Francisco Ortiz Bello/
Analista
Un asunto de competencia económica en el sector energético, competitividad comercial pura, tiene ya varios meses amenazando la seguridad de los juarenses, y de los chihuahuenses en general, a través de una iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Desarrollo Urbano Sostenible, que impactará de lleno en la salud y bienestar de los ciudadanos.
Los diputados de la Comisión de Protección Civil del Congreso de Chihuahua analizan, desde finales del año pasado, una iniciativa que pretende derogar la fracción IV y todos sus incisos, de la mencionada ley. Es en la que hoy se basan para autorizar la apertura de nuevas estaciones de gasolina.
Esta comisión legislativa, la de Protección Civil, está conformada por los diputados Francisco Javier Malaxechevarría González (PAN), Nadia Xóchitl Siqueiros Loera (PAN), María Antonieta Mendoza Mendoza (PANAL), Héctor Vega Nevárez (PT), Gabriel García Cantú (PAN) y la iniciativa original fue presentada por la diputada panista Carmen Rocío González Alonso.
Recientemente, y debido a las múltiples inquietudes recibidas de diversos sectores sociales y empresariales, por supuesto principalmente del ramo de los gasolineros, así como por las publicaciones periodísticas al respecto, se sumó a esos trabajos la Comisión de Salud del Congreso, misma que está integrada por los legisladores Rocío Grisel Sáenz Ramírez (PRI), Francisco Javier Malaxechevarría González (PAN), Gabriel Ángel García Cantú (PAN), Maribel Hernández Martínez (PAN) y Liliana Araceli Ibarra Rivera (PAN).
Los diputados panistas Malaxechevarría González y García Cantú, repiten en ambas comisiones, además de que claramente se puede ver una amplia mayoría blanquiazul en la conformación de las dos comisiones a la hora de votar, lo que eventualmente favorecería la iniciativa presentada por su, también panista, compañera diputada Rocío González. Sólo como notas al margen que demuestran el tinte azul de la iniciativa en cuestión.
Pero lo que llama la atención en este asunto es la intervención de la Cofece, no sólo en Chihuahua, sino también en otras entidades del país como Coahuila, Nuevo León y la misma Ciudad de México en donde, recientemente, se ha desatado una polémica con la Asamblea Legislativa de esa entidad, debido a su intromisión y evidente cabildeo en favor de regulaciones más laxas para la apertura de nuevas estaciones de gasolina, al igual que en nuestra entidad.
Pero ¿Quién es la Cofece? ¿A qué intereses obedece? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué cabildea con tanto interés el cambio de regulaciones locales? Analicemos.
De acuerdo con su portal de Internet (www.cofece.mx), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es “un órgano autónomo creado a partir de la reforma al artículo 28 constitucional de junio de 2013, y se encarga de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados. Esta Comisión es el resultado institucional de un esfuerzo del Estado Mexicano por hacer de la competencia un instrumento para el desarrollo del país.”
En el apartado: “qué hacemos” de su sitio web, describen cuáles son, a grandes rasgos las funciones de esta instancia del gobierno federal:
La Cofece instrumenta dos vertientes de política pública:
Primera vertiente: Aplicar la Ley Federal de Competencia Económica mediante acciones tales como prevenir estructuras de mercado que impliquen riesgos a la competencia mediante el análisis de concentraciones; Investigar y sancionar prácticas monopólicas; emitir opinión o autorización en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas; Determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia y Resolver sobre condiciones de mercado.
Segunda vertiente: promover la cultura de la competencia a través de sensibilizar agentes y organizaciones de la sociedad civil; establecer canales de comunicación con autoridades de los Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como difundir conocimiento y mejores prácticas internacionales a la sociedad en general sobre los beneficios de adoptar prácticas competitivas.
De acuerdo con el periódico de circulación nacional Excélsior (Cofece solicita a entidades evitar restricciones para apertura de gasolineras | Wendy Roa | 9 enero 2017), el gobierno capitalino recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fechado el pasado 13 de diciembre de 2016, en el que solicita a las entidades federativas, que eviten “imponer restricciones innecesarias y dar certidumbre en la apertura y operación de nuevas estaciones de servicio, a fin de favorecer el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado de expendio al público de gasolinas y diésel”.
Ya sabemos pues quién es y qué hace la Cofece, así como los intereses que, en el caso de las gasolineras representa, ya que según se desprende del oficio mencionado en el párrafo anterior, abiertamente está pidiendo a los congresos estatales que “eviten imponer restricciones innecesarias para la apertura y operación de nuevas estaciones de gasolina”, ya que en breve se generalizará en todo el país la libre competencia de este tipo de establecimiento mercantiles, como resultado de la Reforma Energética.
Hasta ahí todo bien. Sólo que ningún objetivo eminentemente comercial o económico puede estar por encima de valoraciones éticas, de seguridad, de salud o del bienestar de las personas, porque por mucho que se beneficie a entes económicos, si se daña la seguridad o la salud de los ciudadanos se va en contra de la esencia del Estado, que es, precisamente, velar por estos principios rectores de toda sociedad.
Tan es así, que ya en Coahuila, su congreso, decidió no solamente ignorar las “amables recomendaciones” de la Cofece, que más bien suenan a sutiles imposiciones del gobierno federal para forzar un éxito del arranque de su reforma, sino que endurecieron los trámites y requisitos que ya existían y consideraron otros que no incluía su legislación al respecto.
En la Ciudad de México la historia no es muy diferente. La Asamblea Legislativa de esa entidad se ha manifestado en contra de relajar la reglamentación y normatividad para nuevos establecimientos expendedores de gasolina, ya que vulnera la seguridad, integridad y salud de los habitantes de la capital del país.
Más aún, el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se ha pronunciado en favor de la negativa de la Asamblea Legislativa. Al respecto, el abogado de la ciudad, Manuel Granados, señaló que en “el caso de la Ciudad de México la instrucción del Jefe de Gobierno es un rotundo rechazo a imposiciones federales” en la creación de nuevas gasolineras y más cuando se pretende eliminar normas y reglas establecidas por las autoridades locales en materia ambiental y de seguridad, según publicó el diario Excélsior el pasado mes de enero.
Y abunda la nota del mismo rotativo: “la posición del Gobierno de la Ciudad de México es tajante, es un no a nuevas estaciones de servicio en la ciudad, no vamos a permitir nosotros que bajo este esquema que se refiere de apertura a la competencia económica, en torno a gasolinas en la Ciudad de México, se ponga en riesgo la viabilidad de las personas o que se pueda poner en riesgo la vida de las mismas”, en voz del abogado Granados.
Y la pregunta que nos queda es: ¿permitirá el Congreso de Chihuahua la intervención, a todas luces imprudente y anticonstitucional, de la Cofece en nuestras leyes y reglamentos?
Nadie está en contra de la libre competencia comercial que genera riqueza y mejores precios a los consumidores, siempre que ésta se realice en condiciones de seguridad, salubridad y bienestar para la población en general. Ojalá que el Congreso chihuahuense no vaya a dar de qué hablar en este tema, cediendo a las pretensiones de la Cofece, sin poner en la balanza la seguridad y la salud de todos los chihuahuenses.