Juan Carlos Loera de la Rosa
Empresario
Con esa osadía fue como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez resumió uno de los mayores ataques a la democracia que se padecen no sólo en el estado, sino en el país entero y que es del conocimiento de la población entera: el apoyo de los gobernantes en turno a los partidos o corrientes políticas que pertenecen.
Cabada desconoce o quizás aparenta desconocer que históricamente (salvo honrosas excepciones) quienes han ostentado el poder en nuestra ciudad, estado y país han prolongado su permanencia insidiosamente a través de sus sucesores y que para ello han sido capaces de fomentar políticas económicas tan infames y perversas destinadas a generar millones de pobres, para luego, a través de programas asistenciales y clientelares subvencionados por el erario lucrar electoralmente a su favor.
Si el discurso como candidato “independiente” hubiese sido sincero y congruente (con razón o sin ella) se daría por hecho que el ahora presidente municipal estaría mínimamente de acuerdo en que las ambiciones de los partidos políticos de donde han surgido los gobernantes han prevalecido sobre el interés colectivo; al menos, eso fue lo que repitió hasta el cansancio durante su campaña, al enfocar sus baterías en contra de los partidos, descalificando a todos por igual, no dejó títere con cabeza.
Entonces, ¿cómo es que ahora el alcalde permisivamente soslaya y minimiza los señalamientos del gobernador del estado Javier Corral, acerca de cuántos recursos públicos durante el mandato de César Duarte habrían sido ilegalmente desviados para favorecer a diversos actores políticos de la entidad?
Por el solo hecho de no encontrar en los informes financieros del municipio las siglas de los partidos o nombres de los candidatos, Cabada peyorativamente afirma que los privilegios político partidistas y su patrocinio a través del gobierno son una “leyenda urbana”. ¿Qué esperaba encontrar?. ¿Un cheque pagadero a Serrano?. ¿A Teto?. ¿A Dowell?. ¿A Mayra Chávez?. ¿A Pérez Cuéllar?. ¿O a cualquier otro político conocido?.
No es así como operan las mafias políticas, y dudo mucho que Cabada realmente no esté enterado de ello, aun y cuando haya declarado recientemente a raíz del proyecto de alumbrado que “pudiera pecar de inocente”; no por ello colocó a quien dentro de su gabinete tiene mayor experiencia en política electoral y partidista.
Me refiero a María Antonieta Pérez en la Dirección de Desarrollo Social, puesto clave en el que infortunada y tradicionalmente su espíritu de servicio y avance ha sido tergiversado y manipulado para beneficio político de los gobernantes en turno. Dicha dirección ha sido la “embajada” del PRI y del PAN en los gobiernos para mantener sus estructuras. Claro que hay otros casos despreciables, como la asignación de obra pública a particulares que luego se pagan apoyando campañas políticas, como hizo OHL con su injerencia en las elecciones del Estado de México.
¡En serio!, ¿desconoce Cabada, todas esas corruptas artimañas? ¡Lo dudo! Parece ser que se está vacunando para continuar con la política tradicional de los gobiernos que tanto criticó, la del beneficio efímero, provocando sonrisas y alegría un par de horas entre los más necesitados que al regresar a casa luego del circo y espectáculo, se enfrentan a su triste realidad: la pobreza, inseguridad y marginación.
La opinión del escribiente y las declaraciones del Presidente Municipal se desprenden a propósito del supuesto descubrimiento y aseguramiento de documentos encontrados durante el cateo a una de las propiedades de César Duarte donde se evidencia la entrega de dinero a diversos personajes políticos de la entidad y que de acuerdo a las declaraciones de Javier Corral deberían ameritar la investigación de probables delitos graves como el lavado de dinero.
Sin embargo, la información a cuenta gotas y la administración por parte del gobernador de las pruebas que incriminan a los cómplices por desfalco al Estado lo hacen caer en la misma trama de este asunto y los delitos que señala: aprovechar el poder y las instancias de gobierno para lucrar políticamente a favor de intereses grupales y partidistas.
Javier Corral -en aras de hacer efectiva la justicia expedita- tiene la obligación de dar a conocer pública e inmediatamente de manera oficial y no a través de filtraciones, los nombres de cada uno de los involucrados en la nómina secreta de Duarte. De no hacerlo, quedará como un vulgar extorsionador político que utiliza su responsabilidad pública para beneficio personal, de su grupo o partido, omisión tan grave como los actos deleznables de su antecesor.
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