Huachicoleros

Sergio Sarmiento

No es ya una simple lucha contra una actividad delincuencial. Las autoridades se enfrentan cada vez más a grupos que exigen que se respete el derecho a robar.
Este 4 de mayo algunos grupos de huachicoleros, ladrones de combustible, se enfrentaron en distintos momentos en Palmarito de Tochapan, municipio de Quecholac, con soldados que llevaban a cabo operativos en el Triángulo Rojo de Puebla, donde el robo de combustible se ha convertido en una actividad habitual, incluso comunitaria. Un grupo bloqueó durante cinco horas la autopista Puebla-Orizaba en protesta por la desaparición de 14 personas, detenidas por su probable participación en los ataques a militares, mientras exigía el retiro del ejército de la zona y la terminación de los operativos contra los huachicoleros. En los enfrentamientos murieron ese día cuatro militares y seis civiles.
Los huachicoleros han asumido la posición de que el robo de combustible de los ductos es un derecho. La actividad, en efecto, se ha convertido en una supuesta expresión de los usos y costumbres de las comunidades del Triángulo Rojo, lugar donde se concentra esta actividad que deja miles de millones de pesos al año en pérdidas a Pemex y al país.
El presidente Enrique Peña Nieto señaló el 5 de mayo que “trabajaremos de cerca con las autoridades del gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos hasta desmantelar por completo a las bandas delictivas. El robo de combustible. es un delito. Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades”.
No todos piensan así en el medio político mexicano. Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado las acciones del gobierno para evitar los robos. “Esta estrategia del uso de la fuerza para resolver los problemas sociales lo que hace es agravar más las cosas y producir sufrimiento y dolor”, declaró el 6 de mayo en Chilpancingo, Guerrero. Meses atrás el candidato presidencial de Morena había justificado los saqueos de trenes en Irapuato al expresar en Twitter el 16 de octubre: “En vez de acabar con la corrupción y combatir la pobreza, mandan mil soldados a Irapuato para enfrentar a los que roban trenes por necesidad”.
La verdad es que ningún Estado puede darse el lujo de permitir los robos “por necesidad” o por “derecho adquirido”. Si cualquiera tiene permiso para perforar un ducto de petróleo para sacar combustible y revenderlo por su cuenta, dejará de haber inversión productiva en el transporte de combustible y los ductos quedarán vacíos. No sólo los huachicoleros no tendrán ya combustible que robar, sino que decenas de miles de trabajadores de Pemex perderán su empleo y muchas otras empresas se verán obligadas a cerrar las puertas por falta de combustible. El costo económico y social de legalizar el robo sería tan grande que ni siquiera un gobierno encabezado por López Obrador podría permitirlo.
El Estado mexicano, sin embargo, se ha tomado demasiado tiempo en reaccionar con fuerza al robo de combustible. Llama la atención que el presidente Peña Nieto diga ahora que “trabajaremos” –en futuro– para combatir el robo de combustible. Quizá era inevitable que las comunidades pensaran que tenían realmente el derecho de tomar ese maná que circula en ductos. Si desde el primer momento el Estado hubiera actuado con vigor, no estaríamos viendo a huachicoleros que consideran que pueden hasta matar para preservar su derecho a ordeñar ductos.

Del Mazo y Antorcha

El priista Alfredo del Mazo se comprometió este 6 de mayo con Antorcha Campesina en Texcoco a “seguir luchando por sus causas”. Esta organización se dedica a invadir tierras y a exigir su regularización con marchas. Aquiles Córdova, dirigente de Antorcha, advirtió a Del Mazo que, si no cumple, los antorchistas se movilizarán para reclamar los acuerdos.

Twitter: @SergioSarmiento