Sixto duarte
Analista
Si usted es una de las tres o cuatro personas que me favorecen con leerme cada semana, probablemente habrá notado que de manera reiterada he citado el libro “1984” de George Orwell. No es porque sea el único libro que haya leído; considero tener arraigado el hábito de la lectura.
El citar a Orwell en ese contexto obedece precisamente a que en 1948 (cuando este libro fue escrito), el escritor británico presagió cómo sería la relación del ciudadano con su gobierno en 1984 (36 años después). En la novela distópica, Winston Smith, igual que todos los ciudadanos de ese estado, es espiado en todo momento por el gobierno y el partido en el poder, representado por el “Big Brother”.
El ciudadano no tiene privacidad, pues todas sus conversaciones son espiadas. Las órdenes del gobierno le son transmitidas a través de una “telepantalla”, mismo medio que tiene una función de dos vías, pues el gobierno lo utiliza también para espiar al ciudadano. Es tal el control que ejerce el gobierno sobre la sociedad, que termina eliminando la individualidad, convirtiendo al ciudadano en una pieza más de la enorme máquina llamada Estado. Orwell se adelantó a su época, pues parece que describía una sociedad de nuestros años. Usurpando una frase cuyo origen no recuerdo; puedo decir que no sé si éste es mi libro favorito, pero sé que es mi historia más querida.
Los órganos de inteligencia llevan a cabo una función primordial para la seguridad del Estado. Reportes de inteligencia revelados al paso de los años consignan que el gobierno americano tenía advertencias sobre la posibilidad de un enorme ataque terrorista, en las semanas previas a los ataques del 9/11. De haber atendido dichas sugerencias, el curso de la historia hubiera sido distinto. De igual manera, las fuerzas del orden han frustrado empresas criminales gracias a las labores de espionaje que muchos gobiernos han implementado.
Lo que quiero decir es que el espionaje per se no es malo. Todo depende hacia quien se dirija. En la batalla contra el terrorismo, parece ser que todo se vale, por tanto, el espionaje parecería justificable. Sin embargo, cuando el espionaje se dirige a otros objetivos, se camina en una línea muy tenue entre lo que es legal y lo que es ilegal. El riesgo de autorizar el espionaje por la mera sospecha de cualquier conducta delictiva, nos hace reflexionar sobre la frase acuñada por Benjamín Franklin que dice que “quien renuncia a su libertad por obtener seguridad, no merece ni una ni otra”.
El marco jurídico vigente faculta al juez federal a emitir autorizaciones para intervenir comunicaciones. Igualmente, el intervenir comunicaciones sin la autorización judicial referida es un delito. Desde otra perspectiva, es inadmisible que los aparatos de inteligencia se utilicen con fines políticos.
Lo anterior surge derivado de la nota del New York Times donde se dice que el gobierno mexicano espía a activistas y periodistas. Lo sorprendente para mí es que esto sea precisamente una sorpresa. El mismo gremio periodístico ha dado difusión, por años, a conversaciones telefónicas privadas. No se pueden decir ahora sorprendidos. Todos recordamos la conversación telefónica sostenida entre Kamel Nacif y el famoso “Gober Precioso”. La falta no es más grave porque se cometa en contra de un periodista o en contra de un político. En un ejercicio de congruencia, periodistas y sociedad debemos de condenar esta práctica, no nada más cuando es en contra de periodistas, sino en aquellos casos en que sea contra la ley.
En el ámbito local, el gobernador dice que siente que lo escuchan. Por otro lado, el fiscal Peniche dice que no es práctica de la Fiscalía escuchar conversaciones privadas. Esto es tan falso como la promesa de la universidad gratuita de la campaña de Corral. Se sabe con certeza que la Fiscalía interviene comunicaciones privadas, en su mayoría de objetivos políticos (de hecho, ahora todos los objetivos de la Fiscalía son políticos). Si quienes instrumentan esta medida, tienen autorización del juez federal, han cumplido la ley. Pero si llevan a cabo esa intervención violando la ley, corren un enorme riesgo de pasar de cazador a presa por violar la ley federal y también ser llevados ante la justicia.