Elisabeth Malkin/The New York Times
2017-04-22
Nueva York— Cuando las autoridades le dieron alcance en un hotel a la orilla de un lago en Guatemala el fin de semana pasado, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fugitivo, se entregó tranquilamente.
Menos de una semana antes, la policía italiana había rodeado a otro exgobernador mexicano, a Tomás Yarrington, (de Tamaulipas) cuando estaba terminando de cenar en un restaurante en la plaza Florentine, con lo que concluyeron cinco años de estar huyendo.
Por lo menos otros tres exgobernadores están desaparecidos y se está investigando a más de media docena o están peleando el proceso judicial por cargos de corrupción. Cualesquiera que sean las acusaciones, los gobernadores en esta galería de pillos comparten al menos una característica: todos se comportaron como si fueran intocables.
“Las décadas de impunidad han generado un nivel de audacia y ridiculez que nunca hemos visto en México”, comentó Max Kaiser, un experto en anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad, una organización de investigación.
Este exceso es más público que nunca antes, y está empujando a los mexicanos al límite de su aguante.
Los ciudadanos empoderados, las leyes de transparencia y los medios más libres están exponiendo ahora las argucias que han usado a efecto de extraer fondos para uso privado. Sin embargo, aun cuando el escrutinio ha producido cada vez más evidencias de las fechorías, han sido raras las veces en las que los mandatarios se han enfrentado a la justicia.
Los gobernadores, cuyas gestiones, al igual que las de los presidentes, son de seis años, controlan a los congresos, las auditorías y los fiscales estatales, lo cual es un dominio que les da el poder de un potentado moderno.
Eso deja a los fiscales federales perseguir los delitos, pero la respuesta ha sido tibia.
“En la mayoría de los casos, no llega más allá de una queja o una orden de aprehensión”, notó María Amparo Casar, la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de activistas.
Los gobernadores “saben lo alto que es el nivel de
impunidad”, dijo
Casar, con cuya
investigación ha
encontrado que de
42 gobernadores de quienes se sospecha que son corruptos desde el 2000, sólo se investigó a 17. Antes de las detenciones más recientes, sólo tres estaban en la cárcel.
“Saben que es la gente que está abajo” la que será el chivo expiatorio, dijo. “O que el fiscal no podrá armar una buena causa o que se puede sobornar al juez”.
De todos los gobernadores, Duarte, del estado de Veracruz, en la costa del golfo, se ha convertido en el emblema de los dirigentes estatales corruptos del país, en particular, los del Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, del presidente Enrique Peña Nieto.
A Yarrington, el exgobernador detenido en Italia, lo buscaban tanto México como Estados Unidos, y está acusado de aceptar sobornos de los cárteles de la droga para permitirles reinar libremente en su estado, Tamaulipas, que tiene frontera con Texas en la costa del golfo.
Su sucesor, Eugenio Hernández, también militante del PRI, enfrenta cargos por lavado de dinero en Estados Unidos. No se le ha visto en público desde junio.
En Nuevo León, el centro manufacturero en el norte de México, el exgobernador Rodrigo Medina es hombre libre, mientras un juzgado revisa los cargos de malversación y otros en su contra.
Sin embargo, ningún partido político es inmune.
Guillermo Padrés, quien gobernó el estado de Sonora, en la frontera noroeste, era del partido de oposición, el de Acción Nacional, estuvo en la cárcel y se defiende él mismo de los cargos de haber desviado fondos públicos a los negocios de la familia.
Aun antes de que le levantaran los cargos por corrupción el año pasado, no obstante, los habitantes del desértico estado que gobernó Padrés estaban impactados al enterarse de que había construido una presa ilegal en su rancho para irrigar su huerto de nogales comerciales.
La indignación por la corrupción finalmente empujó al Congreso para que el año pasado estuviera de acuerdo en un paquete de nuevas leyes contra la corrupción. Una comisión de ciudadanos, a la cual se juramentó este mes, supervisará qué tan bien se hacen cumplir esas leyes.
