Luis Javier Valero Flores
2017-04-19
A Miroslava Breach Velducea, con la permanente exigencia al gobierno de Chihuahua del esclarecimiento de su salvaje asesinato.
Con Miroslava murió una parte del periodismo crítico de Chihuahua.
Es increíble lo que ocurre con el nuevo grupo gobernante. Prácticamente cada semana ofrece a los chihuahuenses un nuevo tema qué discutir, un nuevo escándalo, una nueva confrontación entre los grupos internos del panismo. Siempre que tal cosa sucede, está presente un abundante número de pifias, de todo tipo.
Lo efectuado en la designación del auditor superior del estado (ASE) es el colmo de todo lo anterior. Sólo para plantear situaciones hipotéticas que pueden darse si alguno de los protagonistas decide iniciar el procedimiento jurídico necesario: ¿qué pasaría si Armando Valenzuela impugnara el carácter “interino” de su nombramiento como auditor, ya que en la legislación no existe esa figura? O hay auditor, o no lo hay.
La Junta de Coordinación Política del Congreso argumenta que a falta de legislación precisa, decidieron suplirla pues, dicen, la Auditoría no puede quedar sin titular.
Cometida la primera pifia, sobrevino la segunda, eligieron a otro auditor que no cumplía los requisitos constitucionales —Ignacio Rodríguez—, a pesar de todos los documentos emitidos por el Instituto Estatal Electoral —falsos o verdaderos— y su “fe de erratas”, que no era tal, sino el desmentido de la primera constancia emitida en la que ¡el órgano electoral asentaba que los candidatos a diputados de representación proporcional no son candidatos a un puesto de elección popular!.
¿Qué entienden por esa denominación, de “elección popular”? ¡Válgame!.
Luego, aparece el Poder Ejecutivo y decide hacer la “observación” —término jurídico que equivale a lo comúnmente conocido como el “veto” del gobernador— de la inelegibilidad de Ignacio Rodríguez, sin que esté bien sustentada la base jurídica que le permita al gobernante aplicar el veto sobre las designaciones de funcionarios realizados por el Congreso, en lugar de haber usado otro procedimiento jurídico, el de apelar al Poder Judicial de la Federación para que declare inconstitucional dicho nombramiento.
No es todo, el líder de los legisladores del blanquiazul, Miguel La Torre, informó que analizarán el veto del gobernador y resolverán si procede echar abajo el nombramiento.
¿Y qué tal si Armando Valenzuela decide ampararse ante su destitución como interino, en virtud de la inexistencia, tanto de esa figura, como de la facultad del Congreso para destituir a un auditor por esa vía?.
¿Y si Ignacio Rodríguez decidiera hacer lo mismo, independientemente de que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo y lo destituyeran?.
Todo por no ceñirse a las normas jurídicas, porque las autoridades no pueden hacer más allá de lo que la ley les establece; si alguna facultad no les está contemplada, no pueden efectuarla.
¿Porqué la ley estableció los candados para que el auditor no hubiese sido candidato a un puesto de elección popular, en la elección inmediata anterior; o formar parte de la dirigencia de algún partido?.
Cualquier ciudadano lo entiende: para que el designado no haya sido parte de los que aspiraban a integrar el nuevo equipo gobernante y, por tanto, ser uno de ellos, ya fuera como candidato o como dirigente.
Del mismo modo lo otro, lo del veto. ¿Por qué el Ejecutivo no tiene esa facultad? Simple, para evitar su intromisión en las designaciones que haga el Legislativo.
Más aún. En los días posteriores a la designación de Rodríguez la discusión se ha centrado en el diferendo entre los dos poderes, entre el equipo de Palacio de Gobierno y el del Congreso, en lugar de ubicarla en el cumplimiento, o no, de los requisitos establecidos en la ley para acceder a determinado cargo público.
Ignacio Rodríguez es inelegible, lo sabe él, lo saben sus compañeros de partido, sus compañeros que fueron candidatos a los puestos de elección popular, los diputados del PAN, que contendieron en la misma elección; lo sabe la dirigencia del PAN, su compañero de formula, el exdirigente estatal, Mario Vázquez.
Vamos, lo sabría cualquier ciudadano que acceda al sitio del IEE. Ahí encontraría su nombre como aspirante a diputado “plurinominal” en las elecciones del 2016, “las inmediatas anteriores”.
¡Qué batidero!.
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