LA COLUMNA
De Los Reporteros
• Hacienda, mentiras y corrientadas
• Diputados en orgía política
• Cabada “está entrando en razón”
• Más desfalcos en Colegio de Bachilleres
Con el tema de las placas metálicas vehiculares, la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal exhibe una de mentiras y corrientadas que da miedo.
Miles de vehículos portan hoy placas de cartón, muchos incluso ya vencidas, porque los señores no han podido en varios meses obtener las metálicas.
En el inter han escondido información, licitado a capricho y ahora le echan la culpa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal porque algún trámite falta por cubrir allá, dicen. Mientras, en Juárez son más de ocho mil placas de cartón y el doble en el resto del estado.
Ayer sufrió regular cuestionada en este espacio el delegado de la SCT en Chihuahua, Rafael Chávez Trillo, por no sacar la cara para explicar esa parte que le achaca el Estado a la dependencia federal.
Ayer mismo tuvimos noticias directas de él. Efectivamente se nos dijo que no es una parte que le corresponde a la delegación estatal sino directamente a las oficinas centrales en la Ciudad de México, pero de una rascadita allá se pudo saber que hace apenas unos días Hacienda estatal inició el trámite para que la SCT valide la calidad del material que será usado en las placas y otros detalles como los folios.
El caso es que el Estado debía enviar una sola muestra para conseguir la autorización pero esa muestra acaba de llegar a la Ciudad de México y tardará al menos una semana para recibir respuestas de laboratorio, etc.
Esa información la está ocultando Hacienda del Estado. ¿Por qué?. Porque su procedimiento de licitación y formalización en la ley de ingresos 2017 quedó batida por completo desde el principio. Hay los veremos tratando de poner parches en el Congreso del Estado.
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Otros que siguen dando toques son los diputados(as) en el Congreso del Estado. La votación para su integrante del Consejo de la Judicatura estatal fue una auténtica orgía política. Sodoma y Gomorra legislativa.
Eligieron a Joaquín Sotelo Mesta con 24 votos a favor, seis abstenciones, dos votaron por otro candidato. El designado es abogado fiscalista, panista, excandidato a síndico por Acción Nacional, expresidente del Colegio de Abogados de Chihuahua; patrocinado por Palacio de Gobierno, of course.
Los legisladores(as) anduvieron trotando un rato por la libre del nuevo amanecer; hasta se presumieron soberanos, les apretaron un poco, se alinearon y hoy no queda un solo milímetro de libertad ni en las diputadas rosas del PRI.
Ayer votaron en favor de la línea de Palacio hasta tres diputadas priistas; sólo la juarense Isela Torres y la serrana Imelda Beltrán se abstuvieron; de ahí en fuera todo mundo en filita, salvo los de Morena, que apoyaron otra opción aunque también tienen lo suyo; han votado otras ocasiones junto al PAN.
Joaquín Sotelo es el primer integrante designado para la Judicatura; faltan los tres del Tribunal de Justicia (uno de ellos es el presidente) y el que proponga el gobernador Corral. Es política y cosas peores, diría el añoso Catón.
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Desde que María Teresa Ortuño llegó a la Dirección General del Colegio de Bachilleres, no ha logrado hacer sinergia con la gente del sindicato que lidera José Acuña Peralta. Puntualmente hemos seguido aquí el delicado tema.
Esta semana se desató el enésimo escándalo. La base trabajadora no ha recibido explicación alguna del porqué no han sido depositados más de 22 millones de pesos por concepto de créditos hipotecarios y aportaciones al sistema del ISSSTE, que en la nómina sí les han descontado, pero no hay reflejo de su depósito en las cuentas de la instancia federal.
Tere tampoco les da cuenta de los casi dos millones de pesos por las retenciones hechas por concepto de caja de ahorro, fondo de retiro, de automóvil, de jubilación, entre otros rubros, que deben llegar al sindicato.
Además, el Cobach tampoco pagó los seguros de gastos médicos que tienen algunos de los empleados, estos se realizan vía nómina y tampoco fueron reportados, por lo que la aseguradora canceló definitivamente las pólizas que estaban dadas de alta.
