Sergio Pacheco González
Analista
En las últimas semanas, tres aspectos han llamado la atención en la localidad: las pérdidas de vidas a consecuencia de incidentes viales, el anunciado decomiso de vehículos internados de manera irregular y los límites en el uso de polarizado en los automóviles y vehículos oficiales. Podría agregarse la discusión en torno a los operativos para la identificación y detención, en el Centro de Recuperación Cívica Total (mal llamado Ceresito), de personas que conducen vehículos tras haber consumido alcohol. Al respecto, usualmente cuando se trata de abordar la problemática de la seguridad vial, tres elementos son primordiales: vehículos, personas y medio ambiente (físico y socioeconómico).
Con respecto al primero, no es posible realizar una argumentación sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas y geográficas. Tenemos un parque vehicular estimado en al menos un vehículo por cada tres habitantes, estimulado por la condición de frontera y el acceso a vehículos de segundo y más usos en el país vecino, así como por la expansión de la mancha urbana y las deficiencias del servicio de transporte público de pasajeros.
La problemática se vuelve más compleja cuando se establecen límites legales/formales para la importación de vehículos y más aún cuando los sucesivos programas de regularización resultan insuficientes al mantenerse las condiciones que originaron su introducción.
Habría que agregar a quienes se beneficiaron introduciendo masivamente vehículos para su comercialización y no para el uso personal/familiar. Se distingue así, entre importar e introducir, entre cumplir con los trámites establecidos y hacer caso omiso de los mismos. Aquí es donde se vinculan personas y condiciones socioeconómicas: prácticas y conductas legales e ilegales, marco legal y capacidad de consumo.
Por su parte, el gusto o la necesidad de hacer uso del polarizado tiene diversas motivaciones. La que se ha destacado se centra en los riesgos que sugiere el hecho de no poder visualizar/observar, a quienes se encuentran dentro de los vehículos: quienes los usan son virtualmente delincuentes. Si bien pueden o no ser, de ahí su carácter virtual, lo que posibilitó la diversidad de tonos y usos, se encuentra relacionado con una reglamentación que resultaba ambigua, con el clima de la localidad, el gusto personal, la capacidad económica y las condiciones del vehículo al ser introducido/importado.
La reglamentación vigente reduce la imprecisión: “El vidrio parabrisas frontal de los vehículos deberá permanecer libre de cualquier obstáculo que dificulte o impida la visibilidad hacia el exterior o interior de los mismos, por lo que se prohíbe su oscurecimiento a través de cualquier medio, con excepción de una franja con un tono de polarizado medio, de un máximo de veinticinco centímetros de ancho, que podrá colocarse en la parte superior del vidrio parabrisas. Los demás vidrios del vehículo podrán ser oscurecidos únicamente con un tono de polarizado medio, siempre y cuando no dificulten la visibilidad.” (Artículo 37 de la Ley General de Vialidad del Estado de Chihuahua).
En el trasfondo de estas dimensiones problemáticas es determinante el factor humano. Como lo es en relación a los incidentes viales: para evitar que se beba alcohol en cantidades tales que limiten las capacidades de conducción, que dificulten o dañen las relaciones personales o familiares, que pongan en riesgo las vidas de quienes conducen y de aquellas con las que comparten el espacio público, cuando no inciden incluso en los espacios privados, sería suficiente con que las personas se auto limitaran. No es así con todas las personas.
En los casos recurrentes, no necesariamente en las fatalidades, lo que se presenta es un problema de salud conocido como alcoholismo. Su solución no se encuentra, como no lo ha sido, en la sanción económica o en la asistencia a un curso o taller. Debe abordarse desde el ámbito de la salud pública, como así ha sido reconocido.
Por su parte, el ciclo introducción/legalización/introducción de vehículos, no encuentra solución con sanciones y decomisos. Las personas que comercializan, quienes compran y quienes permiten el paso de esos autos, saben de los riesgos que implica para cada una de ellas participar en este periódicamente renovado proceso. Cierto es que la aplicación de la reglamentación vigente establece condiciones límite, más habrá quienes pierdan su inversión o parte de su patrimonio. No obstante, las condiciones que posibilitaron este fenómeno se mantienen.