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En su punto, negocio por 200 millones

LA COLUMNA
De Los Reporteros | Jueves 11 Mayo 2017 | 00:01:00 hrs

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• En su punto, negocio por 200 millones

• Desaparecido Herrera de Banco Progreso

• Hugo Almada en despacho del gobernador

• Sucesión en UACJ empieza por sindicatos



La segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia está casi lista para audiencia de juicio en un caso que implica la cantidad aproximada a los 200 millones de pesos y la participación de altos personajes públicos del presente y el anterior régimen.

Es un tema que transpira chorros de adrenalina y nervios al por mayor. Los propios lectores podrán sacar sus conclusiones sobre la existencia de mano negra o no tan sólo de pasar su vista por los datos siguientes.

La demanda fue interpuesta a principios del año pasado por la constructora Ingeniería y Diseño Van debido a que la administración estatal anterior no le pagó la cantidad citada por la obra construida (armazón metálica) del entonces flamante nuevo edificio del propio Tribunal de Justicia.

La empresa dejó su caso en manos de un despacho de la Ciudad de México encabezado por los panistas Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez; ahí estuvo como socio César Jáuregui Robles hasta que aceptó convertirse en secretario general de Gobierno, en el actual gobierno de Javier Corral. Los propietarios de la constructora hicieron públicos esos datos desde septiembre del año pasado, un mes antes que iniciara el período del nuevo amanecer.

El proceso de la denuncia está ahora en manos del titular de la segunda sala civil, el magistrado Gabriel Sepúlveda, quien llegó al cargo durante el duartismo; inclusive fue retirado de la presidencia del Poder Judicial al arribar el corralismo. Fue devuelto a su sala.

Quien debe pagar en algún momento, necesariamente, será la Secretaría de Hacienda, sobre cuya jerarquía aparece el secretario de Gobierno, pero la decisión al menos en esta etapa del proceso –que pinta para irse a tribunales federales– está en manos de un innegable duartista como es don Gabriel.

La resolución será polémica, sea cual sea el sentido, lástima que de nuevo se trate de recursos públicos, y no pocos, los que están en medio.

***

Aunque se supone testigo protegido del nuevo amanecer, el exsecretario de Hacienda durante el sexenio anterior, Jaime Herrera Corral, ha dejado de asistir a las reuniones de los martes que llevan a cabo en Delicias los directivos del Banco Progreso y/o Unión de Crédito Progreso.

El nombre de Herrera aparece junto con el del exgobernador, César Duarte, en la denuncia penal que interpusieron en su contra desde el 2014 el ahora gobernador, Javier Corral y el activista, Jaime García Chávez; ambos representaban entonces a la Unión Ciudadana que luego enfilaría la campaña de Corral hacia la gubernatura.

En aquel tiempo el tema de Progreso constituía el platillo fuerte de la corrupción señalada por el dúo Corral-García. Sesenta y cinco millones de pesos en “inversión” ahí de Duarte y más de 80 mil millones del gobierno estatal “pasados por agua” en dicha institución crediticia con sede en Delicias.

Más de 100 millones pagó entre el 2015 y 2016 de intereses el Estado a Progreso, del que fue o sigue siendo directivo el exsecretario Herrera. Su paradero es un enigma para los socios.

***

Este jueves deberá ser lanzada la convocatoria para renovar la dirigencia del sindicato administrativo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Alejandro Martínez Luján concluye su período de cuatro años. Nos dicen que anda dispuesto al sacrificio con la reelección.

Esa agrupación sindical congrega a cerca de mil 500 trabajadores universitarios. Su dirigencia es importante en los procesos de renovación de Rectoría. Tiene ese nivel de importancia junto con los sindicatos académicos de Ciencias Sociales y Administrativas, Arquitectura y Diseño, Biomédicas e Ingeniería y Tecnología.

El año próximo concluye su período el rector, Ricardo Duarte Jáquez, así que la ebullición en los sindicatos es fuerte aunque sepamos que al final de cuentas el dedazo pueda tumbar cualquier intento democrático. Sólo faltan de renovar mesas directivas Biomédicas y el sindicato administrativo.

Sabemos que Alejandro Martínez estaría enfrentando a Héctor Juárez, a Alfredo Chávez, y posiblemente a una candidata del equipo del doctor Víctor Orozco, que no se pierde baile de ese tipo, con o sin invitación.

