Francisco Ortiz Bello/
Analista
No cabe duda de que el gobierno del nuevo amanecer está empeñado en cambiar las cosas en Chihuahua, aunque no necesariamente para bien. Nos quieren cambiar hasta el modito de andar.
La imagen pública, institucional, de cualquier tipo de organización no debe quedar nunca al capricho de unos cuantos, sobre todo porque finalmente representa a toda la organización o entidad de que se trate.
Esta imagen pública, hablando de emblemas, colores, logotipos, diseños o cualquier otro símbolo que la represente, es la responsable de que la comunidad identifique más claramente de qué o de quién se trata.
En esencia, para los entes económicos una imagen pública, ampliamente sostenida y difundida en el tiempo, se convierte en el valor mercadológico más importante y, eventualmente, en la fuerza principal de promoción.
Para los gobiernos quizá esta variable no sea tan importante, la de la marca o branding, aunque debido a los avances recientes en los campos de la comunicación masiva, quién sabe si realmente sea irrelevante, lo cierto es que, para efecto de las campañas políticas, por ejemplo, una buena imagen de un partido en el gobierno se convierte, sin duda alguna, en activo electoral valiosísimo.
El caso es que cada seis años, o tres, según sea el caso, se gastan en nuestro país verdaderos ríos de dinero, sin que esta afirmación sea una exageración, en cambiar la imagen de un gobierno a otro, aun entre los del mismo signo o partido político.
A gusto y capricho del gobernante en turno se cambia logotipo institucional, colores, diseños y formas de la imagen del gobierno, lo que significa millones y millones de pesos en volver a imprimir miles de nuevas hojas membretadas, gafetes o credenciales, tarjetas de presentación, manuales y demás material impreso propio de la institución.
También hay que volver a pintar automóviles utilitarios, fachadas de instalaciones y edificios, con el enorme gasto de recursos materiales, humanos y económicos que eso implica. Dinero público utilizado en algo que no tiene ningún beneficio en la población, pero que sí disminuye de manera importante el presupuesto que bien podría ocuparse en cosas o programas de verdadero impacto social, y no en favorecer los colores, idearios o imagen mercadológica de los partidos políticos.
Cuando Javier Corral llegó a la gubernatura del estado prometió un cambio total; de hecho, lo hizo desde su campaña. Pero nunca imaginamos que ese cambio sería únicamente en los logotipos, lema, colores y emblemas de su gobierno, o no solamente en eso.
A la fecha, se ha cambiado el logotipo del gobierno estatal, por cierto, acremente criticado por la Iglesia en Chihuahua y grupos conservadores, por resultar una apología (casi copia) del emblema de las comunidades LGBTT y, al decir de la iglesia, una cosa es que se les respete, reconozca e incluya y otra muy distinta es que desde el gobierno se les promueva.
También se ha cambiado ya el color de unidades vehiculares utilitarias, hojas membretadas, tarjetas de presentación, los colores de fachadas en edificios, el color de los uniformes en empleados del sistema de transporte urbano (antes Vivebus), y hasta a los transportistas de personal en la maquila, en Ciudad Juárez, se les ha pedido que pinten sus unidades de azul.
Claro, el azul es el color del amanecer, pero no del nuevo, sino del amanecer para Partido Acción Nacional que tenía 18 años fuera del poder estatal, y lleva ya 13 años fuera del gobierno municipal.v
Ahora, la más reciente medida –algunos le llaman ocurrencia– es cambiar el color al logotipo del Colegio de Bachilleres, pese a que dicha institución es un sistema nacional de bachillerato que, supongo, debe tener una normativa para eso de la imagen pública de la institución.
Total, que más allá de la banalidad que significa gastar tantos millones de pesos solamente en imagen, lo que resalta de todo esto es que lo único que ha cambiado con el gobierno del nuevo amanecer es eso, la imagen pública del gobierno. Los colores, emblemas, logotipos y lemas del gobierno han cambiado, pero todo lo demás, el autoritarismo, la opacidad, el tráfico de influencias en contratos de obras y servicios públicos, eso sigue igual que antes.
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