Javier Cuéllar
Abogado
Siendo nuestra frontera una comunidad muy necesitada de obras de infraestructura y equipamiento urbano es lamentable que 60 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se hayan prácticamente tirado a la basura con obras incompletas, actualmente vandalizadas o fantasmas, que nunca se realizaron aunque en los informes rendidos por las autoridades municipales del año 2015 se consignara fraudulentamente que sí se ejecutaron.
El Diario de Juárez ha informado que ese dinero es parte de un fondo gestionado por los legisladores federales de nuestra ciudad ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Se posicionó bajo el rubro de “Ramo 23” que a decir de algunos sólo sirve para engordar los bolsillos de algunos políticos que rinden cuentas falsas al Gobierno federal sin que ninguna instancia supervise la efectiva y correcta aplicación de esos dineros públicos. Bien lo dice Benjamín Franklin: “El queso del rey se desperdicia la mitad al pelarlo, porque está hecho con la leche del pueblo.”
Es criminal tanta indolencia en la desaparición de los dineros públicos destinados a nuestra frontera, mejor sería que no se mandaran porque para que se los roben, al menos no pueden presumir que gestionaron cosa alguna porque en este entendido ese cabildeo financiero tiene como objetivo el peculado. No entiendo la razón por la que el Gobierno federal no supervisa la aplicación y el buen uso de esos recursos y le deja a las autoridades municipales el manejo irrestricto de ese dinero prácticamente sin control alguno.
De acuerdo a lo asentado por el doctor Luis Pérez de Hacha “cuando se aborda el problema de la corrupción de funcionarios públicos, lo usual es hacerlo desde la perspectiva de las responsabilidades administrativas que proceden en su contra: amonestaciones públicas y privadas, multas, reparación de daños ocasionados al erario federal, inhabilitación para ejercer cargos públicos, etcétera.
Sin embargo, poco se dice de los delitos que ellos cometen.” Y en el presente caso es evidente que se han cometido uno o varios ilícitos que debieran ser perseguidos por las autoridades federales puesto que la malversación implica la ilegítima disposición de dineros del fisco federal y aquí la competencia es muy clara.
De acuerdo a la información periodística existen algunas obras que, no tan sólo no se hicieron ni mal, sino que descaradamente nunca se efectuaron; sin embargo de acuerdo a los informes rendidos a la autoridad hacendaria las supuestas obras sí se construyeron y se pagaron completitas. Eso aquí y en China se le llama fraude. Quienes manejaron esos dineros se los enchalecaron sin destinarlos al fin a que estaban etiquetados. ¿Quién o quienes supervisaron eso? ¡Pues esos tienen una responsabilidad!
Algunos critican al gobernador Javier Corral por su afán persecutorio contra el ex gobernador César Duarte y sus esbirros pero la verdad es que el único futuro que puede asegurarse a los ladrones es su persecución y en este caso esos sufridos millones del Ramo 23 deben ser recuperados para que verdaderamente se inviertan en las obras de infraestructura que urgentemente necesita nuestra ciudad.
Dejar impune esta malversación de esos dineros federales sería tanto como hacerse cómplice de estos malhechores. Las fuerzas sociales deben exigir con energía la investigación de estos desvíos y el castigo a los responsables porque bien nos dijo Victor Hugo: “La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer.”
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