De bonos y compensaciones

Gerardo Cortinas Murra

Al igual que la
 corrupción , la 
inmoralidad política de los actuales 
funcionarios estatales se exhibe día con día. En esta ocasión, le tocó al secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, al haber aceptado —impúdicamente— un bono salarial mayor a los 100 mil pesos, cuando ni siquiera han transcurrido 200 días de haber aceptado el cargo.
En total, diversos funcionarios del sector Salud estatal, recibieron ‘bonos’ por un monto cercano a los dos millones de pesos; mismos que fueron otorgados, so pretexto de que los funcionarios de esta dependencia estatal “no recibían aumentos en su salario en los últimos años”, y sin importarles que hubiesen ocupado sus cargos apenas escasos 200 días antes.
Diversas notas periodísticas señalan que el doctor Ávila, después de haberse dado a conocer la entrega del inmerecido ‘bono’, optó por devolver tan arbitraria compensación salarial. Además, el galeno precisó que “se dejó convencer para aceptar el bono”; sin embargo, se negó a proporcionar los nombres de quienes, supuestamente, lograron persuadirlo.
A raíz de este bochornoso acto de corrupción oficial, resurge uno de los pendientes del actual gobernador, Javier Corral, quien hace unos meses declaró que “se realiza una reestructuración de salarios de servidores públicos e incluso se analiza la homologación conforme a la responsabilidad y funciones de los servidores públicos... (en) los salarios que perciben los funcionarios existen mecanismos de corrupción, porque los sueldos que perciben los empleados de Gobierno son menores a las compensaciones”.
En aquella ocasión, Javier Corral fue enfático al expresar que se iban a hacer muchos ajustes en el aparato burocrático ya que no está claro el ingreso salarial y compensaciones: “Lo que vamos hacer es un tabulador único, incluso para homologar salarios de igual responsabilidad y función ya que hay unas disparidades tremendas... con este mecanismo se busca atajar las formas de corrupción y llevar a la transparencia los salarios reales de los funcionarios”.
Por desgracia, como ya es costumbre, las declaraciones de Javier Corral son sinónimo del discurso oficial del priismo: vacío e hipócrita. ¿O acaso la Secretaría de Hacienda ya realizó los ajustes en la nómina estatal, para compensar la crisis financiera heredada de la administración duartista?.
Por ello, es conveniente insistir en que sigue pendiente la adecuación reglamentaria de la reforma a la Constitución del Estado, mediante la cual se adicionó el Artículo 165-Bis, para incrustar el concepto jurídico del ‘sueldo íntegro burocrático’. Este principio constitucional laboral en materia de salarios de los burócratas estatales, municipales y de los organismos autónomos, que establece que:
“Los servidores públicos del Estado, de los municipios, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
Luego, a partir del año 2013, con motivo de la reforma constitucional en comento, el salario burocrático se integra con “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.
Asimismo, de manera expresa, se consigna que todos los servidores públicos estatales y municipales tendrán derecho a “recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo; misma que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
Por desgracia, en la praxis política, las compensaciones que reciben los funcionarios públicos han generado mayor corrupción, por dos motivos: el primero, porque nada tienen que ver con la calidad en el desempeño y responsabilidad de sus cargos; y segundo, porque son extremadamente excesivos y carentes de racionalidad administrativa.
Debo precisar que la SCJN ha aprobado el precedente jurisprudencial en el sentido de que los ‘bonos’ que, discrecionalmente, serán otorgados a los trabajadores “siempre que el empleado demuestre haberlos percibido”. Y en el caso de los funcionarios estatales de Salud, el ‘bono’ representa un pago ya devengado; es decir, de manera retroactiva, reciben un doble pago. Yo me pregunto, ¿acaso no es está una forma especial de peculado?.

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