José Ignacio Gallardo
Analista
La democracia en México está saliendo demasiado cara para los habitantes de este país. Haya o no elecciones en la República Mexicana, cada año que pasa el costo del aparato electoral se sigue elevando en una tendencia irreversible.
Sin embargo, toda esta enorme inversión de recursos públicos no se traduce en procesos electorales más democráticos y con mayor transparencia. Este costo-beneficio no necesariamente arroja un saldo favorable para los electores.
Y es mucho lo que se le puede reprochar al sistema electoral actualmente vigente. Porque además de que existe demasiada burocracia electoral, es evidente la falta de supervisión y vigilancia efectiva a los partidos durante la época de campañas.
Sumado a lo anterior, la carencia de verdaderos programas para motivar la participación ciudadana durante la época de comicios. Pero sobre todo, lo más preocupante es la falta de una adecuada fiscalización a los partidos políticos y el constante derroche de recursos por parte de las autoridades electorales. Hace tan sólo unos meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó más de mil millones de pesos, de entrada, para la construcción de una nueva sede. De igual manera es criticable la incapacidad de los entes electorales para aplicar oportunamente las amonestaciones a los partidos y para hacer efectivas las sanciones económicas. Brilla por su ausencia la supervisión del destino de los cuantiosos recursos que anualmente se otorgan a los partidos políticos. Por eso los dirigentes partidistas hacen lo que se les da la gana con el dinero que los mexicanos dan para el sostenimiento de los institutos políticos.
Por lo general, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de alguna organización política envía recursos a las entidades, éstos sólo se ven reflejados en los comités estatales de cada partido porque a los comités municipales rara vez llegan apoyos económicos para su sostenimiento. Es por eso que la mayor parte de las dirigencias municipales se ven desoladas y carentes de lo más indispensable.
Otro de los aspectos perjudiciales para la vida democrática de México, tiene que ver con el gran porcentaje de procesos electorales que terminan resolviéndose en los tribunales. No importan los cuantiosos recursos ni el tiempo invertido en las campañas, ni tampoco todo el esfuerzo aplicado a la organización para el día de la jornada electoral.
Tampoco importa la participación ciudadana, ni la labor de ese ejército de ciudadanos que coadyuvan en el desarrollo de las elecciones.
Se judicializan los procesos y al final termina siendo un grupo de magistrados de los tribunales electorales los que deciden finalmente quien es ganador de la contienda electoral. Y esto ocurre con más frecuencia de la que se quisiera. Las impugnaciones a los procesos electorales son el pan nuestro de cada día, En este momento, en dos estados de la república donde acaban de realizarse comicios, el estado de México y Coahuila, se están presentando sendas impugnaciones por parte de los partidos que se encuentran inconformes con los resultados. Mientras que en Nayarit se acaba de ordenar el recuento de todos los votos.
Son demasiadas las irregularidades denunciadas por quienes se dicen afectados. Denuncian rebase en los topes de campaña, compra de votos, acarreo de votantes el día de la jornada, robo y violación de paquetes electorales y manipulación del programa de resultados preliminares electorales.
Todo esto sucede mientras que la autoridad electoral, esa que sale tan cara, parece estar pintada. Nadie le hace caso; los partidos hacen lo que quieren durante las elecciones.
El hecho de que los funcionarios electorales sean nombrados por los propios partidos políticos no refuerza el principio de Independencia. De origen los nombramientos vienen viciados ya que siempre va a existir el compromiso de los consejeros electorales hacia los partidos que los palomearon. Haya o no elecciones los partidos gozan de financiamiento por parte del erario público. Los sueldos de los consejeros son muy altos tanto en el INE como en los institutos electorales. El enorme gasto que supone los sueldos de toda la burocracia electoral más y mantenimiento de inmuebles y vehículos es un fuerte golpe a las finanzas públicas.
En el estado de Chihuahua el próximo año habrá elecciones, se eligen diputados federales, locales, senadores, alcaldes y presidente de la república. El gasto de nuevo se va a disparar de una manera considerable. Será mucho el dinero que se destine para los comicios que formalmente inician el diciembre de este año. Lo ideal sería que los resultados por lo menos sean acordes con la enorme inversión que se hace en esta cara e imperfecta democracia que no logra traducirse en mejores niveles de vida para los mexicanos.
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