Opinion

Nada de muertito en juicio político

LA COLUMNA
De Los Reporteros

2017-04-21

– Sentimientos encontrados por Duarte
– Deja solo PRI el Yáñez vs Cabada
– Ni Victoria Caraveo en el contrapeso

En términos algo coloquiales podemos decir que la presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez, ha nadado de muertito para no turnar a comisiones un documento muy espinoso para ella y su equipo.
Se trata de la solicitud de juicio político interpuesta hace ya casi 15 días por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Luis Villegas Montes, contra el presidente de dicho órgano, Julio César Jiménez Castro, y los diputados panistas integrantes de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Citlallic Portillo Hidalgo, Laura Mónica Marín Franco y Miguel Francisco Latorre Sáenz.
Todos ellos pueden ser amonestados y hasta inhabilitados políticamente si prospera la petición del magistrado Villegas.
Son acusados de intervenir ilegalmente en las salas regionales del Tribunal de Justicia en Parral hace poco más de un mes. Personal administrativo del Congreso del Estado, bajo la orden de los diputados mencionados, incursionó en las salas y auditó su papelería administrativa y jurisdiccional.
Blanquita ha hecho mutis por mera maldita conveniencia. Ella pertenece al equipo del gobernador, Javier Corral, donde necesitan las dos salas de Parral para entregarlas a sus afines. Eso es todo el objetivo.
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La otra parte del espinoso tema es la guerra al interior de Poder Judicial. Para los conocedores de esa entraña queda claro que a Parral desea el ‘nuevo amanecer’ instalar como magistrada a la secretaria general del Tribunal, Norma Angélica Godínez con cargo a cualquiera de los dos magistrados “auditados” allá, Otilia Flores Anguiano y Gerardo Javier Acosta Barrera.
Norma Angélica fue colocada en el órgano judicial apenas a principios de este año, junto con el director administrativo, Francisco “Paco” Molina Ruiz, operador en primera línea de Palacio de Gobierno.
En el Congreso del Estado y aun en el propio Tribunal hay fuertes bandos a favor de Palacio pero también en contra. El magistrado Luis Villegas es sólo uno de la docena que tiene en contra el gobernador Corral, también en el Congreso las fuerzas están divididas.
Los contrarios a Palacio ya le echaron el ojo al magistrado penal de Juárez, Marco Tulio Cano, quien deberá ser ratificado en su sala el mes entrante pero en el Congreso no tiene los votos para conseguirlo debido a la reyerta... Y así seguirán.
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Los veracruzanos que habitan en Juárez –por arriba de los 200 mil– deben tener sentimientos encontrados con la detención y maltrato físico sufridos en Guatemala por el exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa.
Por una parte festejarán la aprehensión de un individuo que puede contarse entre los grandes culpables de que ellos hayan debido salir de sus poblaciones en busca de mejores condiciones de vida arrebatadas allá por el abuso y corrupción multimillonaria.
Por otro lado esa detención no significa la posibilidad de regreso a sus lugares de origen para seguir conviviendo con sus seres queridos. Tampoco el encarcelamiento producirá el milagro que favorezca la estancia de sus familiares en Veracruz.
Javier Duarte nunca recordó que en Juárez había sido creada una Casa del Veracruzano porque estaba muy ocupado creando empresas fantasmas para robarse el dinero de sus gobernados y dejarlos literalmente en calidad de muertos de hambre.
El exgobernador chihuahuense, César Duarte, —hoy prófugo— estuvo al menos dos veces entre 2015 y 2016 en Veracruz; presumía su buena relación con su tocayo de apellido pero eso no se tradujo en un peso de apoyo para los juarochos adoptados en esta frontera generosa. Es agridulce para ellos la noticia.
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Los regidores afines al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento “autorizaron” realizar un exhorto al rector de la UACH, Luis Alberto Fierro, para que “sancione de manera ejemplar” a los catedráticos de esa casa de estudios que estuvieron incluidos en la nómina de la Sindicatura, sin que se presentaran a laborar. Desde luego la intención es mortificar al síndico, Aarón Yáñez, quien anda en el ring contra Cabada y su equipo sin el apoyo ni de la lideresa del PRI municipal, Mayra Chávez.
