Sergio Pacheco González/
Analista
Los seres humanos, hombres y mujeres, somos libres e iguales en dignidad. Para regular nuestras diferencias, nos hemos dado un orden legal que se estructura bajo la denominación de democracia. No obstante, como es fácil observar, los preceptos legales si bien pueden orientar nuestras expectativas de comportamiento, no necesariamente encuentran cumplimiento en el diario devenir.
En primer lugar, el ejercicio de la libertad se encuentra delimitado por el tipo y la magnitud de activos con que cuentan las personas. Poseer bienes como una casa, contar con ingreso fijo, educación y relaciones sociales diversas, posiciona a una persona en mejores condiciones que otras.
Así, por ejemplo, una persona puede obtener un amparo ante el riesgo de ser detenida por cualesquier causa. Puede entonces, mantener su libertad. Muchas otras personas, no tienen el conocimiento ni los recursos básicos para ejercer una acción de este tipo. Por lo tanto, no se les trata de igual manera: se ejerce la ley a cabalidad. La igualdad, entonces, se encuentra también supeditada a los activos con los que se cuenta.
¿Qué significa esto en un orden democrático? Por una parte, la necesidad de reconocer la paradoja en que se sustenta: la democracia, en su concepción liberal, concibe a todas y todos como iguales y al hacerlo hace caso omiso de las diferencias de raza, credo, origen social, género, orientación erótico afectiva, edad, entre otras.
Esto es, como ya se señaló, que favorece a quienes poseen más y mejores activos, en desmedro de aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, cuando no se hallan ya vulneradas. Ese es el drama de concebir a cada ciudadana y ciudadana como un voto. Es el riesgo conocido y aceptado de la democracia electoral. Los partidos políticos y sus integrantes lo saben bien. La ciudadanía también.
La profundización del oprobio de la política partidaria y electoral, se reedita en cada ejercicio gubernamental que incumple sus promesas. Esto es así, porque la política en su amplia acepción está llamada a ser la vía preferencial para reducir las desigualdades y promover el ejercicio de la libertad.
Por ello se denominan políticas públicas a las acciones de largo aliento que procuran atender necesidades sociales fundamentales. No son los actos motivados en la inmediatez los que en ellas se sustentan. No es el bache atendido, son los programas de pavimentación que se conciben para favorecer la salud y el tránsito de personas, no sólo la circulación de automóviles, camiones y mercancías. No es sólo el alumbrado público, son las medidas tendientes a fortalecer la seguridad ciudadana. No es sólo la reclusión del infractor vial, son las acciones preventivas y de promoción de la salud pública.
Politizar no significa partidizar. Se tiene que hacer más y mejor política. Contener a quienes han lucrado y se han beneficiado de manera egoísta con la expansión desmesurada de la mancha urbana, prolongando el déficit histórico en amplias zonas de la ciudad y distrayendo los recursos necesarios para atender sus nuevos desarrollos.
El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua es una valiosa oportunidad para evitar caer en los mismos errores. Sus recursos deben ser empleados para atender las necesidades de las mayorías vulneradas y vulnerables. Favorecer al capital, consistiría en una ingratitud más.
Entre los fines del Fideicomiso, vale la pena destacar, se encuentran: “c) Destinar sus recursos a la rehabilitación y desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez, Chihuahua a través de asociaciones con la iniciativa privada; d) Determinar los proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez, a los que se destinarán los flujos que se pacten en el título de la nueva concesión y en el fideicomiso de administración, e) Llevar a cabo por conducto de terceros, la rehabilitación o desarrollo de proyectos de infraestructura, así como licitar en términos de las leyes de la materia contratos de servicios, obra pública o asociaciones público privadas para dichos efectos”. (Decreto, 7 de julio de 2015).
Reiteramos, no todos somos iguales. Algunos tienen mayor capacidad de negociación. Está en los representantes populares, sean municipales, estatales o federales, la responsabilidad de evitar que se reproduzcan las desigualdades, que se beneficie a quienes mayores activos poseen y se lesione y desilusione una vez más a la ciudadanía.