Sin embargo, se llevará tiempo para que surtan efecto. Entre tanto, algunos de la élite política han encontrado al menos una forma de sabotear las leyes: el Congreso ha retrasado el nombramiento del fiscal anticorrupción.
Y los activistas que impulsaron los cambios dicen que se han convertido en blancos. Han recibido amenazadas por medio de textos, y se han cuestionado sus motivos en las columnas de los periódicos. Este mes, se robaron las computadoras de las oficinas centrales de Causa en Común, una organización anticorrupción. Los auditores fiscales han aparecido en varias organizaciones.
Por ahora, las aprehensiones de Duarte y Yarrington le dan al gobierno de Peña Nieto una oportunidad de adjudicarse dos golpes decisivos en contra de la corrupción —aun cuando se les detuvo a los dos en el extranjero—. El momento fue afortunado porque se dio al inicio de una temporada electorado en la que un gobierno limpio es una demanda muy importante del electorado.
En junio, el Estado de México, del que es originario Peña Nieto, elegirá a un nuevo gobernador en una contienda que se ve ampliamente como un barómetro en anticipación de las elecciones generales del año próximo. El estado es un bastión del PRI.
A pesar de tener una carrera temprana entre algunos de los personajes más corruptos del PRI, Peña Nieto ganó la presidencia en el 2012 con la promesa de encabezar a una nueva generación en su partido. Entre los gobernadores a los que elogió como compañeros reformistas estaba Duarte.
Unas elecciones cambiaron la suerte del veracruzano. En junio, el PRI perdió la gubernatura en seis estados, incluido Veracruz, frente a la oposición.
De pronto, Duarte era un paria en su partido, lo que despejó el camino del Gobierno federal para investigar. Al darse cuenta de que se le había acabado el tiempo, Duarte desapareció en octubre, una semana antes de que un juez obsequiara la orden de aprehensión por cargos de crimen organizado y malversación de fondos públicos.
Desde entonces, dos exgobernadores priistas de estados que quedaron en manos de la oposición han seguido su ejemplo.
El mes pasado, el nuevo gobernador de Chihuahua anunció que su predecesor, César Duarte, había cruzado subrepticiamente la frontera a El Paso, Texas, para evadir una investigación estatal sobre malversación de fondos públicos. César Duarte, quien no tiene parentesco con el exgobernador de Veracruz, ha dicho que es inocente.
En Quintana Roo, donde está ubicado el centro vacacional Cancún, no se puede encontrar al exgobernador Roberto Borge por ninguna parte.
En su caso, la primera advertencia provino de organizaciones de ciudadanos cuyas investigaciones descubrieron elaboradas maquinaciones para enriquecer a familiares y amistades de Borge. En un ardid, la junta de relaciones laborales del estado asignó sanciones enormes por reclamos salariales que presentaron empleados fantasmas.
Borge también le vendió terrenos públicos a su madre, su abogado y sus amigos por una fracción de su valor. Si bien la Procuraduría General ha confiscado 25 de esas propiedades, no se ha emitido ninguna orden de aprehensión en contra de Borge, quien se cree que está en Estados Unidos.
La organización local de activistas que pasó años buscando evidencias de las ventas de terrenos teme que Borge nunca rendirá cuentas.
“Nunca esperaron que iban a perder y por eso es que eran tan descarados”, dijo Fabiola Cortés, la directora de la organización Somos tus Ojos. “Estaban seguros de que habría continuidad. Tenían el control de la prensa y compraron los votos”.
Cortés, quien ha buscado la protección del Gobierno federal con un programa para proteger a periodistas porque ha recibido amenazas, dijo que la Procuraduría General se está moviendo lentamente.
“No pueden sólo estar ahí parados, de brazos cruzados”, notó. “Pero sería un suicidio para ellos decir que los gobernadores priistas son corruptos”.
En cambio, dijo, “están dando pasitos antes de las elecciones”.