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Asociaciones deportivas

Cecilia Ester Castañeda/
Escritora | Jueves 11 Mayo 2017 | 00:01:00 hrs

El desacuerdo ante la disposición aprobada por el Cabildo local a fin de que las ligas deportivas funcionen como asociaciones civiles permite analizar las condiciones prevalecientes en Ciudad Juárez de una actividad humana primordial.

Consideremos varios factores. Como sociedad, necesitamos hacer deporte. Los eventos deportivos competitivos ofrecen un espacio de esparcimiento y de vínculo comunitario muy necesario. Se debe fomentar su labor, además de facilitar el desarrollo de las diversas disciplinas. El deporte juarense dista de contar con apoyo generalizado.

Entonces: ¿es justo exigir obligaciones jurídicas a las ligas dedicadas a dichas actividades en aras de transparentar los recursos?. ¿Conviene estar registrado ante Hacienda para aspirar a elevar el nivel de los deportistas locales?. ¿O es la medida de las autoridades municipales un mero intento por controlar eventos potencialmente generadores de ingresos?.

Según publicó El Diario, presidentes de ligas deportivas locales entrevistados coincidieron en desaprobar la medida del cabildo. Varios de ellos la describieron con expresiones como “franco retroceso”, con “motivos que no son válidos”, o estranguladora, de acuerdo con esas opiniones.

Constituir una asociación civil implica varios pasos. Primero se registra el nombre ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a un costo de cientos de pesos. Luego un mínimo de dos socios deben acudir ante notario público para formalizar el acta constitutiva por más de 10 mil pesos.

Después vienen los trámites ante Hacienda, donde se obtiene firma electrónica; se presenta —vía internet— una declaración anual y se puede solicitar autorización a fin de recibir donativos. Los trámites del Servicio de Administración Tributaria son gratuitos, pero, a menos que uno de los socios sea contador público, las asociaciones civiles necesitarán recurrir a un especialista en contabilidad para evitarse sorpresas desagradables. (No, las asociaciones civiles no pagan impuestos si dedican sus ingresos al mismo fin o servicios ofrecidos. Pero tampoco gozan de acceso garantizado a fondos públicos).

Las obligaciones anteriores pueden llegar a parecer “engorrosas” a personas desacostumbradas a ellas. Para una organización conformada informalmente por deportistas aficionados o padres de familia significa que uno o algunos de los miembros asuman la responsabilidad administrativa de guardar los documentos contables, cubrir los gastos y acudir a las oficinas del SAT cuando haga falta. 

La pregunta es si lo anterior resulta necesario o siquiera conveniente.

En Ciudad Juárez, de acuerdo con datos publicados por El Diario, existen 53 ligas deportivas activas y 10 más por establecerse. Supongo que incluyen una heterogénea gama de grupos y disciplinas, desde equipos de trabajadores reunidos cada fin de semana para jugar futbol sin mayor entrenamiento ni contacto hasta conjuntos de atletas de aspiraciones y organización más formales en deportes de costo mayor.

Casi todas las ligas son “financiadas” por sus integrantes o los padres de éstos y buscan el apoyo de patrocinadores. A juzgar por los recurrentes reportes periodísticos de deportistas incapaces de acudir a alguna competencia por falta de recursos, los programas gubernamentales son escasos o destinados a muy pocas disciplinas.

En una situación como ésta, exigir personalidad jurídica a las ligas deportivas sólo dejaría fuera a los atletas de menores posibilidades económicas —precisamente a quienes más benefician las organizaciones—. Peor aún, daría pie a la creación de “asociaciones” formadas por intermediarios dedicados a brindar acceso a los apoyos o permisos municipales a cambio de su parte. 

Estoy es muy delicado, incluso sin contar los presumibles vínculos del alcalde con el negocio de los espectáculos masivos.

El compromiso de una asociación civil —y las mayores posibilidades financieras que ofrece dicho esquema— puede servir para elevar el nivel de los deportes juarenses. Sin duda hace falta un modelo más efectivo. Pero la personalidad jurídica debe adoptarse por decisión propia de un grupo de ciudadanos promotores del deporte, no por imposición de un gobierno aparentemente interesado en controlarlo.

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