Opinion

La gloria o el cadalso político

Francisco Ortiz Bello/
Analista

2017-05-10

Por primera vez desde que iniciaron las investigaciones contra el ex gobernador César Duarte, el actual mandatario estatal, el panista Javier Corral Jurado, reconoce públicamente la existencia de una nómina secreta mediante la cual se pagaba desde el gobierno, con recursos públicos, a diversos personajes de la política estatal, no sólo del PRI, sino incluso de otros partidos políticos. Sin duda alguna, una gran sacudida al avispero político de la entidad.
Por algunos días, las columnas políticas replicaban la especie sobre la existencia de esa "nómina secreta", señalándola como la causa del cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado, tanto al interior de este órgano legislativo, como con el Poder Ejecutivo; sin embargo, era sólo eso, un rumor sin sustento ni fundamento. Hoy el gobernador ha confirmado su existencia.
De acuerdo con las primeras versiones en columnas periodísticas, durante los cateos a propiedades del ex gobernador Duarte, se habrían recuperado documentos que acreditan (según esa primera hipótesis que aparecía poco lógica entonces) el pago de recursos económicos a distintos personajes del PAN, entre ellos la actual alcaldesa Maru Campos, su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, y el ex presidente del partido, Mario Vázquez, para que favorecieran los proyectos y decisiones del ahora prófugo de la justicia.
Hoy, el actual gobernador ha señalado que no sólo era eso, sino que cuantiosos recursos de las finanzas estatales se destinaban a financiar campañas políticas tanto del PRI, como de partidos de oposición, y aunque Corral no ha mencionado nombres, para no entorpecer las investigaciones respectivas, el dicho del mandatario estatal les da fuerza a dichas versiones.
“De hecho, en ese tipo de pagos o desvíos que se hicieron se pagaron muchos actos de campaña y a muchos actores políticos de diversas índoles”, afirmó Corral, incluso enviando un comunicado de prensa sobre este tema.
¿Por qué parecían poco lógicas y sin sustento las primeras versiones de columnas políticas? Primero, si una nómina es secreta ¡Es secreta! es decir, sólo unos cuantos saben de su existencia, sólo los más necesarios. Segundo, no se dejan evidencias documentales de una nómina secreta, y si se hacen, estos se elaboran en claves que sólo algunos, muy pocos, pueden descifrar.
Tercero, si al menos la mitad de lo que se dijo en esas columnas fuera cierto, el gobernador Corral no se hubiera detenido un segundo en proceder penalmente, al menos contra dos de los involucrados, ¡con las ganas que les trae! Cuarto, ya parece que si cualquiera de los mencionados, hubiera recibido dinero del gobierno de Duarte ¡Aceptarían firmar recibos por esas sumas! Sólo faltó decir, en las columnas, que en cada expediente había solicitud de empleo, comprobantes de domicilio y cartas de recomendación.
Bueno, pero las cosas han cambiado. Con las declaraciones del gobernador, confirmando que dichos documentos fueron obtenidos durante los cateos a las propiedades de César Duarte, y la existencia de evidencias que vinculan directamente a personajes de la política estatal, tanto del PRI como de otros partidos políticos, se abre indudablemente una enorme ventana de especulación sobre las consecuencias que traerá dicho hallazgo.
Si es cierto, como se dijo, que en la mentada nómina secreta aparecen nombres como el de Maru Campos, César Jáuregui, Mario Vázquez, Miguel Vallejo, Hortensia Aragón y otros, estaremos ante un escándalo jurídico y político de enormes dimensiones que, justo en la antesala del proceso electoral del 2018, salpicará de desprestigio a todos los partidos políticos, no sólo a los actores con todo lo que eso implica. Y eso incluye al PAN, el partido del gobernador.
Sin embargo, el asunto es aún más complicado de lo que ya parece, al deconocerse el contenido real de dichos documentos, todo lo que se hable al respecto es mera especulación.
Puede ser una lista de nombres con cantidades de dinero relacionadas, pero que en estricto apego a la técnica jurídica no probarían nada, a menos de que existieran testimonios de quienes las entregaron. O pueden ser verdaderas nóminas con nombres, cantidades, conceptos y firmas de quienes recibieron las cantidades, lo cual sigue sonando bastante ilógico, no porque dude yo que se hizo o porque defienda alguna postura, sino porque quien hace algo ilegal de esta naturaleza, lo menos que quiere es dejar pruebas de lo que hizo ¡y menos en papel!
Si todo es chacoteo y no lo prueba el gobernador, entonces será la tumba política del panista. Por el bien de Chihuahua y de los chihuahuenses ojalá que sea lo primero. ¿O es un anzuelo para ver quién se engancha y solitos sueltan la sopa?.

fcortizb@gmail.com

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