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Cuidado Infantil: ¿proyecto productivo o programa social?

Lourdes Almada Mireles
Analista | Viernes 04 Agosto 2017 | 00:01:00 hrs

Impulsar el cuidado infantil con una perspectiva de negocio no es una novedad. Hace ya muchos años el Estado encontró en ello una manera de abaratar costos y deslindar responsabilidades. El IMSS, que inició su programa de guarderías como un programa directamente administrado y operado por la institución (las llamadas “ordinarias”), desde hace varias décadas cambió a la modalidad a la de guarderías “subrogadas”.

En estas últimas el IMSS proporciona la normatividad y los recursos para operar y la prestación del servicio es delegada a asociaciones civiles, quienes se hacen cargo también de la inversión inicial destinada a la construcción y/o adecuación del inmueble según indicaciones de la dependencia.

A pesar de la subrogación, el IMSS mantuvo la responsabilidad en la regulación y supervisión de los servicios y en la aportación de los recursos necesarios para garantizar los mínimos que exige, lo que permitió garantizar las condiciones para un cuidado infantil de calidad.

Por desgracia, pareciera haber una decisión tácita de desaparecer la única política pública consistente de cuidado infantil disminuyendo el ingreso por niño y aumentado las exigencias. Por obvias razones económicas el promedio de infantes por guardería subió de 95 en el año 2000 a 140 en 2015, a pesar de haberse documentado que no es bueno para los niños. Además, existe un proceso paulatino de extinción, pues entre 2009 y 2015 desaparecieron al menos 182 guarderías (1,434 guarderías en 2009, contra 1,252 en 2015).

En 2007, el Gobierno Federal lanzó el programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El enfoque fue, otra vez, el de ofrecer el cuidado infantil como un negocio. El gancho era ofrecer hasta 30 mil pesos “para abrir un negocio”. Una vez abierta la estancia infantil, dependiendo del estudio socioeconómico que se realizaba a la familia, esta podía recibir una “beca” hasta por 700 pesos para el cuidado de un niño de entre 1 y 3 años 11 meses. El resto (entre 800 y mil pesos más) era “corresponsabilidad” de los padres. La responsabilidad del Estado queda diluida y se carga sobre las encargadas de las estancias.

La Red por los Derechos de la Infancia en Juárez documentó hace varios años las razones por las que el cuidado infantil debe ser un programa social y no un programa “productivo”. El argumento principal es que no es viable en las zonas de pobreza. Los Centros de Bienestar Infantil del Municipio, creados bajo un esquema similar, tampoco han podido entrar en las zonas más pobres.

El actual gobierno del Estado ha enfocado y destinado la inversión de recursos en el tema de cuidado infantil. Es digno de reconocer, como lo hemos hecho antes, que se trata de una inversión sin precedentes que muestra una intención clara de atender (al menos iniciar) el gran rezago en la materia que vive Ciudad Juárez.

Ojalá en esta ocasión se genere realmente una política social, desde la que el Estado asume la responsabilidad por el cuidado de los más pequeños, genera los mecanismos y recursos para garantizar el cuidado infantil de calidad y “blinda” a las organizaciones y/o personas que coadyuven en la operación de servicios.

Hacerlo como ya se hizo, exigiendo a las personas u organizaciones que asuman toda la responsabilidad y que lo hagan desde un esquema de empresa y exigiendo a las familias pagos por los servicios que no están en condiciones de hacer, es repetir fracasos anteriores. Es además contravenir la esencia de las instituciones de desarrollo social, al alimentar la desigualdad y condenar nuevamente a las familias más empobrecidas de la ciudad a no acceder a servicios de calidad.

En Juárez hay organizaciones con amplia experiencia en desarrollo de programas de cuidado infantil, que ya probaron lo que funciona y lo que no, que saben qué se necesita para garantizar la viabilidad en las zonas de pobreza. Ojalá este gobierno, que se presentó con esas credenciales, genere programas y políticas sociales con participación de la sociedad civil.

Cargar la responsabilidad sobre las organizaciones y más aún, sobre las personas –principalmente mujeres– que asumen la operación de algún centro de cuidado infantil es más de lo mismo. Volver a inventar el hilo negro es condenarnos a repetir los mismos errores.

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