Luis Javier Valero Flores/
Analista
Lo dicho: ¡cuán difícil trabajo el de criticar los hechos de la función pública en Chihuahua sin caer en el riesgo de ser calificado de parcial!
Los hechos son tercos y habrán de analizarse lo más fríamente posible.
Y vaya que es necesario pues los acontecimientos son rafagueantes, de tal modo que pierden vigencia de un momento a otro.
La sucesión en la dirigencia estatal del PRI, aunque aparentemente no tiene puntos de contacto con uno de los temas centrales del momento –y seguramente del futuro de Chihuahua al corto y mediano plazo–, la deuda directa, al paso de los días se entrecruzará indefectiblemente.
Sin el menor rubor, la mayor parte de los dirigentes y militantes destacados del PRI, ausentes del tema durante todo el sexenio anterior (en “sueños” se les podría decir, en términos masónicos) , no porque estuvieran físicamente fuera de la entidad, sino porque ante el crecimiento desmesurado del endeudamiento –y la opacidad en el manejo de tan millonarios ingresos– callaron y, ahora, ante la prácticamente única maniobra posible a la mano del gobierno de Javier Corral en esa materia, socarronamente se oponen y callan, en el Congreso del estado, acerca de las consecuencias de sus acciones, en las que van acompañados, como casi todo el sexenio anterior, de sus aliados en las elecciones del 2010 y 2013, el PANAL, el Verde Ecologista y el PRI.
Conforme a las nuevas regulaciones, ahora, todas las operaciones que impliquen la adquisición de compromisos financieros de las entidades y los municipios (en el caso de éstos últimos, que vayan más allá del ejercicio vigente) deberán ser aprobadas por la mayoría calificada de los diputados presentes en la sesión.
Merced a la falta de una verdadera operación de cabildeo con los legisladores, y no solamente con los de la oposición, también con los del blanquiazul, el gobierno de Javier Corral llegó a la sesión extraordinaria del Congreso del lunes anterior sin los votos necesarios para aprobar la reestructuración de la deuda directa, hasta por 21 mil millones de pesos, es decir, el total de la deuda garantizada por las participaciones federales, la absoluta mayoría de ella obtenida y gastada en el sexenio de César Duarte y que, de acuerdo con la nueva legislación, hace imposible la contratación-adquisición de más deuda.
Los legisladores y dirigentes del PRI lo saben de sobra, pero en ninguna de sus declaraciones o actuaciones en el Congreso del Estado hacen referencia a ello.
Estamos endeudados hasta el límite y el responsable de ello es quien, todavía a estas alturas de la vida política de Chihuahua, sigue siendo el eje conductor de muchos protagonistas –los que fueron de su equipo y otros que no lo fueron– que hoy aparecen en los actos en los que Omar Bazán recibe su respaldo para dirigir el PRI de Chihuahua y que, en retribución, se niega a emitir, así fuera tímida, una crítica a lo que sucedió en Chihuahua del 2010 al 2016.
Así, impedida la actual administración a contratar más deuda directa, la única opción es la de reestructurar la existente –en medio de variables adversas, entre ellas el alza de las tasas de interés– con el objeto de negociar una disminución, tanto en las tasas de interés, como en los plazos crediticios, con lo que podrían ahorrar algunos cientos de millones de pesos en el pago de los intereses y el capital.
Pero no cabildearon, ni suficiente, ni adecuadamente y al llegar a la sesión extraordinaria se enfrentaron a una terrible posibilidad, si el dictamen se discutía y al no contar con mayoría calificada, entonces el tema, así como está propuesto, no se podría discutir sino hasta transcurrido ¡Un año!
Enviado el diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo, a hacer el trabajo sucio de la primera minoría en el Congreso, la del PAN, propuso que ese tema fuera “bajado” de la discusión y no se incluyera en el orden del día –luego de que, obviamente, ya se había agendado–. Encontró el rechazo de la troika del PRI-PANAL-PVEM-PRD, la abstención de Morena y el no voto del PT, en la persona de Rubén Aguilar.
Ávidas, las diputadas priistas intentaron por todos los medios que se mantuviera en el orden del día. Luego, en los comunicados de prensa de esta fracción, callaron que el objetivo de su maniobra legislativa era precisamente eso, el de hacer, a como diera lugar, que ese tema se agotara y ya no se pudiera discutir en el curso del próximo año e impedirle al gobierno de Corral la posibilidad de reestructurar la deuda.
¿Es necesario efectuar tal operación financiera? Claramente, sí; no hay, ni siquiera, motivo de discusión en términos reales.
