Lourdes Almada Mireles/
Analista
El pasado lunes, el Subsecretario de Desarrollo Social de la Frontera, Hugo Almada –mi hermano–, dejó su cargo después de una fuerte campaña de desprestigio en la que sin pruebas se le acusó de desviar 30 millones de pesos. A pesar de las aclaraciones, los medios que dieron amplia difusión a tal información omitieron después publicar las aclaraciones realizadas.
A pesar de que las decisiones se validan en Chihuahua y los recursos se manejan de manera centralizada desde la capital, la Secretaría ha guardado silencio. Y puede entenderse –jamás aceptarse– que ante una situación de conflicto –mala interlocución dijo el gobernador– entre ambos funcionarios, el de mayor jerarquía haya dejado correr y crecer la información como una forma de hacer presión para que el subsecretario presentara su renuncia.
Si desde una forma de hacer política esas prácticas pueden entenderse como parte del juego político, es incomprensible que tratándose de un gobierno que ha planteado como parte de su estrategia la alianza con organizaciones de sociedad civil, hayan hasta la fecha guardado silencio frente a la calumnia vertida y repetida durante varios días por algunas personas y medios de comunicación contra la red “Tira Paro”.
Resulta inadmisible que teniendo la información para hacer las aclaraciones pertinentes y sabiendo que la red Tira Paro no ha recibido un solo centavo de los millones que se le adjudican, hayan guardado silencio y así favorecido un linchamiento mediático para personas y organizaciones con décadas de trabajo comprometido con los más empobrecidos de nuestra ciudad, de manera especial con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Es un deber ético de las autoridades correspondientes hacer las aclaraciones pertinentes y deslindar responsabilidades.
Por primera vez en la historia, en buena medida por la labor de cabildeo que se realizó en Juárez y en Chihuahua, se logró que se etiquetara un presupuesto especial de 100 millones de pesos para el desarrollo de un plan de acción social, los que a la postre se han convertido en la manzana de la discordia. Por primera vez se dio un paso importante en empezar a tratar a Juárez con mayor justicia. El anuncio de tal inversión desató la presión sobre la subsecretaría en lo relacionado a la distribución de los fondos y, desgraciadamente, no sobre el diseño y la generación de programas y políticas de mayor alcance.
Tales hechos generan suspicacia sobre las razones por las que el subsecretario no tenía todavía un mes en funciones cuando ya estas organizaciones estaban impugnando su gestión. No habían recibido un peso en la ciudad cuando ya había denuncias en la Secretaría de la Función Pública señalando desvío de recursos. Es una lástima que teniendo una ciudad tan lastimada y con altos niveles de abandono social, se gasten tantas energías en atacar y destruir y se invierta tan poco en construir y generar formas distintas de participación y relación entre gobierno y sociedad.
Ojalá estos sucesos se conviertan en una oportunidad para aprender y seguir empujando la justicia social –que incluye por supuesto una cultura democrática– de manera que si se inculpa a alguien sea con la información y las pruebas para hacerlo. Si bien entiendo su aspecto político, no entiendo ni acepto el linchamiento mediático y la difusión de la mentira como estrategias éticas, mucho menos de parte de quienes nos posicionamos en una perspectiva democrática y añoramos un sistema más transparente y una cultura política de respeto a los derechos.
De manera especial invito a quienes se identifican con la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas a presentar las quejas que consideren necesarias en las instancias correspondientes y presenten las evidencias para probar aquello de lo que se inculpa a Hugo, es decir, que se proceda conforme a derecho. Hacerlo en los medios, sin evidencia suficiente, genera suspicacia sobre los intereses reales.
Si queremos realmente construir una nueva cultura política, es menester seguir el debido proceso y mostrar las pruebas en las instancias correspondientes, evitando repetir los viejos estilos en los que primero se hace un linchamiento y se difunde la “culpabilidad” de las personas y después, sólo probablemente, se siga un procedimiento. Si defendemos derechos, nuestro compromiso mínimo habrá de ser actuar en consecuencia.
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