Luis Javier Valero Flores/
Analista
La designación –que eso representa el registro único de Omar Bazán como candidato a la presidencia estatal– del nuevo dirigente del PRI, ha develado varios de los aspectos, cualidades y defectos de este partido que lo han llevado a la actual condición, preocupante para la mayoría de sus integrantes, cuyos liderazgos y nuevos dirigentes no han alcanzado a comprender a cabalidad lo ocurrido en la sociedad chihuahuense, en el último trienio del gobierno de César Duarte y en el proceso electoral del 2016.
Es de una profundidad no comprendida suficientemente por quienes condujeron el relevo de su dirigencia.
Vamos, no lo comprendieron luego de la elección. Era entendible y desde luego injustificable, cuando decidieron impugnar el triunfo de Javier Corral, llegando a extremos hilarantes, como cuando dijeron que en un helicóptero habían traído decenas de paquetes de boletas electorales con las cuales habrían cambiado el sentido de la elección, o que se habían cometido miles de errores en el cómputo de la elección, llegando al extremo de solicitar la anulación de la misma.
Hoy está más que clara aquella pretensión, lo realizado a lo largo del sexenio anterior les exigía impedir, a como diera lugar, la llegada de Corral y sus compañeros al gobierno de Chihuahua.
En esas condiciones, y dadas las dimensiones del desastre político-electoral del PRI, lo lógico era esperar la renuncia de sus dirigentes y el retiro estratégico de quienes habían conformado el grupo gobernante de Chihuahua.
Nada de ello ocurrió, al contrario, con el registro de Omar Bazán como candidato único a la presidencia, acompañado de Georgina Zapata (la hija del sempiterno dirigente de la CTM, apoyo fidelísimo de todos los gobernadores priistas chihuahuenses, con un papel más que protagónico en el desastre del Vive Bus), el PRI ofreció a la sociedad chihuahuense todo un compendio de lo que han sido siempre, sus modos, prácticas y militantes.
Cuando parecía que, por un momento, cambiarían sus métodos de elección –exigido en todos los medios y tonos por diferentes liderazgos– en el intento de desterrar el clásico dedazo, con sus consecuentes “cargadas”, los sectores “oficialistas” al interior fueron construyendo la candidatura de Bazán y reprodujeron todos los esquemas del pasado.
Al citar esos esquemas, es que así fue. Poco a poco los “insurrectos” (con varios destacados priistas, entre ellos, Marco Adán Quezada, Alejandro Domínguez, Heliodoro Araiza, Eloy García Tarín, Miguel Ángel González, y otros) fueron dejando de lado sus exigencias democratizadoras, que incluyeron hasta la pretensión de registrar una segunda planilla para la integración del Consejo Estatal, por fuera de la “oficialista”, ésta última presentada, entre otros, por Leonel de la Rosa, uno de los hombres más ligados a Duarte.
Duró poco la efervescencia democratizadora, al grado de allanarse finalmente a la planilla única y justificarse con el hecho, dijeron, que se había obtenido un triunfo a medias pues en el seno de ese órgano dirigente se había aprobado que fueran los consejeros municipales, estatales y nacionales quienes eligieran al nuevo dirigente.
Y, luego, la aparición de Bazán y la “Bufalada”, término puesto de moda entre los priistas en las décadas de los 70’s y 80’s, para referirse a la “cargada”, esto es, el apoyo incondicional, casi unánime, de los priistas al candidato único que el PRI presentaba en cada proceso comicial, constitucional o interno; ése era el bueno, y lo era porque lo había designado el “primer priista”, en el estado o en el país.
La convocatoria a la elección de presidente y los estatutos del PRI dicen que los dirigentes de los sectores y organizaciones de ese partido deberán ser imparciales en los procesos internos, que no deberán apoyar a candidato alguno, pero en el curso de los últimos días lo menos existente en el PRI fue eso, prácticamente todos los dirigentes de esas estructuras le expresaron su apoyo a Omar Bazán, con la correspondiente crítica de quienes habían expresado su intención de participar.
Más aún, las regulaciones priistas existentes están hechas para las candidaturas únicas, no hay margen para la competencia interna, por ello las elevadas cuotas de apoyos de la estructura del partido, o de militantes para quienes aspiren a competir. Prácticamente solo quienes tengan el control de ellas pueden colmar los requisitos de la convocatoria pues los sectores y militantes sólo le pueden otorgar el apoyo, para que se registren los aspirantes, a una sola fórmula.
Y eso, sin contar con las numerosas presiones a los aspirantes y militantes para que, aquellos, desistan de sus propósitos, y éstos, no apoyen a los “insurrectos”.
Lo sucedido entre el miércoles y el viernes anterior es una verdadera tragicomedia.
