La expropiación

Sergio Sarmiento

“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización."
Artículo 27 de la Constitución

Ciudad de México.– La expropiación no fue inventada para castigar a corruptos o a enemigos de algún régimen. Su propósito es tomar propiedades privadas previa indemnización para un propósito de utilidad pública. Es verdad que un gobierno puede quedarse con una propiedad adquirida con recursos ilícitos a través de la extinción de dominio, pero para eso hay que llevar a cabo primero un proceso legal en el que se demuestre el delito. Esto no ocurrió antes de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunciara este 23 de abril la expropiación de una casa en Tlacotalpan que supuestamente fue adquirida por Javier Duarte a través de un "prestanombres". La casa, dijo Yunes, "ahora ya es patrimonio del pueblo de Veracruz y será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de la Cultura". Yunes no mencionó la indemnización que la Constitución señala como necesaria para cualquier expropiación. Tampoco justificó la utilidad pública de la acción, lo cual es igualmente un requisito constitución ineludible. Más bien, habló de la expropiación como un acto de justicia. "Tenemos que recuperar los bienes y el recurso que se llevó Javier Duarte y su banda (sic) –dijo–. Me comprometí a hacer justicia y estoy cumpliendo." El problema es que la expropiación no puede, no debe ser un arma de justicia y mucho menos de venganza política. La expropiación sin indemnización y sin causa de utilidad pública es una simple confiscación. A todos los mexicanos nos debe preocupar que el gobierno empiece a apoderarse de propiedades privadas por razones políticas. La confiscación de Tlacotalpan es más cuestionable si se considera que la propiedad ni siquiera es de Javier Duarte. El propietario es un prestanombres, dice el gobernador; y quizá sea cierto, pero primero habría que probarlo ante un juez. Yunes me dijo ayer en una entrevista que está seguro que los dueños no van a cuestionar la expropiación. Añadió que no piensa que el gobierno tendrá que indemnizar a los dueños, pero que si lo hace será a valor catastral, lo cual sería un 5 o un 10 por ciento apenas del valor de la propiedad. Seguir otros procedimientos legales, declaró, sería muy prolongado. Habrá que ver si realmente los dueños no combaten la expropiación, pero que el gobierno esté pensando en no indemnizar es indicativo de que estamos en presencia de una confiscación. Por otra parte, que se paguen indemnizaciones a precios catastrales que sólo representan un 5 o un 10 por ciento del valor real de la propiedad revela que las expropiaciones se han convertido efectivamente en un arma de los gobiernos para confiscar propiedades privadas. Hay buenas razones para pensar que Javier Duarte se enriqueció de manera indebida como gobernador de Veracruz. Las autoridades han estado justificadas en ejercer acción penal contra él y en estar buscando su extradición desde Guatemala. El gobierno puede buscar la extinción de dominio de las propiedades que Duarte posea directamente o a través de prestanombres, pero debe hacerlo de manera legal, aunque el proceso sea prolongado. Usar la expropiación para despojar a un supuesto prestanombres de sus propiedades nos pone en peligro a todos. Un gobierno no hace justicia a través de la injusticia. Esperemos que en el afán de castigar a Duarte no se olvide que todo acusado es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Castigar a una persona antes de juzgarla es un pésimo precedente.

Medio millón
Un video publicado ayer por El Universal muestra a una precandidata de Morena, Eva Cadena, de Las Choapas, Veracruz, recibiendo medio millón de pesos en efectivo que supuestamente debe entregar a Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver cómo explican el video.