Ayer mismo, la base sindical organizaba una nueva recopilación de firmas, para exigir otra vez al gobernador, Javier Corral, el despido de Ortuño. Vienen nuevos paros y nuevas afectaciones al alumnado si no hay respuestas.
La verdad de las cosas es que nada resuelve el sindicato pidiendo la salida de Ortuño, esa se da por mera añadidura y por el mal trato en todos los rubros, el Estado es el que no tiene dinero.
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Algo limitado en su contundencia (pudo ser más coloquial) pero encantador en su definición y en la forma estética el párrafo escrito por don Jaime García Chávez en su Face el 23 de mayo:
“Nadie en su sano juicio podría prestarse a la ingenuidad de calcular la construcción de un muro infranqueable entre las influencias del secretario de Gobierno y las ligas que lo unen a Chávez Chávez, sobre todo de sus intereses personales. Y es ahí donde reside, llevado a la práctica o no, el conflicto de interés”.
Tituló García Chávez su texto: “Maclovio Murillo, el discurso del atajo”. Se refiere a la sacada de vuelta que dio el consejero jurídico del gobierno estatal al tema de los intereses personales entre el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y el despacho de Arturo Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia, que lleva la demanda civil contra el Tribunal Superior de Justicia y las arcas de la Secretaría de Hacienda por adeudos en la construcción del edificio principal que alberga al Poder Judicial. Hay de por medio más de 300 millones de pesos.
No hay necesidad de rigorismo técnicos ni de abundar detalles en este espacio porque son profusos en notas y reportajes publicados frecuentemente. El resumen es la enorme ironía y el tremendo dilema que tiene el nuevo amanecer: deberá pagar cerca de 350 millones de pesos por una obra realizada en época duartista –que en su momento fue objeto de señalamientos mil de corrupción–; y el pago debe ser hecho a través de los defensores de las constructoras, ¿exsocios? del actual secretario general de Gobierno, el mismo que públicamente sostuvo entrevistas antes de octubre pasado con su antecesor, Mario Trevizo, en búsqueda del cobro.
Es importante que el tema sea abordado por don Jaime, procreador del nuevo amanecer junto al principal beneficiario de la Unión Ciudadana, Javier Corral. Las coincidencias con él nos indican que vamos por el camino periodístico correcto.
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“El presidente está entrando en razón”, dijeron no sin sorna algunos miembros directivos del sindicato de trabajadores al servicio del Municipio que sostuvieron la noche del miércoles privada encerrona con el alcalde, Armando Cabada.
Los trabajadores fueron encabezados por su dirigente Arturo Silvadoray, que ha mantenido a raya a los independientes a pesar de despidos, amenazas y “olvidos” temporales en pagos a los cerca de mil 800 sindicalizados.
La reunión se dio tras un duelo de vencidas entre el equipo del alcalde y la directiva sindical que, vale decir, ha tenido siempre su corazón tricolor. Cabada terminó por aceptar llevar la fiesta en paz; más a fuerza que con ganas pero sin guerra.
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Aún priistas escépticos le dieron ayer vuelo al borrego de que Adriana Terrazas puede convertirse en secretaria general del PRI estatal. En nuestra opinión sus posibilidades son del uno por ciento. Es el nervio de vida que puede aprovechar.
Argumentamos que la diputada federal no sólo fracasó como coordinadora general de la campaña tricolor por la gubernatura el año pasado; lo grave es que se ganó la animadversión del priismo de Samalayuca hacia centro y sur del estado por su trato repelente; era peor, dicen, que chupar un limón antes de madurar, con sal y habanero molido.
Pero negocias son negocias. No sabemos que el PRI nacional haya definido a su nuevo presidente(a) aunque ya tenga listo al nuevo Consejo Político Estatal. Si revisamos la integración de ese órgano (bastante plural para estar derrotado en la gubernatura y las principales alcaldías de la entidad), entonces concedemos que el uno por ciento de Adriana puede convertirse en el 100.
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