Fue este punto de acuerdo el que más escozor causó entre los presentes a la sesión de Cabildo del jueves porque, de alguna manera, con la misma renuncia de los mencionados cuando se hizo público el tema, y sin que hubiese un reconocimiento explícito de los mismos, casi fue como aceptar la culpabilidad de ser “aviadores” de la Sindicatura, lo que, en automático, constituye un daño al patrimonio municipal.
Ahí fue donde los regidores y el alcalde Cabada remolinearon el dedo con singular placer hasta hacer “más sangrita”, al acusar a Aarón de ocasionar un desfalco a las finanzas municipales, siendo precisamente el encargado de cuidarlas. Definitivo, la del jueves, no fue la noche de Yáñez Limas.
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El asunto de IntelliSwitch amenaza con hacer estragos también al interior de la administración municipal, ya que evidenció una clara negligencia y falta de pericia de la contralora municipal, la panista Flor Karina Cuevas.
Resulta que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por la administración municipal, está basada en dictámenes y auditorías realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, y no por la Contraloría municipal, ya que, ante la tardanza de Flor para integrar los respectivos expedientes, el alcalde decidió recurrir a sus asesores chilangos para el trabajito.
De ahí que incluso, en la primera lista negra de funcionarios municipales involucrados en el supuesto fraude de IntelliSwitch, apareciera como indiciado el exregidor panista José Márquez Puentes, cuando en realidad debería ir en calidad de testigo y no de acusado, dicen.
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Comentan en los pasillos de la Presidencia Municipal, cada vez con mayor fuerza, que el amigo personal del presidente y hoy flamante director del Instituto Municipal del Deporte, Francisco Ibarra Molina, tiene los días contados al frente de esa dependencia.
El rumor que llega de un lado y de otro, es porque Ibarra se ha convertido en un verdadero chivo en cristalería, descomponiendo todo al interior del gabinete presidencial, contraponiéndose con los demás directores y tomando acciones y decisiones que, lejos de favorecer al alcalde, eventualmente, lo meterán en más problemas de los que ya tiene.
El exempresario radiofónico y deportivo, caído hoy en franca bancarrota, no ha sabido agradecer y aprovechar el aprecio del alcalde, su amigo y compadre, y se ha dedicado a grillar desde una posición poco propicia para ello, pero que ya tiene muy incómodos a varios de los directores, quienes no atinan a informarle a Cabada de las travesuras de su amigo Paco.
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La jefa moral de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción, Vicky Caraveo, no ha sido vista en las actividades recientes de esa agrupación de voluntarios que, dicha sea la verdad, no despega el vuelo como para preocupar a los regímenes municipal, estatal y hasta federal en turno.
Pocos juarenses se han sumado a la Fiscalía. Durante la aprobación fast track de la privatización del alumbrado público por parte del régimen municipal independiente liderado por Armando Cabada, arribaron a la protesta unos cuantos ciudadanos encabezados por el de siempre, José Luis “El Puma” Rodríguez. No fueron tomados en cuenta.
Caraveo así como aparece desaparece. Su fuerza es indiscutible pero da la impresión que se ha desinflado durante los últimos años, y más los últimos meses tras ser abandonada su candidatura a la alcaldía por el partido que la invitó a ser su abanderada, Acción Nacional.
El contrapeso ciudadano frente a las acciones de los gobiernos prácticamente es nulo. Fue patente con el tema del alumbrado donde sólo los intereses del Gobierno municipal independiente fueron objeto de consulta. Nadie más. La cuchara para despacharse seguirá siendo grande, por lo tanto.

 

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