Jorge Fernández Menéndez
Analista
La verdadera sorpresa del caso de la red de lavado de dinero encabezada por Raúl Flores Hernández, en la que participan dos hijos de Rafael Caro Quintero y en la que se involucra a Rafael Márquez y Julión Álvarez, es que Flores Hernández está detenido desde el 20 de julio pasado, de lo que se informó horas después de que se diera a conocer la existencia de esa red.
El dato es central porque el principal personaje, más allá del impacto mediático de Julión o Rafa, es el propio Raúl Flores y la pregunta es si éste, desde su detención el 20 de julio, proporcionó o no información a las autoridades de México y/o Estados Unidos, entre otras cosas, sobre dicha red. Que haya o no proporcionado información o que se hubiera o no obtenido información adicional sobre sus operaciones y socios será crucial para este caso.
Sin duda, sobre varios de los involucrados en esta historia habrá consecuencias no sólo en el ámbito económico y financiero, sino también penal. En el caso de Márquez, el capitán de la selección mostró tener un buen equipo de abogados detrás que lo llevaron, apenas horas después de que se diera a conocer la lista, a presentarse a declarar voluntariamente a la Procuraduría General de la República y, luego, tener una salida muy moderada y acotada en medios.
Por lo pronto, lo que hay que comprender es qué significa estar en la lista Kingpin del Departamento del Tesoro y cómo se diferencia ello de un proceso penal. Son dos mecanismos, dos caminos que pueden estar relacionados, pero son distintos. El Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC), realiza investigaciones sobre relaciones comerciales o financieras de personas o empresas con personajes designados como narcotraficantes o terroristas.
Este mecanismo surgió como parte del Plan Colombia, cuando se tenía la convicción de que numerosos empresarios, políticos, deportistas, gente del mundo del espectáculo no sólo tenía alguna relación personal o de amistad con personajes del narcotráfico, sino también una relación económica o financiera con esos grupos criminales y eran prestanombres o lavaban dinero para los cárteles. En muchas ocasiones, independientemente de que estuvieran bajo investigación, era difícil lograr que esas relaciones pudieran redundar en una condena judicial. Lo que se hizo, entonces, fue impulsar estos otros mecanismos desde el Departamento del Tesoro para poder imponer sanciones civiles por vías económicas, independientemente de que haya o no condenas penales.
Las resoluciones de la OFAC son autónomas y unilaterales. Tienen cuerpos de investigadores e instancias propias donde se toman estas decisiones, pero son diferentes y se mueven por criterios distintos a los de un juzgado penal. De todas formas, todos esos expedientes se trasladan al Departamento de Justicia, que realiza su propia investigación y decide si inicia o no una acción penal. Lo mismo sucede con las autoridades judiciales de México, en este u otros casos.
Algunos se han preguntado qué sucede si el Departamento del Tesoro se equivoca, si los incluidos en estas listas son inocentes. Puede ser. Hay ocasiones en que personas incluidas en esa lista han aclarado su situación y han salido de ella. Son pocas. Pero en todo caso salir de la lista Kingpin no es un proceso corto ni sencillo. Los bienes y cuentas de las personas señaladas en ella quedan congelados y, posteriormente, pueden ser regresados, si de alguna forma demuestran que sus negocios son legítimos o terminan siendo expropiados por las autoridades.
El problema para quienes están involucrados en estos procesos es, además, que, en los hechos, todas sus cuentas y bienes, no sólo los que pudieran tener en Estados Unidos, terminan congelados, sino también los que tienen en el país, ya que prácticamente todas las instituciones financieras y comerciales, de una u otra forma, terminan teniendo lazos con las de la Unión Americana y, según esa ley, se prohíbe cualquier tipo de relación con las personas o empresas que son señaladas. Se trata de una suerte de muerte civil, más allá de que tenga consecuencias penales.
¿Puede ser que este tipo de sanciones tengan intencionalidad política? Puede ser, pero eso no termina de ser, profundamente, subjetivo. En todo caso, son investigaciones que se prolongan en ocasiones por años y, como ya se ha dicho, la red de Flores Hernández tiene que haber comenzado antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. En general, este tipo de instituciones estadunidenses trabajan con un amplio margen de autonomía y si bien no son ajenas a las presiones políticas, no suelen “pedir permiso o línea” para actuar en este tipo de casos.
En este caso, Raúl Flores Hernández es el verdadero protagonista de esta trama. Por eso, saber cómo estuvo su detención, cuándo y dónde se produjo, si colabora o no con las autoridades de México o de Estados Unidos, se transforma en un punto clave de toda la investigación, decisivo para el futuro de los demás involucrados.