Miguel González anunció escuetamente que se retiraba. Pablo Espinoza anunció la impugnación de los términos de la convocatoria y Lilia Merodio –en fórmula con Fermín Ordóñez– anunciaba que presentaría su solicitud de licencia el martes.
Ese día, luego de innumerables confusas informaciones, entre las que incluyeron que el Senado le había negado la licencia, Merodio retiró la solicitud, “acompañada” del líder de los senadores –Emilio Gamboa Patrón–, en virtud de la falta de “condiciones democráticas para competir”.
Es decir, ¿la convenció Gamboa Patrón de desistirse, porque “la necesitan” en el Senado?
Nuevamente, el ex secretario particular de Miguel de la Madrid, hombre cercano a Salinas de Gortari, influyendo decisivamente en el PRI chihuahuense.
El colmo, en la mañana del viernes anterior, a minutos del plazo de registro (por cierto, que contemplaba sólo dos horas para hacerlo) tanto Ordóñez, como Espinoza, anunciaron su retiro de la contienda y el primero expresó su apoyo a Bazán.
Si tal desarrollo del relevo de la dirigencia se celebrara en el pasado, no sorprendería. El problema para el PRI, ni siquiera es la falta de unidad. A contrapelo de lo expresado, en distintos momentos, por Omar Bazán, Lilia Merodio, Pablo Espinoza o Fermín Ordóñez; no, su problema es la relación con la sociedad chihuahuense, cuya mayoría identifica a este partido con la corrupción generada por la anterior administración, ante la cual el tricolor y su nuevo dirigente (por lo menos hasta ahora) no han señalado como el factor principal de su histórica derrota.
Y al no hacerlo, en medio del agudo desprestigio del gobierno de Peña Nieto, sumido, a su vez, en una oleada de corruptelas, agrandan la distancia entre el PRI y la sociedad.
De ahí la importancia de los acuerdos que generaron el “consenso” a favor de Bazán. Dejaron intactos a quienes ocuparon cargos destacadísimos en el equipo de Duarte y que se pavonearon, orgullosos de firmar el apoyo para el registro del cuasi dirigente y éste, además, los presume en las redes sociales.
Temerosos de abrir un proceso electoral a la militancia, que le hubiese permitido al PRI y a sus liderazgos acercarse nuevamente a las bases, a la sociedad, debatir de frente a ésta y con ello ajustar cuentas con su pasado reciente, al tiempo de alzarse como el partido más importante de la oposición, dejaron que fueran los liderazgos de ese pasado los que aparecieran como los más representativos del priismo chihuahuense, cosa que encuentra en el Congreso del Estado el caso más representativo, pues quien ocupara importantísimos puestos al lado de Duarte, incluida la dirigencia partidista, es hoy la lideresa de la bancada y deberá enfrentar, a partir de octubre del 2018, el mismo proceso que enfrenta Duarte en el ámbito federal.
¿Y si el PRI pierde la elección presidencial? ¿Se imaginaron ese escenario, quienes construyeron, a rajatabla, el consenso de hoy, sin hacer la más adecuada de las lecturas de lo que les ocurrió el 5 de junio del 2016?
No podremos saber que hubiese ocurrido de haber actuado de manera distinta, pero lo cierto es que estarían en mejor disposición para afrontar -y obtener ventajas políticas- de los indudables yerros del gobierno del amanecer, que los comete casi sin interrupción y hace que sus logros palidezcan.
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Nadie puede discutir los indudables méritos y las invaluables aportaciones del presbítero Javier (El Pato) Ávila a la sociedad chihuahuense, en particular, citando a Corral, a los que menos tienen, menos saben y menos pueden.
El Pato Ávila es un referente nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos, particularmente de los rarámuris y de las etnias de Chihuahua; por ello, siendo un capital social tan valioso, debió cuidársele. Los gobernantes también están obligados a ello, los liderazgos sociales son de los más importantes capitales de la sociedad y son muy difíciles de construir.
No hay duda que está impedido para actuar como funcionario público, el cargo de integrante de la Comisión de Atención a Víctimas, así sea sin paga (que, por otra parte, es una ilegalidad pues si desempeña una función pública deberá recibir una retribución), le otorga tal carácter y eso dicen los ordenamientos jurídicos que juró preservar en sesión del Congreso del Estado, cuando aceptó el nombramiento.
¿Que en el pasado desempeñó cargos en la Comisión de Derechos Humanos y nadie lo impugnó? Sí, pero igualmente estaba mal.
La mayoría de los votantes lo hizo por Javier Corral para que no se violaran las leyes, entre otras cosas, como en el pasado.
Nada más, pero nada menos.
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