Jesús Antonio Camarillo/
Académico
Hace ya varios años se vendió la idea de que los nuevos procedimientos orales en materia penal traerían aparejado el inicio de nuevos tiempos en materia de procuración e impartición de la justicia.
Chihuahua presumió hasta el cansancio ser pionera a nivel nacional en la incorporación de “novedosas” fórmulas procedimentales. En realidad, en estricto sentido, los esquemas no eran del todo incipientes, pero anunciaban el tránsito de un presunto sistema anquilosado hacia otro, al que se le adscribieron bondades y atributos casi absolutos.
Como en Chihuahua, tanto a nivel federal como en el ámbito de diversas entidades federativas, se receptó la fórmula mágica. Una de las promesas aparejadas con la implementación de los nuevos sistemas fue el de la reducción y en algunos casos hasta la extinción de la impunidad, así como la desaparición de viejas y deleznables prácticas, entre las cuales, la tortura representaba el mecanismo que aceitaba la primitiva maquinaria persecutoria e inquisitiva.
Sucedió entonces que llegaron los nuevos sistemas de impartición de justicia y la tortura no desapareció. Se quedó allí, coexistiendo con la presunta modernidad procedimental, nutriéndola y quizá burlándose de sus cacaraqueadas bondades.
Tan sólo desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta el 31 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 4 mil 404 quejas en contra de diversas autoridades tanto federales como estatales por la comisión de tortura. Paradójicamente, el inicio del periodo de esta estadística, coincide con la puesta en marcha de los preparativos para el inicio de la “nueva era” en materia de prosecución judicial y también con la guerra contra el narcotráfico de Calderón.
Por supuesta, no se afirma que la tortura sea un engendro de los nuevos procedimientos, sino solamente se intenta hacer hincapié en que ésta ha coexistido tanto con los periodos típicamente inquisitivos como en los denominados “acusatorios”.
La práctica de la tortura pues, parecería un mal que está pegado a algún núcleo vital de la sustancia y manera de resolver los conflictos por parte del Estado.
Precisamente por ello y sin pensar que la promulgación de un conjunto de normas vayan a resolver de tajo tan delicada problemática, el que el Senado haya aprobado por unanimidad una nueva normatividad que busca encarar el problema representa un avance, cuyos efectos y resultados en mucho dependerán de la eficacia y eficiencia de la norma y no de su mera promulgación.
Aunque en el mundo de las convenciones y tratados internacionales la prohibición de la tortura se explicita desde hace muchos años, no está demás una ley interna que recuerde que ésta debe estar proscrita y que no habrá medio probatorio llevado al proceso y al que se le adscriba valor alguno, si tiene su origen en ella.
Asimismo, la ley busca armonizar diversas disposiciones sobre supuestos de responsabilidad penal por parte de las autoridades, tratando de aminorar la impunidad con la que, con frecuencia, operan los superiores jerárquicos de quienes materialmente ejecutan el acto de la tortura.
Se busca también garantizar que los operadores imputados no interfieran en la investigación sobre las causas penales que se abran en su contra.
Las normas pronto entrarán en vigor. Queda la duda sobre si la tortura finalmente será desterrada. Convalidada históricamente por gobernantes y jefes militares de todos los tiempos; es un cáncer que queremos pensar no llegó para quedarse.