LA COLUMNA
De Los Reporteros
La administración de la justicia en Chihuahua tiene perdida la credibilidad más que nunca. Sus resoluciones generalizadas carecen del atributo de confianza porque la cúpula directiva de ese aparato está concentrada en pelear juzgados y salas. De la sierra a Chihuahua y de esta localidad a Ciudad Juárez, la distrofia es alarmante.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJ) , Julio César Jiménez Castro, tal parece que ha optado por nadar de muertito desde que llegó al cargo el 11 de noviembre del año pasado. Sus omisiones señaladas, falta de autoridad y palmaria negligencia han dado paso a la crisis institucional y estructural que sufre el Poder Judicial.
No habla ni decide; quienes lo hacen por él son operadores del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, enfocados en controlar el dinero del Tribunal, en quitar y poner funcionarios, en remover jueces, en auditar salas y en intentar desplazar a todo el pleno del órgano (27 magistrados) mediante un Consejo de la Judicatura de sólo cinco integrantes que ya está listo para entrar en funciones. Así es el nuevo amanecer de la justicia para Chihuahua.
Es indiscutible que Jiménez Castro fue producto de una imposición por parte del gobernador Corral. Prácticamente por la fuerza fue retirado el antecesor, Gabriel Sepúlveda Reyes, socorrido a su vez por el exgobernador César Duarte tanto para obtener el cargo de magistrado como la presidencia del TSJ.
Tanto el hoy presidente como el expresidente surgieron de actos que han denigrado a la institución procuradora de justicia en el estado y han socavado la dignidad de los 27 magistrados y magistradas que integran el pleno del Tribunal, supuestas máximas autoridades del “soberano” Poder Judicial.
El amor propio y pundonor de los togados no ha sido regalado por ellos, ha sido vendido caro a cambio de otra enfermedad que sufre la institución: un nepotismo feroz desde hace décadas cuyo tema debe tratarse independiente.
Duarte usó la fuerza policiaca para desplazar al antecesor de Sepúlveda; Corral amenazó a Sepúlveda con el mismo método. A regañadientes, éste dejó la oficina principal pero inició un proceso legal de defensa en los órganos judiciales federales que todavía no termina. Las monedas de cambio al final del día fueron iguales entre un régimen y el otro.
Lo hecho por Duarte y Corral no es para asustarse, sí para seguir preocupados, hoy alarmados. No hay gobernador que no haya usado a jueces y magistrados cual si fueran sus empleados domésticos las 24 horas del día, los 365 días del año.
No hay una sola orden gritada por los gobernadores que no sea rápida y silenciosamente acatada por los señores y señoras jueces. Por eso hay tortura e injusticias a pasto. Rezagos que asustan. La credibilidad social en ellos es de cero a menos cero.
La gran diferencia hoy con Jiménez Castro es que su limitado talante, su pobre carácter y actitud apocada hayan propiciado una peligrosa crisis en el Poder Judicial no registrada con ninguno de sus antecesores a pesar de las características descritas.
Antes de concluir su régimen, Duarte estuvo en la orilla de imponer a más de 40 jueces. Una cantidad ciertamente sorprendente, pero de octubre a la fecha que inició el régimen encabezado por Corral suman casi 65 jueces provisionales.
Los nuevos juzgadores han sido designados sin facultades para ello con los medios tradicionales de siempre, el “amiguismo”. Caso concreto: la jueza séptima de lo civil, Karla Reyes, exmagistrada provisional duartista y ahora flamante jueza que públicamente reconoce haber sido puesta ahí por su “amigo” el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.
Si eso es pésimo, hay algo peor: la justicia familiar está colapsada. Hay cientos de audiencias para desahogarse en meses cuando se supone que los casos no debieran pasar de una semana. Esta es una de las muchas consecuencias nefastas, que señalan jueces y abogados.
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Las reyertas son muchas por todos los flancos. Frente a la blandura del presidente Jiménez Castro, a quienes se ubica como los jefes de facto del Poder Judicial son al administrador general, Francisco Molina Ruiz; a la secretaria general, Norma Angélica Godínez Chávez y al consejero jurídico del gobierno estatal, Maclovio Murillo Flores, entre los principales.
