José Buendía Hegewisch
Analista
Adiós a la agenda de reformas para transparentar y atacar tramas de corrupción dentro del Estado. Las expectativas por la aprobación del paquete de leyes anticorrupción sirvieron para ganar tiempo ante los escándalos del sexenio, pero la “primavera” mexicana se marchitó en el colapso de la Justicia y la impunidad. Será tema de confrontación y de promesas en los comicios presidenciales, pero otra vez la modernización de las instituciones se atasca en la rueca de la competencia electoral y de los compromisos para financiar campañas.
Otro sexenio que hereda instituciones más debilitadas y frágiles, a pesar de celebrar la reforma constitucional en Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción como respuesta artificial a la indignación por la Casa Blanca en el entorno de la familia presidencial y la investigación de un tercio de gobiernos estatales. Los mayores escándalos de corrupción en los estados se remontan a la contribución de gobernadores en las elecciones de 2012 y los derechos que creyeron adquirir en pago por sus servicios para desfalcar las arcas del Veracruz de Javier Duarte, Chihuahua con César Duarte y Alberto Borge en Quintana Roo, sólo por citar a la generación icónica del “nuevo PRI”.
En las campañas, en efecto, se abre el grifo del dinero para repartir entre los que dejan el cargo y los que pelean una plataforma para hacer negocios desde los puestos públicos. Según datos de BM e Integralia, la inyección de dinero circulante aumentó 37 mil millones de pesos en la pasada contienda presidencial. Pero, sobre todo, la competencia electoral es momento para bajar recursos a partidos y candidatos de los negocios de la política, como se señala de OHL, y hacer nuevos compromisos a cambio de financiamiento como en Odebrecht.
La repetición ordenada de esta dinámica, un sexenio tras otro en todos los niveles, evidencia que el fenómeno no es nuevo y, sobre todo, que la mecánica de la corrupción ha sido parte del desarrollo democrático. La apuesta para salir del viejo régimen fue la competencia electoral, pero la agenda para modernizar las instituciones autoritarias no se basó en la transparencia y la rendición de cuentas. En este punto todos los partidos se mimetizaron con la forma de ejercer el poder del viejo PRI.
Cuanto más cerrada la competencia, mayor el costo de apoyos y pago de favores desde las nuevas administraciones. Los escándalos se han multiplicado junto con las deudas estatales, con los peores índices de inversión en obra pública. Y los privados invierten en los procesos en espera de acceder a contratos e influir en políticas públicas a través de tramas opacas que perpetúan complicidad y corrupción.
Hoy, en plena feria electoral y antesala del 2018, ¿es difícil entender el atorón en el nombramiento del fiscal Anticorrupción? ¿El parón en la transformación de la PGR en una fiscalía autónoma y la elección de un responsable independiente para conducir el cambio estructural en un colapsado sistema de Justicia? ¿La impunidad de acusados por tramas como OHL en el gobierno del Edomex o de Odebrecht contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya?
En la lógica de la competencia electoral, la agenda de la transparencia agotó la fase de aparentar que los cambios, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, ya se hicieron. La opacidad en el financiamiento de las campañas augura nuevos escándalos en las siguientes administraciones, aunque cada vez más el ciclo choca con el agotamiento de expectativas de la ciudadanía. La indignación que canalizó la iniciativa ciudadana 3de3 no cuajó en una “primavera mexicana” contra la corrupción, derivó en enfriamiento de las posibilidades de que algún cambio suceda. Sus propios impulsores dudan de ella y con llamados a la ciudadanía a ejercer sus derechos se preparan para decir adiós a la agenda anticorrupción, al menos con el actual gobierno.