LA COLUMNA
De Los Reporteros
– César Peniche lejos por desconfianza
– Sigue dando de qué hablar acuerdo 80/17
– Sacan guardería de Adición Campestre
El primer golpe aturdidor del corralismo contra el duartismo fue el cinco de junio del año pasado. Sorpresivamente los de Balleza fueron expulsados de la gubernatura.
El segundo gran impacto es el que ahora ocurre con la aprehensión de varios colaboradores del exgobernador Duarte y la declaración pública sobre su antecesor como prófugo. La operación “justicia para Chihuahua” ha sido puesta en marcha, decretó Javier Corral el lunes.
Entre el cinco de junio y la fecha presente son dos etapas distintas. El duartismo fue orgulloso y pecó de soberbia. Se negó a entregar la administración a los ganadores. En el dolor de la derrota no hubo espacio para la humildad. Las comisiones de entrega-recepción entre unos y otros fue mera simulación.
Entre la toma de protesta y el 26 de marzo el duartismo disfrutó los errores, debilidades y excesos del corralismo y naturalmente los convirtió en blanco de golpeteo sistemático desde las redes sociales y desde los pocos espacios de poder obtenidos o conseguidos.
El desquite del corralismo volvió con mayor ferocidad el lunes aprehendiendo a varios duartistas y presentándolos ante la opinión pública con sus respectivas fichas carcelarias. La bomba fue explotada en el momento que al gobernador le corría la lumbre por el cuerpo.
Estaba abrumado no exclusivamente por la campaña del duartismo, sino por debilidades generadas por él mismo y sus colaboradores: el golf, la inseguridad, varios casos de corrupción, informalidad, discrecionalidad en el manejo de los dineros del estado... temas que no desaparecerán ni con la detención de los exfuncionarios.
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Hoy estamos ante un nuevo escenario. Nadie del duartismo podrá sentirse seguro frente a lo ocurrido el lunes. La venta irregular de terrenos estatales a particulares por la que han sido acusados Javier Garfio, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez, es sólo un tema de los múltiples que a lo largo del sexenio fueron objeto de especulaciones sobre la legalidad en sus manejos.
En Juárez está la compra y preparación de terrenos del exhipódromo para la construcción del Centro de Convenciones y Hospital de Especialidades con varios cientos de millones de pesos de por medio, el Estadio Juárez Vive, la adecuación de las rutas para el ViveBús, el multimillonario Plan de Movilidad Urbana, la compra y construcción de las oficinas del gobierno estatal en el Pueblito Mexicano...
En la ciudad de Chihuahua está la construcción del Tribunal de Justicia a razón de dos mil millones de pesos, de los que por cierto permanecen en litigio 200 millones que involucran al despacho de los abogados panistas Antonio Lozano, Arturo Chávez Chávez y al propio secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.
También aparece allá la construcción del sistema ViveBús por otros mil 500 millones, las despensas multimillonarias manejadas por la Coordinadora de la Tarahumara (hoy Comisión para los Pueblos Indígenas); los cuestionados manejos en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte... las famosas medicinas para el sistema público de salud, los alimentos y uniformes para los Ceresos. La lista es tan larga como los insomnios para los funcionarios procesados penalmente y sus cómplices.
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Paralelamente y abiertas las cartas del corralismo, viene la defensa jurídica, mediática y política del duartismo (su primer gran derrota está en la Cámara de Diputados con el intento de convertir en diputado a Jesús Enrique Tarín).
Es posible que los ballezanos hayan dejado un abismo sin atender adecuadamente como lo es el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral. Hacía él apuntan las miradas del “testigo protegido” del corralismo para desnudar las operaciones irregulares con todo el detalle necesario hacia el fortalecimiento de los expedientes secretos equis.
Herrera nunca tuvo las confianzas del duartismo, el propio exgobernador en algún momento quiso deslindarse de lo que hubiera hecho su excolaborador, pero de su mano literalmente salieron todas las operaciones financieras. Error monumental del duartismo aunque haya considerado como pago suficiente las transacciones multimillonarias entre el Gobierno estatal y el Banco Progreso, adjudicado al exjefe de Hacienda.
La figura de Herrera no podrá permanecer ajena a todo el entramado aunque se confirme aquella versión de Jaime García Chávez sobre el aspecto de testigo protegido. En las audiencias judiciales sabremos si solventa las acusaciones de los fiscales o de plano no pasan de especulaciones los trascendidos.
