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¿Justicia a secas para el duartismo?

Arturo Mendoza Díaz | Miércoles 12 Abril 2017 | 00:01:00 hrs

El proceder de la Fiscalía General del
 Estado en contra
de numerosos funcionarios de la pasada administración estatal hace pensar en la frase: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”, atribuida a don Benito Juárez.

Al respecto, en medio de la polvareda levantada por algo que nunca antes se había visto, emerge un deseo general en el sentido de que el actuar de la Fiscalía no se origine en persecuciones políticas, sino en una justa aplicación de la ley.

La situación tiene distintas ópticas, empezando por la oficial, según la cual sólo se busca que prevalezca la justicia debido a que en el sexenio anterior fueron malversados fondos públicos. Así, a César Duarte se le acusa de un peculado que alcanza los 6 mil millones de pesos.

Por otro lado, el alud de amparos ante la justicia federal que interpusieron muchos excolaboradores de Duarte o quienes de alguna forma estuvieron ligados a su gobierno, da la apariencia de que se está realizando una persecución encarnizada.

A esta percepción ayudó el mismo Javier Corral, gritando a los cuatro vientos desde hace años la calidad de delincuente de su antecesor, así como el tono de su campaña al contender por la gubernatura, erigiéndose en juez que emitió una resolución condenatoria.

Los ciudadanos, por su parte, no resultan invitados de piedra, puesto que, censurando la conducta de César Duarte como primera autoridad del estado, con su voto le allanaron el camino a Corral para que fuera titular del Ejecutivo de Chihuahua.

Para ello Corral, como candidato, se había comprometido a poner orden en los asuntos públicos, llevando a comparecer ante la justicia a quien había defraudado la confianza de los chihuahuenses al disponer impropiamente de los dineros con que contaba para llevar a cabo su labor administrativa.

Así fue que, como si los hubiera alcanzado la maldición de Moctezuma, César Duarte es buscado por la Interpol, algunos exfuncionarios afrontan un proceso penal y casi sesenta personas buscan la protección de la justicia federal ante las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Frente a ello, según la nota aparecida el martes en El Diario, debe reconocerse la actitud de madurez y civilidad que asume el Partido Revolucionario Institucional -PRI-, al no desgarrarse las vestiduras por las imputaciones hechas al exgobernador.

Contrariamente a ello, el PRI señala que nadie debe estar por encima de la ley, y le pide al Gobierno del Estado que investigue sin tintes partidistas, guardando el orden institucional y velando por el interés superior de los chihuahuenses y del pueblo de México.

Tales declaraciones son dialécticas y favorecen una imagen muy diferente de la mostrada por esta organización política poco después de las elecciones de junio de 2016, cuando sobrevino la debacle, dejándose ver entonces como un partido vengativo, rencoroso y que no aceptaba el resultado electoral.

Con aquello, sin duda a modo de consigna para la directiva priista del estado por parte del aún gobernador, lo único que se conseguía, además de enrarecer el ambiente con la falta absoluta de comedimiento político, era exacerbar el rechazo ciudadano hacia el PRI.

Y es que a esas alturas, como dicen, el horno ya no estaba para bollos, porque tal actitud de la dirigencia estatal priista representaba la cereza del pastel, al agrandar una irritación colectiva que se fue gestando a lo largo de los seis años de la administración pasada.

Pero nada de lo actual es definitivo. Quienes se ampararon no correrán la suerte de quienes fueron sorprendidos “en frío”. Luego, si el Gobierno del Estado echó a andar la maquinaria jurisdiccional, por lo pronto es nada más eso, en el caso de quienes afrontan ya un proceso legal.

Faltan la valoración de pruebas, las resoluciones de los jueces y, dado el caso, otras instancias a las que es posible recurrir. Por ello es todavía temprano para hablar de culpables o inocentes, cuando no han transcurrido los tiempos procesales.

Con todo y eso, el deseo de la colectividad es que, como lo manifestó el PRI, la ley se aplique de manera puntual y rigurosa, sin venganzas. Esto porque si no pudiera haber justicia y gracia para los acusados, como dice el apotegma juarista, cuando menos debe haber justicia “a secas”.

 


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