Hoy conoceremos el contenido de la convocatoria y estaremos en posibilidad de interpretar si contiene vitaminas especiales o totales para cualquiera de los aspirantes.

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Debe estar por terminar el sufridero de Hugo Almada Mireles como subsecretario de Desarrollo Social en esta frontera. Supimos que el martes subió presuroso las escaleras de Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua y encaminó sus pasos al primer piso, donde tiene su despacho principal el gobernador, Javier Corral Jurado. El acuerdo habría sido una reubicación.

Almada explicó profusamente a Corral origen y detalles sobre el mentado “análisis de medios” elaborado por supuestos oficiosos del área regional de comunicación social pero con cargo al propio Almada y a su muchacho vocero, Gamaliel Carrasco, que ninguna vela tuvo en el entierro.

Esa crisis la superó Hugo con el “respaldo” del portavoz estatal, Antonio Pinedo; y con la ayudadota del propio gobernador Corral, que aprovechó la recta para exculpar a su régimen de ese análisis y señalar de nuevo a los medios con “influencia del duartismo”.

Lo que no superó Hugo fue la “imposibilidad de hacer equipo” con la mayoría de los coordinadores de la Subsecretaría que, como lo dijo él mismo en su posicionamiento del ocho de mayo, presionaron para su renuncia. Le metieron de todo en los argumentos, hasta supuesto acoso laboral.

La envidiada Subsecretaría es disputada por cualquiera de los cinco coordinadores y hasta por una exdirectora del Celiderh, gente cercana a Miguel Fernández y el Plan Estratégico.

***

Otra funcionaria que sigue sin alcanzar reposo tras la “renunciada” que le pegaron sin aviso de por medio es la subsecretaria de Cultura, Áustria Galindo.

Ella consiguió lanzar toda la caballería del apellido contra su jefa la secretaria estatal de Cultura, Agueda Lozano, y evitó quedar fuera del cargo pero en las áreas administrativas tomaron tan en serio la separación que no la han devuelto a la nómina; simple y sencillamente no le han pagado su salario.

Ese dato ha llamado la atención de empleados de la Subsecretaría porque estaría quedando la insufrible duda: quedó firme en su cargo o no. ¿El gobernador dijo sí y Águeda dijo no, o cómo estuvo el asunto?. ¿O se trata de una mera pata metida por los administradores?.

***

Hoy abordará la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el tema del magistrado penal regional con sede en Juárez, Marco Tulio Cano Corral, del que hemos hablado antes –ayer incluido– en este espacio.

Los representantes de los partidos políticos en el órgano legislativo pedirán a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que vaya preparando el dictamen sobre la ratificación, o no, del magistrado Cano. La votación en el pleno debe ser antes del 21 de mayo.

Esa votación no escapa a los ruidosos conflictos internos que viven el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado y los partidos políticos en su relación –su mala relación– con el Poder Ejecutivo estatal jefaturado por Javier Corral.

Marco Tulio aparece en bando contrario a la mayoría que controla el Congreso. Necesita las dos terceras partes de los 33 diputados para confiar en la ratificación. Otros dos magistrados, con salas en Parral, Gerardo Acosta y Otilia Flores, aparecen en situación similar a la de Cano pero están sujetos a una auditoría por parte de órganos administrativos del propio Congreso con la clara intención de impedir su ratificación (andan en proceso de amparo).

Otros tres magistrados –Luis Villegas, Miriam Hernández y Gabriel Ruiz– iniciaron un litigio jurídico por la reforma a la ley del Consejo de la Judicatura, un tema que está pasando a un Tribunal Colegiado de Circuito...etc, etc.

Todo el problema se reduce a un duelo entre estructuras que fueron armadas desde el sexenio anterior contra los del nuevo régimen. Caso por caso nos llevaría muchas páginas.

El costo de la crisis institucional sin duda es para los chihuahuenses.

***

La noche del martes hubo pachangón en una granja chihuahuita. Festejaron sus amigos a la juarense exdiputada y actual administradora de los dineros del Congreso del Estado, Daniela Álvarez. La coperacha entre los asistentes fue de mil pesillos.

Estuvieron algunos diputados y muchos amigos de la ciudad de Chihuahua pero ni por error se aparecieron ahí sus principales tutores políticos, la alcaldesa Maru Campos ni su secretario del ayuntamiento, César Jáuregui. El miedo al nuevo amanecer no es poco. Daniela está en la lista para ser desplazada del Congreso.


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