Sergio Pacheco González/
Analista
En las últimas semanas la pretensión de un centro comercial por imponer a sus clientes y visitantes un cobro por el uso de estacionamiento, así como la propuesta discutida en Cabildo para implementar acciones que impidan a parqueros cometer abusos sobre las personas que hacen uso de la vía pública, en zonas donde operan diversos comercios e incluso espacios deportivos, requiere ser abordada desde una perspectiva más amplia.
Por una parte, se encuentra la dimensión legal. En este ámbito, el Reglamento para la operación de los estacionamientos públicos y privados en el municipio de Juárez, estado de Chihuahua es claro: “Aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos en todo tipo de unidades habitacionales, comerciales y de servicio, dedicadas a cubrir las necesidades propias de la actividad que se desarrolla, educativa, social, comercial, empresarial o particular, el que será otorgado de manera gratuita y podrá ser controlado por cualquier medio”.
Con relación a las condiciones en que ejercen su actividad los parqueros, no hay tal claridad. Existen aquellos que se encuentran afiliados a alguna organización como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), así como quienes realizan su actividad con la autorización de los propietarios de los locales y/o plazas comerciales.
Sus condiciones laborales son propias del trabajador informal, sin protección social y con inestabilidad en el empleo, sujetos a las determinaciones de los líderes y de los directivos de los centros comerciales. No poseen un contrato, más tienen al menos dos patrones.
De hecho, las organizaciones y el municipio han tratado de regular de alguna manera el ejercicio de esta actividad, pensando en la seguridad de las personas que hacen uso del servicio, exigiendo se registren en un padrón y porten uniforme, mismo que los parqueros deben adquirir, así sea en pagos semanales, gracias al financiamiento de la organización a la que pertenecen. Existen argumentos para ello: el cobro excesivo que en algunos casos se realiza, así como la apropiación de la vía pública que algunos hacen en eventos como graduaciones, espectáculos artísticos o deportivos, y en centros de esparcimiento.
En ambos casos se discute sobre lo visible, lo evidente. En uno, en una postura que parece ser mayoritaria, se argumenta lo incongruente que resulta para el cliente/usuario, tener que pagar para poder acceder a una plaza comercial a realizar compras o pagar servicios. Los comercios responden a intereses privados, los servicios al ámbito público.
En el pasado reciente, para ambos beneficiarios, así como para sectores de la ciudadanía, el establecimiento de un cobro por el uso de estacionamiento era una medida útil y necesaria ante las condiciones de inseguridad que se presentaban en todo el municipio.
El beneficio económico que de esta medida se obtenía no se discutía, no se cuestionaba o se aceptaba como un mal menor. La ciudadanía optaba por proveerse lo que las autoridades no proveían: seguridad. O al menos, un argumento para generar una percepción de menor inseguridad.
No es la misma situación la que se presenta en el llamado corredor seguro de la anterior carretera Juárez-Porvenir, hoy boulevard Gómez Morín. Ideado con el objetivo de “generar un ambiente de seguridad y confianza en los corredores comerciales definidos, que motive a clientes y visitantes a acudir a los negocios establecidos en dichos corredores”, surge con serias limitaciones en el tema que se comenta.
En primer lugar, la concentración de bares y otros giros comerciales sin contar con los espacios de estacionamiento necesarios, favoreció las actividades de los parqueros, de tal suerte que entre las medidas contempladas por sus promotores se encontraba la propuesta de realizar un Programa de certificación de parqueros.
En el segundo caso, lo que no se visibiliza es, como en el caso anterior, ¿quiénes se benefician del trabajo de los parqueros y de la administración irregular e informal del espacio público? Evidentemente, esto no es posible sin la participación de los actores visibles. No lo es, sin la aceptación u omisión por parte de la ciudadanía. Y cuando ésta se manifiesta, por la carencia de respuesta por parte de la autoridad.
Hasta este momento, ante las acciones realizadas por el centro comercial que apuntan a establecer un cobro por el uso de estacionamiento, las autoridades gubernamentales han manifestado ajustar su actuación a lo dispuesto por el reglamento respectivo. Que así sea y que de paso, volteen a ver a los otros actores en la administración del espacio público.
sergio.pacheco@uacj.mx