Francisco Ortiz Bello
2017-03-15
En ocasiones, las circunstancias y los hechos nos
hacen cambiar de opinión, y hasta de rumbo.Y
no es que uno sea velero sin rumbo
en el mar embravecido, no. En ocasiones no queda más remedio que ir por el camino que se nos abre de pronto.
Le cuento: mientras preparaba lo que sería ésta colaboración editorial que está leyendo, requería de algunos datos sobre funcionarios de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez (JMAS), para lo que tenía que recurrir al directorio de la descentralizada, mismo que, de acuerdo con la Ley de Transparencia en el estado, debe estar publicado de oficio en su portal de Internet.
El artículo que preparaba para hoy no tenía nada que ver con la mencionada dependencia, sólo en el hecho de mencionar a algunos funcionarios de la misma, con sus cargos y nombres actualizados, como mera referencia. Por eso recurrí a la consulta al mencionado documento en su portal web.
En el apartado de transparencia del portal web de la JMAS, efectivamente, se encuentran los documentos, o las ligas a los mismos, que la ley respectiva señala como obligatorios, sólo que... o no están actualizados, o la liga que debe llevar a ellos no funciona.
Así es. Y es por eso que decidí escribir sobre ese tema, porque me parece fundamental que, como sociedad, avancemos de una buena vez en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, porque la exigencia ciudadana es la única manera de poner fin a los abusos y latrocinios de los funcionarios públicos. La transparencia debe dejar de ser mero discurso electorero, y convertirse en una realidad latente, en herramienta de control y poder ciudadano.
Así como en la salud, donde lo importante no es extirpar un cáncer o aplicar un tratamiento para una enfermedad mortal, sino más bien, prevenir que esa enfermedad se presente. Esa es la transparencia, una vacuna efectiva para prevenir que malos funcionarios abusen de su cargo.
Sin embargo, de nada sirve la más acabada y perfecta ley en la materia, si los sujetos obligados a acatarla no lo hacen y, además, no hay nadie que verifique y supervise que se cumpla adecuadamente lo que estipula dicha Ley.
Ya lo han dicho otros: México es un país con un conjunto de leyes de las más modernas y bien hechas. Hay leyes para todo. El problema no es la falta de leyes; el problema es que, las que hay, nosecumplen.
En el caso que nos ocupa, sobre mi consulta a los documentos de transparencia de la JMAS, el link o vínculo al directorio de la descentralizada no funciona. Así, simplemente no funciona. Es el único enlace de esa sección que no aparece subrayado o sombreado en color distinto del resto de las letras (signo de que se trata de un vínculo a otra página o enlace), y al hacer click sobre él...
No pasa nada. Nada.
Sobre los documentos que por obligación deben estar visibles al público en general, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en su Artículo 77, Fracción VII, dice: “El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento, o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base”.
Ya preocupado de verdad por el hallazgo casual, indagué en otros documentos del mismo apartado de transparencia. El resultado no pudo ser más desalentador. En todos los casos sin excepción, el documento publicado más reciente es del 16 de marzo del 2016 ¡de hace un año!.
En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ley federal), en el Artículo 62, dice: “La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma”.
Ya en el colmo de la omisión, en donde debe estar publicado el listado de sueldos que perciben los empleados de esa dependencia (sin nombre y sólo tabulador de puestos), dice que, por seguridad, esa información no está disponible al público.
Mientras sigamos haciendo como que somos ciudadanos, y los gobernantes sigan haciendo como que nos gobiernan, y los legisladores sigan haciendo como que nos defienden, seguiremos haciendo como que avanzamos. Pero en realidad sólo nos estamos haciendo... como que hacemos y no hacemos nada. Como el Tío Lolo.