Si un nuevo gobierno se encuentra en estas condiciones financieras, lo menos que se le puede conceder es que pueda intentar algunas maniobras para disminuir la carga de la deuda y, ya con los antecedentes de lo ocurrido en el sexenio anterior, imponer una serie de candados que impidan elevar los compromisos financieros del estado, como, por ejemplo, llevar el plazo más allá de lo ahora contratado y vigente, descontando, de antemano, que no se buscarían tasas más altas.
Y se discutirían los candados necesarios para incluir las prevenciones que la oposición –la que actuara de manera racional– propusiera, como, por ejemplo, la de garantizar que el pago de la deuda se programara de manera continua y uniforme y no, como aseveran los diputados de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres, que se lograrían ahorros solamente en el curso del gobierno actual.
Pero tal parece que no hay una correcta lectura en el seno del gobierno de Chihuahua de lo que sucede y del modo en que deberán actuar para obtener la mayoría calificada en el Congreso en este tema.
Coordinados aparentemente, los dos funcionarios más altos del gobierno, César Jáuregui y Javier Corral, lanzan críticas declaraciones, en lugar de callarse y convencer en lo corto a los diputados de los partidos que en el pasado reciente eran los aliados de Duarte.
“Queremos razones, no pretextos”, lanzó Jáuregui Robles, en tanto que el director general de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández Herrera, casi los convierte (a los diputados que no están de acuerdo en la reestructuración) en enemigos de Chihuahua y de causar un enorme daño a sus habitantes pues afirmó que por no aprobarla ”se pierden recursos de entre 700 mil y un millón de pesos diarios, que equivalen a construir un puente cada tercer día”. (Nota de El Diario, 10/07/17).
Más avezado, Jáuregui lanzó un reto-propuesta hasta ahora no recogida por nadie: “Se puede disfrazar de muchas maneras una voluntad, y cuando no se quiere actuar, se puede echar la culpa a los demás. Lo importante sería conocer sus razones, por las cuales no la quieren. Nosotros defendemos las razones y estamos dispuestos a dar la cara en el patio de Palacio, ante la sociedad, en la plaza, pero queremos razones, no pretextos”. (Ibídem).
Y se equivocó Fernández Herrera al aseverar que no se requería la aprobación del legislativo pues la reestructuración, dijo, no aumentaba ni los plazos, ni las tasas a pagar.
A su vez, el gobernador Corral adujo que no “conocía” argumento alguno de los diputados para no aprobar la reestructuración y los llamó a actuar con “responsabilidad y lealtad a Chihuahua al momento de tener que someter a votación la reestructuración de la deuda y la iniciativa para aprobar el sistema estatal anticorrupción”.
Claro que soltar esas frases no ayuda a la negociación a la que están obligados, y lo están por una razón, porque no son mayoría calificada, porque el voto de los chihuahuenses, hartos del régimen duartista, no les concedió ese status y, por lo tanto, están obligados a negociar, a cabildear, a convencer, a mostrar hechos reales, a modificar su conducta para con el Poder Legislativo.
Lo deben hacer pues el momento por el que pasan, ellos, y el total de los chihuahuenses, es de verdadero espanto; los enfrentamientos en Las Varas, la oleada homicida en la capital del estado, en Juárez y en otras latitudes, así como la aparición de un fenómeno no conocido, el del robo de vehículos en las carreteras, del mismo modo en que se presentó durante años en el tramo Cuencamé-Fresnillo, de la carretera Torreón-Zacatecas, debieran obligarlos a actuar de otro modo, con mayor apertura y con menos beligerancia.
Y si estaban preocupados por su principal adversario, el PRI, deberían dejar de hacerlo, lo que ahora ocurre en ese partido es la tragicomedia anunciada.
No pueden actuar de otro modo los “dirigentes” de sus sectores y organizaciones, colocados en esos puestos por el exgobernador Duarte.
Poseedores emblemáticos de la cultura priista, al momento en que les dijeron, o intuyeron, o sospecharon, o escucharon, –qué sé yo– actuaron como siempre han hecho.
La “cargada” a favor de Omar Bazán está en marcha, los términos de la convocatoria ya la sabían todos, está hecha para que se registre solamente un candidato; no habrá contienda, ni los consejeros municipales o estatales, ni los integrantes de las estructuras priistas, le darán su apoyo a algún otro aspirante para que se registre, que no sea Bazán.
Así están redactados los estatutos del PRI, para el ungimiento del candidato de “unidad”.
¿Con eso resolverán sus problemas con la sociedad chihuahuense? Evidentemente, no.
No hay, en ese partido, ni en sus potenciales nuevos dirigentes, el menor asomo de autocrítica, ni la menor intención de someter a los órganos disciplinarios del PRI a quien les causó el mayor de los daños: César Duarte.
Menudo problema tienen.
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