Sixto Duarte
Analista
A partir de la reforma político-electoral de 2014, se incluyó dentro de nuestro texto constitucional la figura de los “gobiernos de coalición”. En lo personal, siempre fui crítico de establecer esta figura en nuestro sistema. No somos un régimen parlamentario, ni siquiera un régimen semi-presidencialista, pero adoptamos una figura que regiría perfectamente en España o Reino Unido.
Según el texto constitucional, el Presidente puede optar o no por establecer un gobierno de coalición. En caso de optar por ello, los nombramientos de su gabinete (con excepción de aquellos vinculados las fuerzas armadas) deberán ser ratificados por el Senado. En consecuencia, y de la interpretación directa de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Constitución, si el Presidente no opta por un gobierno de coalición, nombrará libremente a los secretarios de Estado.
Es natural, que a estas alturas, el lector se pregunte: “¿Y para qué quiere pedir el Ejecutivo la ratificación de su gabinete si puede optar por no hacerlo?” La respuesta es simple: para tener un gobierno de coalición. Otra pregunta que surgiría a partir de esta respuesta sería: “¿Y para qué queremos un gobierno de coalición?”
Si bien la figura del gobierno de coalición está incluida en el texto constitucional, no existe legislación secundaria que la haga efectiva. De ahí el pronunciamiento de varios actores políticos sobre el tema en días recientes, como Beltrones y el mismo Javier Corral.
El interés de tener un gobierno de coalición estriba en el compromiso que ciertos partidos políticos representados en el Congreso acordarán una agenda legislativa común para impulsarse en una determinada legislatura. A cambio de ello, se les otorgarían a dichos partidos políticos posiciones en el gabinete federal.
Creo que esta figura no puede importarse de regímenes parlamentarios como se ha pretendido. En la Europa parlamentaria, los miembros del parlamento pertenecen a un partido político (en su mayoría). Los miembros de la coalición gobernante, además de ser miembros del parlamento, tienen posiciones en el gobierno. El Ministro de Educación, o de Transporte, son a su vez miembros del parlamento. Esto se da porque existe identidad entre un parlamentario, un partido, y una tarea en el gobierno. En nuestro país, los miembros del gabinete no pueden ser a su vez legisladores. ¿A quién va a sugerir un partido miembro de una coalición para integrar una cartera en el gobierno? ¿Se verificará su pertenencia a un padrón de militantes de un determinado partido?
Si bien en México, la mayoría de los integrantes de un gabinete son miembros del partido que gobierne en ese momento, no existe un vínculo directo (como en la Europa parlamentaria) que una al Secretario de Estado con un partido político. ¿Cómo se podrá cristalizar este precepto constitucional en caso de un gobierno de coalición?
Es importante decir que, el convenio de gobierno de coalición deberá ser aprobado por el Senado. ¿Cómo obligar a los legisladores miembros de los partidos integrantes de la coalición para votar en un sentido respetando la agenda legislativa? Esta pregunta surge dado que el convenio se suscribiría con los partidos políticos, no con los representantes populares.
En México ya hemos tenido “gobiernos de coalición” de facto. Un ejemplo es el nombramiento de un panista, Antonio Lozano Gracia, como procurador general de la República en la época de Zedillo. También la de un priista como secretario de Hacienda de Fox. Las concesiones que Calderón dio a Elba Esther Gordillo para contar con el respaldo del PANAL son de todos conocidas: Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, y Francisco Yáñez en Lotería Nacional, entre otros. El nombramiento de Rafael Pacchiano, miembro del PVEM como secretario de Medio Ambiente sería el caso del actual gobierno.
En estos dos últimos casos, es evidente que el partido que ha estado en el poder ha contado con la colaboración de los partidos referidos, en el Legislativo. Debemos promover una verdadera división de poderes, no una confusión de los mismos. Si el interés es fortalecer la figura del gobierno de coalición, promovamos una reforma de todo el sistema, sin tropicalizar instituciones. ¿O acaso el temor es precisamente que se ‘tropicalicen’?