Fraude

Juan Carlos Loera de la Rosa

En la entrega anterior, a propósito
 de la “caja china”
 en la que convirtió 
el gobernador del estado, 
Javier Corral, la persecución contra funcionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador para bifurcar la opinión pública respecto a otros asuntos torales, concluíamos que para evitar repetir actos de autoritarismo de un gobierno desafiantemente unilateral, es indispensable que los organismos ya creados como contrapeso al mismo, sean efectivamente autónomos.
Esa autonomía incluye desde su concepción, la elección de quienes los integran, y su eficaz operación; como ejemplo, hablábamos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. La previa y amarga experiencia que dejó el régimen duartista, el cual secuestró desde el Congreso local hasta el aparato de Justicia, obliga en primer término al Ejecutivo a sacar las manos de dichos organismos, y al Poder Legislativo a actuar en consecuencia, con un sentido íntegramente ético en la elección de quienes conduzcan dichas instituciones.
Días antes de la elección del auditor superior del estado, el diputado de Morena, Pedro Torres Estrada fijó un posicionamiento muy congruente, cuyo sentido radica en la apremiante necesidad de aterrizar en un plazo perentorio el Sistema Nacional Anticorrupción en nuestra entidad, el cual está íntimamente ligado a las funciones del auditor estatal.
La postura razonable del diputado de Morena tuvo consenso entre los demás diputados, al menos en el discurso; pero a la hora de las definiciones un amplio sector de la bancada panista asociada con la del PRI optó por el “cuartelazo” en contra del gobernador, desgraciadamente no con el fin de establecer un efectivo equilibrio en la conducción de cómo se debe de verificar las cuentas, sino ponderando en primer término un equilibrio meramente político hacia el interior de Acción Nacional convirtiendo así al Congreso en una trinchera partidista.
Este proceso de inicio huele a rancio, la imposición de Armando Valenzuela (afín a Corral) en sustitución de Jesús Manuel Esparza evidenció la autoría intelectual del gobernador, (con razón o sin ella), avasallando la hasta ahora inexistente separación de poderes.
La suspicacia inicia con la conformación de la terna, si bien es cierto que todos los mexicanos tenemos el derecho de pertenecer al partido político que se identifique con nuestras ideas y sería una aberración que con ello se nos marginara de participar en los entes de gobierno (exceptuando lo relacionado al arbitraje electoral), también lo es que coincidentemente la terna propuesta para la Auditoría Superior del Estado haya estado integrada únicamente por personas que participaron activamente para que el PAN llegara al poder en el estado, uno de ellos (el electo) incluso como candidato suplente a diputado plurinominal.
Y es precisamente ahí donde estriba el mayor agravio contra la honestidad, y que el pueblo espera que todo funcionario de gobierno debe cabalmente respetar. Ignacio Rodríguez, quien ilegalmente fue favorecido por la mayoría en el Congreso para ser el auditor superior, no es el único defraudador al falsear los requisitos para ser auditor, también son copartícipes los diputados de su partido (PAN) quienes necesariamente debieron estar enterados de la lista de candidatos plurinominales por las que obviamente votaron; es una burla que traten de escudarse en la tramitología avalada por el Instituto Estatal Electoral cuyos responsables también deben llevarse a los tribunales aun y cuando afirmen que no hubo dolo al expedir la constancia a favor de Ignacio Rodríguez en la cual se le exime de haber participado como candidato en las pasadas elecciones. La ley es la ley.
Mucha tinta se ha vertido en este tema, sin embargo, mientras la mayoría en el Congreso esté sujeta primordialmente a sus intereses político partidistas no habrá salida y habrán de repetirse las mismas barbaridades. Es tiempo ya de que los diputados se sujeten a su principal mandato, crear y modificar leyes. Una de ellas deberá ser la designación de los responsables de tan relevantes tareas (auditor superior, transparencia, derechos humanos, magistrados, órganos electorales), se sometan a un amplio escrutinio popular siendo la ciudadanía quien dé el ultimo aval para convertir de una vez por todas a Chihuahua en un referente de honestidad y de democracia. Y estoy seguro de que esto no es una utopía, tenemos un gran capital humano.

juan@alumi-tec.com