Cada semana, sin exagerar cada día, surgen noticias propiciadas desde ese entramado de mal manejo y pésimas operaciones. La última es que los magistrados Luis Villegas, Miriam Hernández y Gabriel Ruiz, presentaron sendas peticiones de amparo contra su “cese automático” como integrantes de un Consejo de la Judicatura que…¡no ha entrado en funciones!.
También en el régimen anterior fue creada esa figura del Consejo. Quedó integrado con cinco miembros e iniciaría funciones el primero de enero, pero la nueva legislatura hizo reformas al respecto y ahora hay una nueva Judicatura con atribuciones plenipotenciarias sobre los actuales 27 magistrados. En breve deberá integrarse e iniciar funciones pero con procesos de amparo encima.
Gran parte del desorden administrativo y rezagos iniciaron cuando fueron instalados en sus oficinas la nueva secretaria general y el administrador general. Llegaron desde diciembre sin nombramiento oficial y así permanecieron durante tres meses. El primero de marzo fueron votados por el pleno del Tribunal. Muchas decisiones tomaron en ese tiempo sin tener la autoridad legal para ello.
Durante ese período surgió un movimiento calificado como la “rebelión de los magistrados”. Diez de ellos firmaron un documento exigiendo aclarar la función de los directivos mencionados y señalando “la brutal violación a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la nula operación del Consejo de la Judicatura”. Los signantes fueron Alfredo Fierro, César Ramírez, Otilia Flores, Gabriel Ruiz, Miriam Hernández, Gabriel Sepúlveda, Delia Holguín, Eduardo Filiberto Terrazas, Jorge Ramírez y Luis Villegas.
El 13 de febrero, el área de comunicación social del Tribunal se vio orillada a emitir el boletín informativo número 012/2017 en el que reconoce la polémica relacionada justo con la soberanía
“La rebelión en realidad proviene del impulso de hombres y mujeres, abogados, usuarios y trabajadores del propio Tribunal que hemos tomado como la ética, la honestidad, y el compromiso con la importante tarea de impartir justicia, al librar una batalla sin acometidas violentas para despejar cualquier sombra de subordinación a poderes ajenos al Judicial en aras de nuestra autonomía”.
No transcurrió mucho tiempo para que esas palabras fueran aplastadas por la realidad. El 14 de mayo una comisión del Congreso del Estado, ni siquiera el pleno, decidió intervenir las salas regionales de Parral para llevar a cabo ahí una auditoría, y derivada de la misma, proceder a la ratificación, o no, de los magistrados de las mismas, Otilia Flores Holguín y Gerardo Javier Acosta Barrera.
Ambos magistrados siguen desempeñando sus respectivas funciones pero amparados por la justicia federal. La “auditoría” corrió a cargo de empleados administrativos menores del Congreso.
En idéntica situación de ratificación aparece el magistrado penal de Juárez, Marco Tulio Cano Corral, pero ni el Tribunal ni el Congreso lo sometieron a “revisión” o auditoría alguna, no obstante incluso su involucramiento en un acto delictivo en el año 2000, cuando hubo de su parte atropello y fuga.
Al final de cuentas los tres casos de dichos magistrados, igual que las múltiples pugnas en distintas vertientes descritas, forman parte de la misma pretensión del gobernador Corral y su equipo por dominar al Poder Judicial chihuahuense no solo para ocupar salas y juzgados sino para desarrollar sin obstáculos los procesos penales contra el duartismo entre la Fiscalía General y los juzgadores.
Los duartistas, y quienes no lo sean pero aparezcan como tales a ojos del nuevo amanecer, seguirán resistiendo como lo han hecho hasta ahora; al final de cuentas los únicos perjudicados seguirán siendo los chihuahuenses que se espantarían si revisaran a detalle la radiografía clara y profunda de la ruina que sufre su órgano impartidor de justicia.