reconocimiento del problema como un asunto público.
Como afirma Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo de dicho Sistema, es un problema que requiere ser atendido de manera intersectorial y que exige “abrir una relación distinta entre gobierno y sociedad, entre gobierno y familias”. Se han realizado acciones y se han brindado servicios para las familias, principalmente a través del DIF, pero no se ha generado una política para fortalecerlas. Esta nueva forma de relación entre gobierno y familias requiere acciones que mitiguen el estigma y la criminalización sobre ellas y fortalezcan sus recursos y capacidades para acompañar el desarrollo de los más pequeños.
Así, la Alianza tendrá que incluir acciones en dos sentidos. Por una parte, tendrá que impulsar un cambio cultural que nos lleve como sociedad a visualizar a los niños como sujetos de derechos, como personas completas, que sienten y piensan de manera distinta a nosotros, que tienen derecho a una vida libre de violencia. Esta línea habrá de promover la crianza positiva, a través del desarrollo de habilidades para la comunicación, el diálogo y la resolución de conflictos.
Por otra parte, las acciones tendrían que enfocarse en la generación de políticas públicas y programas sociales que fortalezcan a las familias y mitiguen los factores de riesgo. Está comprobado que elementos como la crisis económica, el estrés y las situaciones de violencia y duelo no elaborado, entre otros, son factores detonadores de diversas violencias y de manera particular, de violencia doméstica.
La política pública para el fortalecimiento de las familias tendría que incluir, por ejemplo en el caso de Juárez, la atención de situaciones como el hecho de que las mujeres trabajadoras duermen desde hace décadas, 4 horas al día. O la atención socioemocional de personas que han sufrido violencia o han tenido pérdidas de seres queridos y no encuentran la forma de elaborar la experiencia.
Hay mucho que hacer. La generación de la Alianza por una Niñez sin Violencia es un primer paso. Ojalá sea seguido por pasos subsecuentes que se concreten en políticas públicas y nos permitan empezar a ver otra realidad posible.