LA COLUMNA
De Los Reporteros
La danza de los millones desde Chihuahua está tocando la puerta del PRI nacional y de la Presidencia de la República. Doscientos millones de pesos a Manlio Fabio Beltrones, otros tantos a César Camacho y tres o cuatro veces más a Emilio Gamboa, dicen. Sepa Dios cuántos al mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se atreven a señalar. La espesa capa de humo lanzada con las acusaciones de desvíos atribuidas al exgobernador César Duarte compite para tapar la ingobernabilidad en el estado.
El titular del Ejecutivo estatal, Javier Corral Jurado, su secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, así como integrantes de la asesoría jurídica, ministerial y sus correspondientes órganos de inteligencia han echado a andar una maquinaria de trascendencia nacional basados en sus estrellas los “testigos protegidos”.
Aparecen ellos (as) en escena durante cada complicación importante para la gestión del nuevo amanecer.
Surgió de ese círculo chihuahuense de aprovechadores los “criterios de oportunidad” de la denuncia ante la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade) contra la presunta desviación de recursos del gobierno de Duarte hacia candidatos y campañas electorales en Chihuahua y varios estados más de la república. Los investigadores estatales de Veracruz también habrían hallado el mismo esquema de pago de campañas con recursos públicos.
Uno de los testigos protegidos por el nuevo amanecer ha dicho que Ricardo Yáñez Herrera, recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, presumía haber entregado 200 millones de pesos en efectivo al sonorense exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por orden del exgobernador, César Duarte. Otro testigo habla de César Camacho, otro más habla de la campaña de Peña Nieto por la Presidencia de la República en el 2012.
Los casos aún más graves de los que ha dicho Olmos que ya tiene todas las pruebas pero no puede “dar fechas” para iniciar las denuncias: el peculado por compra de medicinas: cerca de cinco mil millones de pesos, que involucran al jefe del Senado, Emilio Gamboa; y a los empresarios, José Yáñez y su representante Benito Tagle. Peligrosa combinación de corrupción, mafia y política. La lumbre estaría tocando los aparejos.
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A Corral se le sigue complicando el ejercicio de gobierno. No es lo mismo ser la estrella de la tribuna legislativa que manejar con habilidad la administración pública. No ha podido detener a los asesinos de los periodistas Adrián Rodríguez y Miroslava Breach pese a que dice tener el nombre de los victimarios. En evento público, en la Ciudad de México, dejó el paquete al presidente Peña.
Es un desastre la seguridad pública en los municipios que ordenó intervenir a las policías preventivas; Chihuahua en el lugar 25 en olimpiada nacional, el Colegio de Bachilleres a punto del colapso, manejo torpe de las finanzas estatales (deuda pública, mala administración de recursos), nivel institucionalmente indigno en el trato público de temas como la disputa del logo y lema del nuevo amanecer con el supuesto propietario intelectual.
Para cada momento de necesidad imperiosa de distracción le empareja el régimen estatal algún tema de corrupción de la pasada administración. Así iniciaron las detenciones del exalcalde, Javier Garfio; del exadministrador de Hacienda, Gerardo Villegas; del exsecretario de educación, Ricardo Yáñez Herrera.
Después fue sumado a la cárcel el exjefe de adquisiciones, Antonio Tarín. Se resistió unas semanas buscando el escudo del fuero pero finalmente cayó. Más tarde fue encarcelada otra exadministradora de la tesorería estatal, Karla Bafidis. Le siguió Sergio Medina y después el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores, quien evitó su penúltima audiencia porque se resistía a aparecer en el gris uniforme de reo. Por los suelos su vanidad y soberbia como funcionario.
Para cada momento de crisis ha habido una detención impulsada por el gobierno de Corral.
Durante los últimos días la famosa “caja china” sonó en la Fepade y en el Congreso del Estado, otro TP (testigo protegido) asegura que cada diputado de la anterior legislatura recibió un millón de pesos para aprobar la famosa bursatilización de la deuda.
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Esa es la etapa de la guerra del corralismo contra el duartismo hasta el momento. Es claro que apenas arranca y se intensificará conforme las necesidades que tenga el nuevo amanecer durante las inminentes campañas electorales.
En ese maremagnum de intereses personales, políticos, electorales, se está olvidando la esencia institucional en el rescate de los bienes y recursos públicos que fueron hurtados por funcionarios de la administración anterior. Está descuidando el gobernador lo principal: la credibilidad en los expedientes. Tiene un fiscal a modo y puso a un tribunal de justicia a modo. Los testigos protegidos declaran en algunos casos que saben porque les “dijeron”.
En esas circunstancias y bajo esas condiciones en las indagatorias y/o procesos penales regresamos a las líneas iniciales para hacer énfasis en el impacto nacional de Chihuahua sobre el tema de corrupción.
Si una institución como la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha iniciado una investigación sobre entregas multimillonarias de dinero por parte de exfuncionarios de Chihuahua para campañas en otras entidades del país, la cuerda deberá irse pisando hacia quienes recibieron ese dinero y todo el entramado partidista que lo permitió o lo encabezó.
Ahí entra la investigación hacia los exdirigentes nacionales del PRI, César Camacho y Manlio Fabio Beltrones. Hoy la puerta en ese partido se toca a Enrique Ochoa, del equipo más cerrado del presidente Peña.
Los “trascendidos” sobre los exfuncionarios protegidos por los “criterios de oportunidad” hablan de que la campaña electoral presidencial de Peña Nieto habría recibido también cientos de millones de pesos desde el estado más grande del país.
Estamos hablando de palabras mayores, de liga nacional. Por eso la información más carnosa de los expedientes es filtrada y/o presentada por el gobernador Corral en algunos medios de la Ciudad de México, donde se promueve.
El turno deberá corresponder luego a varios personajes colocados en los más altos rangos de poder político y empresarial: el líder priista de la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón, de quien los testigos protegidos por Corral habrían colocado como el principal operador de los peculados con medicamente en el sistema estatal de salud. Muchos creían que serían él y Pedro Hernández la avanzada en los procesos penales.
También los empresarios Benito Tagle y José Yáñez, ejecutores de las operaciones inmobiliarias por todos los rumbos del país, algunas de las más importantes en Chihuahua, por las que ya está preso el exalcalde, Javier Garfio. No son pocas las voces que ubican a dichos empresarios con actividades también extralegales desde que uno de ellos radicaba en Juárez actuando desde un departamento menos que modesto.
El sentido lógico de las investigaciones sobre el origen y destino de los dineros chihuahuenses tiene ramificaciones en distintas partes de la República entre políticos y empresarios, pasan por el Comité Nacional del PRI, por las Cámaras de Diputados y Senadores, y se meten hasta el despacho principal en Los Pinos, aseguran los que tienen acceso al entramado del nuevo amanecer.
Al gobernador le es útil mantener en ese máximo rango la atención mediática sobre su administración. No conseguirá la devolución de un solo peso de los millones sustraídos a las arcas estatales pero conseguirá un buen distractor a la ingobernabilidad administrativa y política que sufre Chihuahua a escasos ocho meses de haber iniciado su régimen.
Falta por conocer precisamente la reacción de los involucrados reales en la corrupción norteña y de los involucrados “de oídas” por los testigos protegidos y de los expedientes que apenas empiezan a tomar forma.
Que hablen Manlio Fabio, Camacho, Ochoa, Tagle... Los Pinos... Que prepare su defensa Emilio.