Francisco Ortiz Bello/
Analista
Decía el Divo de Juárez que lo que se ve no se pregunta, refiriéndose a la obviedad de algunas cosas que, precisamente por obvias, está por demás preguntar ya que la respuesta salta a la vista de todos. A esa filosofía “juangabrielesca” se le puede rematar con otra frase, también de su autoría y que forma parte de la letra de una de sus canciones “¡Pero qué necesidad!”
Lo anterior a propósito de la polémica que se generó en el Congreso del Estado, luego de la sesión del pasado jueves en la que se aprobó, entre otras cosas, el cambio de nombre al municipio de Batopilas que, de ahora en adelante y una vez que se concluya el trámite legal, se denominará “Batopilas de Manuel Gómez de Morín.
Los diputados chihuahuenses votaron a favor de este cambio, con la intención de realizar un reconocimiento, post mortem dice el dictamen, al célebre batopilense que le dio lustre no solo a su ciudad natal, sino a todo el estado, ya que está por demás decir que Gómez Morín tiene merecimientos de sobra para recibir ese, y cualquier otro tipo de reconocimiento u homenaje.
Si bien es cierto que Don Manuel representa uno de los íconos más representativos del panismo a nivel nacional, pues fue uno de los fundadores e ideólogos más importantes de ese partido, también lo es que su contribución a la vida política, económica, académica y social del país, lo coloca sin duda alguna más allá de la simple etiqueta partidista.
Nacido en Batopilas a finales del siglo IX, Gómez Morín destacó desde muy joven. Alumno de Antonio Caso, Ezequiel Chávez y José Vasconcelos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Ciudad de México, pronto emuló y superó a sus maestros.
De acuerdo con la semblanza publicada en la página web del Centro Cultural Manuel Gómez Morín, fue profesor en la Universidad Nacional durante veinte años. Ocupó los cargos de Secretario y Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1919 y 1922-1925 respectivamente.
“Entre 1919 y 1922, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Secretario Particular, Oficial Mayor, Subsecretario y Agente Financiero de México en Nueva York. En 1924 Alberto J. Pani, Secretario de Hacienda lo invitó, junto con Elías S.A. de Lima y Fernando de la Fuente, a formar parte de la Comisión encargada de redactar la Ley Constitutiva del Banco de México como banco único de emisión que se fundó en 1925. Gómez Morin fue presidente del Consejo de Administración de 1925 a 1929. En 1926 participó como ponente en la Comisión que creó la Ley de Crédito Agrícola y el Banco del mismo nombre.”
“En 1933 el Consejo Universitario nombró a Gómez Morín rector de la Universidad Nacional; bajo el lema Austeridad y Trabajo, impulsó una serie de reformas académicas, docentes, de investigación y financieras. Renunció a la rectoría en octubre de 1934”.
“En el ámbito cultural Gómez Morín se relacionó con artistas de diversos ámbitos, pintores, escritores, músicos. Impulsó la cultura en México al formar parte de la creación de editoriales, como la Editorial Jus, Editorial Polis, Editorial Cultura y el Fondo de Cultura Económica, y en música, la Orquestas Sinfónica Nacional y Música de México, A.C”.
“Para fines de 1938, Gómez Morín, acompañado por un grupo de hombres y mujeres, trabajó con la mayor intensidad en la constitución de un partido político permanente. En septiembre de 1939 fundó el Partido Acción Nacional. Gómez Morín fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 1939 a 1949”.
“Hasta su muerte en la ciudad de México el 19 de abril 1972, Manuel Gómez Morin fue un incansable luchador y fundador de instituciones culturales, políticas, económicas y sociales que han sido fundamentales en la creación del México moderno. En el año 2004 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres”.
Los párrafos anteriores, entrecomillados, son cita textual de parte de la semblanza que se publica en el sitio digital de la fundación que lleva su nombre. Entonces pues, hablamos sin duda alguna de un mexicano ejemplar, que trascendió más allá de los límites partidistas e, incluso, de la misma condición humana, además chihuahuense para orgullo de todos nosotros.
Definitivamente que nadie en su sano juicio se opondría a reconocer tales méritos y, en consecuencia, hacer los reconocimientos, tributos u homenajes correspondientes. Definitivamente eso no está a discusión.
El asunto se complica cuando los legisladores aprueban un dictamen, que quieren hacer aparecer como una solicitud del Ayuntamiento de Batopilas, cuando en realidad, formalmente, es una iniciativa del diputado panista Jorge Soto. Y es que hay formas. Y más hablando de legalidad, y de que son, precisamente, los diputados, quienes más obligados están a hacer valer y observar las leyes.
El artículo 30, del Título V, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no deja lugar a dudas sobre la forma de gobierno, división de poderes y su residencia, así como el artículo 64, del mismo Título, sobre las facultades del Poder Legislativo. Están muy claras.
En ese mismo artículo establece como uno de los requisitos para el cambio de nombre, el plebiscito entre la población, o consulta ciudadana, así como todo el procedimiento legal y político del respeto al municipalismo.
Si bien la iniciativa presentada por el diputado Soto habla de un acuerdo de Cabildo (asentado en el acta número 620 de diciembre del 2016), en ninguna parte de los antecedentes o de la fundamentación, se habla del plebiscito o consulta ciudadana que brinde legitimidad a dicho acuerdo. Tampoco se menciona en ninguna parte de la iniciativa, o del dictamen respectivo, la solicitud formal del Ayuntamiento al Congreso.
Así las cosas, la mencionada iniciativa pareciera una imposición del Congreso, aparece como una grosera, burda e ilegal intromisión de poderes, aunque de facto no lo sea, así parece. ¿Por qué hacer cosas buenas que parezcan malas? ¿Por qué enturbiar sin necesidad alguna lo que, de otro modo, fluiría naturalmente?
Entiendo claramente el interés de los diputados panistas por inmortalizar el nombre de uno de sus más grandes próceres, tener mayoría en el Congreso otorga ciertos privilegios. Lo que no entiendo es por qué manchar, con la sombra de la duda y del sospechosismo, algo que no tendría problema alguno en transitar por la vía de las instituciones y la legalidad a toda prueba.
No era necesario, ni deseable, que este tema apareciera como uno más de los varios que le atribuyen a la voluntad del gobernador Javier Corral, de quien es bien sabida la admiración y adoración que profesa a Manuel Gómez Morín, insisto, totalmente entendible y hasta justificable, pero que, a la luz de los hechos, los antecedentes y la historia, no tendría problema alguno en cumplir cada uno de los pasos que marca la Ley para su aprobación.
Lo peor que pudiera pasar es que, los legisladores, se encierren en un caparazón de autoridad y que permitan que las inconformidades, porque sí las hay, encuentren cabida en cuestionamientos de fondo sobre la legitimidad de la medida, y que incluso pudieran cabida a batallas legales ante instancias federales, por haber atropellado de fea forma la autonomía municipal.
¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pero, de verdad, ¿Qué necesidad?.
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