Miriam A. Ornelas/
Abogada
Esta semana un conductor en tercer grado de ebriedad que llevaba en reversa una camioneta, lo que implica que prácticamente no se podía poner en pie, estrelló su vehículo contra una finca de la colonia Anapra y asesinó a tres niños que jugaban tranquilamente en su casa, supuestamente a salvo y protegidos de cualquier eventualidad.
También lesionó malamente a otros cinco, algunos de los cuales se encuentran recuperándose en un hospital de la localidad. Se corrió la noticia, la noche del jueves, que otro de los menores ya había también fallecido mientras el chofer beodo, de nombre José Ángel Becerra Ruiz, de 65 años, enfrenta cargos por homicidio imprudencial y lesiones lo cual le permitirá alcanzar el beneficio de la libertad provisional bajo fianza. Si mucho tendrá que pagar los gastos de hospitalización y los funerarios obteniendo su libertad.
Este accidente automovilístico provocado por la imprudencia grave de este hombre de la tercera edad, alcoholizado hasta la desesperación, ha enlutado a todos los vecinos de la colonia Anapra que se duelen muchísimo de esta tragedia que llena muchos hogares de luto e indignación.
Es aun más indignante por la aparente insignificancia con que las leyes de nuestro país castigan este tipo de actos pues prácticamente todo se limita a la reparación del daño. En esto la indemnización por una persona asesinada no levanta más allá de unos cincuenta mil pesos, que es un valor muy devaluado otorgado a una vida humana, que en el presente caso estaban apenas en las primicias de sus vidas, promesas malogradas por la acción irresponsable de un chofer alcoholizado.
El alcalde Armando Cabada ha declarado que espera que con el nuevo reglamento, la continuidad de los retenes contra conductores ebrios y la inauguración del llamado Cerecito, la comunidad en general se concientice del mortal peligro propio y ajeno que implica conducir en estado de ebriedad, pero a la fecha son muchos ya los accidentes mortales ocurridos en nuestra ciudad y provocados por automovilistas beodos lo cual nos hace pensar que el nivel preventivo de todas estas medidas anti ebrios es realmente muy bajo.
Hace falta endurecer las sanciones administrativas de nuestra normatividad contra este tipo de conductores que, a sabiendas que se encuentran borrachos, se atreven a manejar un vehículo automotor.
La multa por conducir en estado de ebriedad debe incrementarse proporcionalmente al grado de alcoholemia que presente el infractor, al igual que las horas de prisión administrativa y también el nivel de cursos contra adicciones que tengan obligación de tomar y, ¿por qué no? unas suficientes horas de servicio a la comunidad y el otorgamiento de la fianza que se les asigne a los consignados por esos delitos también deben condicionarse al pago de todas las reparaciones del daño y multas que se les impongan para que no sea tan fácil obtener de nuevo la libertad para seguir su vida de borrachera.
En nuestras escuelas deben impartirse también cursos de formación contra las adicciones haciendo especial énfasis en la resistencia a conducir vehículos en estado inconveniente. Son muchas las muertes que estos infractores han provocado y por mucho que se les castigue y reparen convenientemente todos los daños, la vida no resucita.
Después de estos accidentes las cosas nunca vuelven a ser igual; los deudos de las victimas tardan años en resignarse a sus pérdidas, porque la vida humana no retoña y la muerte causa afectaciones psíquicas que son de difícil y a veces hasta imposible reparación.
Cierto que un conductor borracho e imprudente no representa una gran peligrosidad para la sociedad, como sí la tiene un asesino intencional, pero tomar la decisión de conducir un vehículo en estado encrespado, sin control de sus reacciones y con una casi total disminución de los niveles de alerta, es algo que debe considerarse una falta administrativa agravada que borda en los límites de la conducta delictiva.
Nuestros juristas tienen ante sí una gran tarea para proponer al Congreso una serie de modificaciones y agravamientos para reprimir estas conductas irresponsables, sin que se salgan de los marcos constitucionales y esa tarea ya es impostergable. Muchas vidas inocentes dependen de ello.