Ese también será un duelo de vencidas entre el ‘nuevo amanecer’ y sus antecesores.
Quien domine el caso Herrera tendrá mucha ventaja en la competencia.
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Otro detalle que no pasa desapercibido en ese contexto es la estructura paralela que el gobernador Corral ha creado para integrar los expedients secretos X fuera del conocimiento e influencia que aún tiene el duartismo en la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia.
El mismo fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, ha sido puesto a un lado tanto en las investigaciones como en la persecución de los exfuncionarios ahora detenidos.
El gobernador ofreció la conferencia de prensa del lunes acompañado únicamente por el jefe de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, Maclovio Murillo, y por nadie de la Fiscalía.
Todos los expedientes fueron armados por el abogado que mantuvo del cuello al duartismo, turnados a los administradores de confianza instalados convenientemente por el ‘nuevo amanecer’ en el Poder Judicial estatal y las órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez ad hoc, Octavio Rodríguez Gaytán.
Peniche está viviendo horas extras en la administración corralista aunque gran parte de la estructura de regímenes anteriores seguirá intacta.
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El conflicto con los policías estatales llevados de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua a Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes era inminente. Los cerca de 120 policías se pusieron en huelga ayer por las condiciones deplorables en las que llevan a cabo su trabajo.
El mentado acuerdo 80/2017 fue cumplido por el Gobierno estatal sólo para ocupar las policías municipales de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Temósachi, Gómez Farías, Madera e Ignacio Zaragoza, pero nunca le dieron la suficiencia presupuestaria a que el propio acuerdo obliga en sus artículos transitorios, amén de los conflictos políticos con las autoridades municipales por tratarse de una decisión unilateral del gobierno estatal.
Posiblemente la huelga se resuelva en pocas horas, el punto sigue siendo de qué ha servido todo ese movimiento para la salud política del ‘nuevo amanecer’ y para las poblaciones de los seis ayuntamientos. Han sido mayores los problemas que las soluciones.
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Desde la Presidencia Municipal nos comentan que hay alguien que se mueve por la cuerda floja porque desobedece al mismo alcalde, Armando Cabada.
Se trata del secretario privado, Alejandro Herrera Méndez, quien a pesar del poco tiempo en la administración pública, da muestras sobradas de individualismo.
Indican que es común que el alcalde dé órdenes de agendar alguna cita, sin embargo el funcionario “toma la decisión” de pasarse por el arco del triunfo la instrucción, o al menos eso da a entender.
Secretarios privados que han tenido otros alcaldes daban muestra de diplomacia y oficio político, pero al parecer son términos desconocidos para don Herrera.
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Dicen que el nuevo titular del Instituto Municipal del Deporte, al igual que el alcalde, está aprovechando muy bien su experiencia en medios de comunicación para generar una sinergia con los mismos.
Comentan que Francisco “Paco” Ibarra ha hecho labor de acercamiento con los periodistas, a fin de promover los diferentes eventos deportivos que beneficiarían a miles de residentes de esta frontera.
De la mano del titular de Comunicación Social del Municipio, Gerardo Sáenz, Ibarra estaría aprovechando los espacios en medios, para acercar al máximo los torneos y eventos diversos a la población, lo cual le daría “punch” a la administración. Aseguran que los eventos no son electoreros ni de negocios, pero tienen todos los rasgos correspondientes.
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Los vecinos del fraccionamiento Adición Campestre se salieron con la suya. Impidieron la instalación definitiva de un centro de bienestar infantil que había iniciado sus operaciones en la zona con todas las de la ley.
No todos se oponían pero con los que se mantuvieron firmes en contra fue suficiente. La guardería prestaba servicios a una buena cantidad de familias trabajadoras. Estaban cubiertos los requisitos de acceso y respeto a los espacios de los vecinos pero el Municipio no quiso mayores confrontaciones y prefirió ponerse de acuerdo con las partes en conflicto: vecinos y socios del establecimiento.
Trasladarán el centro a otro lugar, los vecinos se harán cargo de alguna parte del costo de las remodelaciones en el nuevo centro según a los acuerdos a los que llegaron.
¿Todos felices y contentos? No, ni los empresarios, ni los padres de familia, ni muchos vecinos solidarios, pero se privilegió el temor de aquellos que pusieron como ejemplo a sus vecinos de la Gómez Morín que con la instalación del famoso “corredor seguro” y la instalación de decenas de antros y cantinas, los patios de sus residencias quedaron convertidos en mingitorios de los noctámbulos.
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