Opinion

La ejecución

Sergio Sarmiento

2017-05-11

No es lo mismo saber que los enfrentamientos entre huachicoleros y militares en Palmarito Tochapan, Quecholac, Puebla, causaron la muerte de cuatro soldados y siete civiles que ver videos en los que un militar es abatido por la espalda y un soldado ejecuta con un disparo en la nuca a un presunto delincuente ya sometido.
Los videos que se divulgaron el 10 de mayo proceden de dos cámaras de seguridad en una casa y han sido editados, por lo que no hay certeza de que ofrezcan un panorama completo de lo ocurrido la noche del tres de mayo, cuando un contingente del ejército llevó a cabo un operativo contra la ordeña de ductos en Palmarito. Lo que se ve sugiere que unos soldados fueron emboscados por personas armadas y cuando menos uno cayó muerto en las acciones. Se aprecia también cómo los militares sacan a una persona de una camioneta y la colocan boca abajo en el pavimento, tras lo cual uno le dispara un tiro en la nuca. Los videos exhiben cómo los soldados se percatan de las cámaras y proceden a inhabilitarlas.
No parece haber dudas de que el video registra una ejecución extrajudicial a manos de un soldado. Tampoco, de que la patrulla militar fue atacada y sufrió la baja de un compañero. Los padres del civil ejecutado han declarado que su hijo era un simple campesino, pero el video muestra cómo es bajado de una camioneta BMW aparentemente blindada que lo transportaba con otros hombres y la cual había recibido disparos de los militares con anterioridad. Los soldados aparentemente deshabilitan las cámaras al terminar el episodio, pero no sabemos quién se quedó con los videos y qué tanto de éstos hemos podido ver.
Toda posible institución que pudiera tener jurisdicción está investigando lo acontecido. Lo está haciendo la PGR, pero también la Procuraduría de Puebla. La Fiscalía Militar está realizando su pesquisa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la suya. Esperemos que de todos estos esfuerzos nos den al final una visión clara de lo sucedido.
Mientras el Ejército esté realizando labores de policía, es quizá inevitable que tengamos casos como éste. El propio secretario de defensa ha pedido que se establezcan reglas claras para la actuación de los soldados en su labor de policía, aunque ningún protocolo puede aceptar la ejecución de un sospechoso ya sometido y desarmado. De cualquier manera, los acontecimientos del tres de mayo recalcan la importancia de concluir la Ley de Seguridad Interior. No importa cuáles sean las disposiciones finales, nada es peor que la falta de reglas.
No hay duda, por otra parte, que el gobierno debe asumir una posición más enérgica contra el robo de combustibles. Durante mucho tiempo su actitud ha sido laxa. La ordeña de ductos no se consideraba delito grave, pero además había temor de enfrentar a grupos delincuenciales con fuerte presencia en algunas comunidades. Las autoridades permitieron que se pensara que este robo era un derecho adquirido. Por eso la práctica se ha vuelto tan común y tan costosa.
El soldado que haya cometido la ejecución debe ser castigado, al igual que quienes hayan presenciado el crimen o hayan sido conscientes de él y no lo hayan denunciado. Pero el gobierno debe también esclarecer las reglas con las que los soldados actúan como policías. En mi opinión, las fuerzas armadas deben ser retiradas de esta función, la cual debe ser asumida por una policía profesional. Pero si no hay opción, deben contar con protocolos claros de actuación.

Dogma conservador
La Suprema Corte declinó revisar una medida que impide la emisión de permisos para producir maíz genéticamente modificado. Un dogma conservador e ignorante ha frenado la producción de este maíz en México, lo cual, paradójicamente, sólo ha servido para multiplicar las importaciones.

Twitter: @SergioSarmiento 

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