Luis Javier Valero Flores/
Analista
Abierta la discusión –tardíamente– en y desde el Congreso del Estado sobre la Reforma electoral, dos temas llamaron poderosamente la atención, sin que otros aspectos de la realidad electoral desmerezcan y aún reciban el más severo de los rechazos de una parte importante de la sociedad.
Durante muchos años, las posturas que más desestiman a las modernas sociedades democráticas han enderezado sus ataques al financiamiento público de los partidos –por tanto, propugna por la existencia, solamente, del financiamiento privado a los partidos y campañas electorales– y la eliminación de los “pluris”.
La intención de desaparecer a los diputados de representación proporcional (RP), los popularmente conocidos como “plurinominales”, tiene como fondo la idea de que éstos no responden a la decisión ciudadana o que significan algo así como el regalo del gobierno a los partidos.
Muchos de los críticos de la existencia de los pluris tienen la concepción maniquea de que estos legisladores son los “malos”, frente a los “buenos”, o sea, los que ganaron su elección.
Melindrosa como es la clase política mexicana –porque defiende sus intereses a capa y espada– al momento de efectuar la reforma electoral de 1987-1988, no se atrevió a estructurar adecuadamente el esquema de elección de los legisladores y creó un híbrido: El de contar con diputados de mayoría (es decir, los ganadores de la elección directa en cada distrito) y los de RP.
El origen y objetivo de este tipo de legisladores son esencialmente de carácter democrático. Se trata de otorgarles a los partidos el mismo porcentaje de diputados que el porcentaje de votación obtenido, con lo que se aseguraría la adecuada representación de los votantes en los órganos legislativos.
Aún más, con este mecanismo se aseguraba –en la hipótesis más “sana”– que al contar con una lista de candidatos pluris se aseguraba que los militantes más representativos de cada partido accedieran a las Cámaras.
Con el tiempo y la aguda degradación, de la clase política y los partidos, este mecanismo ha servido para fortalecer a la élite existente en cada uno de ellos, fenómeno que es más aparente en las agrupaciones con la menor representación, en la que los clanes familiares se ceban de los partidos.
Sólo para ubicar adecuadamente el problema, si la RP no existiese, el actual Congreso del Estado se compondría de 16 diputados del PAN y 6 del PRI, y ya, ello a pesar de que, por ejemplo, el Panal y Morena obtuvieron alrededor del 8 por ciento de la votación, lo que en una representación proporcional directa les daría derecho a contar con dos diputados, pues cerca de 10 de cada 100 electores lo hicieron por sus candidatos.
Bueno, pues para ayudar a una mejor representación de las fuerzas políticas y a que, finalmente, sea el voto ciudadano el que de manera directa elija a sus representantes populares, la legislación de Chihuahua contempla que haya dos formas de acceder a las diputaciones pluris: La mitad de ellas por medio de la integración de una lista de candidatos y la otra mitad la conformarán quienes, siendo los perdedores de cada partido, sean los que mejor porcentaje de votación hayan obtenido.
¿Y porqué no quitar, mejor, la lista de candidatos pluris, elaborada al interior de cada partido, con todos los vicios y defectos que les conocemos y que sólo puedan ser diputados pluris los candidatos de cada partido que mejor porcentaje de votación obtengan y que hayan resultado perdedores?
¿Y, además, establecer la proporcionalidad directa –tanto porcentaje de votos, tanto porcentaje de diputados–?
De ese modo podríamos asegurar que es, finalmente, el voto ciudadano el que determinara quién accediera a las Cámaras.
Luego, el problema no radica en el número de pluris sino en el mundo de privilegios que poseen los diputados y la increíble falta de representación que alcanzan.
¿Porqué no, mejor, constitucionalmente, se fija un salario bajo a los legisladores, del orden de los 15 salarios mínimos mensualizados –en este momento, alrededor de los 35 a 40 mil pesos– y la desaparición de todas las prerrogativas (celulares, vehículos, etc.)?
De ese modo se lograrían ahorros que podrían emplearse en miles de cosas, pero una de ellas sí podría mejorar nuestro sistema político: La de aumentar el número de diputados, por ejemplo, al doble, pero establecer sólo dos pequeños períodos de sesiones al año y pagarles solamente en esos períodos, con las modificaciones legales pertinentes para que los patrones de ellos estén obligados a preservarles sus trabajos en tanto desempeñan las tareas legislativas?
Sin duda, así, no habría tantos que desearan “servir a la comunidad”.
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