Francisco Ortiz Bello
2017-04-20
Hace un par de
meses escribí
en este mismo
espacio sobre
un tema que preocupa, por su eventual trascendencia e impacto directo sobre los fronterizos, porque tiene que ver con nuestra seguridad e integridad, tanto en aspectos materiales como de nuestras personas y las de nuestros familiares.
Resulta que los diputados del Congreso de Chihuahua, que conforman la comisión de Protección Civil, ya habían aprobado en sentido positivo un dictamen que deroga la fracción IV del Artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, con todos los incisos que actualmente incluye. Básicamente se regula ahí la distancia que debe haber entre cada estación de gasolina, así como la que debe existir entre un establecimiento de este tipo y lugares de alta concentración de personas tales como parques, iglesias, centros comerciales, etcétera.
Este asunto sería subido al pleno del Congreso para su aprobación casi segura el 31 de enero del presente año, debido al dictamen favorable de la comisión integrada por los diputados Francisco Javier Malaxechevarría González, Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, María Antonieta Mendoza Mendoza, Héctor Vega Nevárez, Gabriel García Cantú y Rocío González Alonso, siendo esta última la autora de dicha iniciativa.
En un artículo menciono lo ocurrido el 22 de abril de 1992, en Guadalajara, Jalisco, cuando una serie de explosiones destruyeron casi por completo una amplia zona urbana, con saldo mortal de entre 400 y 700 personas (dato que a la fecha no se ha precisado), más de 900 lesionados y daños materiales arriba de los ocho millones de dólares. Sólo como un antecedente de la relevancia que tiene el tema.
A todo lo largo de este ejercicio periodístico que, por supuesto incluyó entrevistas con otros especialistas en los temas de protección civil, medio ambiente y derecho, todos ellos a través de mi programa Vox Populi 860, quedó de manifiesto una innegable realidad: la operación de una estación de gasolina implica graves riesgos para la salud e integridad de las personas, riesgos que deben ser adecuadamente previstos en los reglamentos y leyes respectivos.
Así, el ingeniero Efrén Matamoros Barraza me confirmó que, para él, en su calidad de titular de Protección Civil Municipal, la modificación pretendida por los diputados, le causa una severa afectación a sus funciones, porque lo despoja de una muy importante herramienta para asegurar una operación lo más segura posible, de este tipo de negocios. “Si algo llegara a ocurrir, algún accidente en una estación de gasolina en Juárez, la bronca me cae a mí directo”, me dijo en el programa.
Por su parte, la maestra Alma Leticia Figueroa, bióloga experta en medio ambiente, y exdirectora de Protección Civil, coincidió también con los señalamientos de Matamoros, y abundó en que el acto de surtir gasolina en los tanques de los vehículos desprende gases a la atmósfera, benzenos entre otros, que son altamente nocivos para la salud, además de los que se depositan en el drenaje a través de las tuberías de desecho de una estación de gasolina.
Total que, con toda esta información, y en una tercera entrevista con la diputada Rocío González, reconoció la carencia de un estudio de impacto más amplio y especializado, así como de la participación de especialistas y expertos en el tema, por lo que ofreció posponer la presentación de su iniciativa, hasta en tanto se cubriera completamente con este requisito.
Así las cosas, nos enteramos esta semana de dos noticias que se contraponían diametralmente. La primera de ellas, una iniciativa similar en el vecino estado de Coahuila, pero en sentido opuesto, los legisladores aprobaron la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, que regula la instalación de gasolineras para proteger a los negocios existentes, evitar su quiebra y mantener los empleos que generan, es decir, allá le pusieron candados y regulaciones a las nuevas gasolineras, mientras aquí se los quieren quitar.
Pero la segunda noticia, no tan buena, era que se pretendía que, ayer jueves, se aprobara la iniciativa de la diputada González, en el sentido de desregular o aligerar los requisitos para las nuevas empresas expendedoras de gasolina, lo cual afortunadamente no ocurrió.
En entrevista telefónica ayer al mediodía, la legisladora me confirmó que habían decidido bajar del orden día ese tema, que sí estaba incluido, pero que consideraron que aún no tenían toda la información de impacto ambiental, así como la opinión de expertos en ese rubro. Bien por los legisladores que antes de cometer un garrafal error, prefieren reflexionar, reconsiderar, y enmendar el camino. Ojalá y se mantengan en esa tesitura.
fcortizb@gmail.com