LA COLUMNA
De Los Reporteros
– El hermano en lugar de la senadora
– Para las ruteras no hay gobierno
– Arcadio Serrano y más vidas que un gato
El Congreso del Estado otorgó ayer superpoderes a la Judicatura. Tendrá ese órgano un Consejo integrado por el presidente del Tribunal de Justicia, dos propuestas por el pleno del mismo Tribunal de Justicia, una por el gobernador, Javier Corral y una de parte del Congreso del Estado (cinco miembros en total).
Una miradita superficial a sus atribuciones descomunales: “es facultad exclusiva del Consejo de la Judicatura evaluar el desempeño de magistrados, jueces... Establecer las comisiones que estime convenientes para (su) adecuado funcionamiento... Acordar el retiro forzoso de los magistrados, jueces de primera instancia y menores... Aprobar el presupuesto anual de egresos del Poder Judicial... Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial...”.
La reforma para constituir el Consejo fue “obligada” por “el sinuoso y tortuoso camino de sucesos por el que ha tenido que pasar el Poder Judicial en los últimos años. Tribulaciones en su estructura orgánica que menguaron su delicada reputación y credibilidad ante la sociedad, por las decisiones del gobernante en turno”, señalan los diputados en su exposición de motivos. Se refieren a los pasados jefes de Palacio de Gobierno. La Secretaría de Hacienda deberá sacar dinero de donde sea para pagar a esa dorada burocracia que costará al menos cinco millones de pesos mensuales.
Votaron a favor los 16 diputados del PAN, más dos del PT, más el de Encuentro Social, más la del PRD, más uno de Movimiento Ciudadano, más dos del Verde. En contra fueron cuatro del PRI (faltó por razones no explicadas la diputada juarense Isela Torres), los dos de Morena y los tres del PANAL (aunque los contaron como abstenciones). Muy caro le debe haber costado al PAN alcanzar los 23 votos de los 22 que necesitaba. Ya veremos de qué se trata. El plazo mínimo de arranque es de 30 días naturales.
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La senadora Lilia Merodio no acudió a la comida que la clase tricolor priista tuvo el martes con el delegado del Comité Nacional del PRI en Juárez, Jorge Moreno Peña, pero envió en su representación a su hermano José “Pepe” Merodio, quien ocupó la mesa principal en esa calidad.
Fue de las pocas personalidades ausentes. Estuvieron los exrectores René Franco y Jorge Quintana Silveyra; las diputadas locales Adriana Fuentes, Rocío Sáenz e Isela Torres; los diputados federales Fernando Uriarte, Georgina Zapata y Adriana Terrazas, los exalcaldes Enrique Serrano y Javier González Mocken, obviamente el presidente del Comité Estatal, Guillermo Dowell y la municipal, Mayra Chávez.
Todos los asistentes pararon las antenas cuando el delegado dijo que el Comité Nacional no se meterá en los procesos internos de selección de candidatos si los priistas juarenses se ponen de acuerdo entre ellos; o sea, el CEN y el Comité Estatal decidirán. No es al tanteo, es imposible que acá se pongan de acuerdo, por mucho que el propio Moreno insistiera en dejar atrás ese manejo de onda grupera.
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Sin mayores cambios la pachanga que tendrá hoy en su residencia de Las Lomas (Ciudad de México) el jefe máximo de la Cámara de Senadores, el priista Emilio Antonio Gamboa Patrón. Ofrecimos adelanto aquí el lunes.
La reunión es para “convivir” con los diputados federales tricolores que formaron parte de la 60 Legislatura, de la que Gamboa fue coordinador. Brinca de cargo en cargo. Fue mano derecha del expresidente Miguel de la Madrid. Disputa al tú por tú al sonorense-veracruzano Manlio Fabio Beltrones en el control del PRI a nivel nacional.
Por Chihuahua están convocados Víctor Valencia, Enrique Serrano, Lilia Merodio, Israel Beltrán, Octavio Fuentes y César Duarte Jáquez, quien sigue sin confirmar su asistencia. A lo mejor hoy contesta el teléfono y/o asiste.
Aunque lista e invitados no han sufrido cambios, Emilio y compañía deberán aguantar algún rollito mareador que les aviente Valencia por aquello de las razones que lo llevaron a renunciar al PRI. Tampoco es al tanteo; lo conocemos poquito.
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Los números más conservadores hablan de mil 700 ruteras de transporte público regular que circulan cada día en las calles de esta frontera. Mueven un promedio de 300 mil personas. Más otras 2 mil 500 ruteras de “transporte especial” que movilizan a otras 300 mil gentes en tres turnos, más el “transporte escolar” que mueve a más de 30 mil estudiantes en unos 400 camiones.
De ese tamaño es el sistema de transporte público en Juárez y de ese tamaño ha sido la incapacidad del Gobierno estatal para controlarlo. Es anárquico y deficiente como pocos en el mundo.
La jurisdicción de transporte la tiene el Gobierno estatal, representada en Juárez por el exdiputado panista Víctor Estala Banda. Ni suda ni se acongoja, igual que muchos funcionarios que han pasado por el área. Al rato lo veremos buscando alguna candidatura como si mereciera mayor pago del presupuesto público.
Ayer manejamos en este espacio las irregularidades cometidas por los concesionarios al momento de contratar choferes. De varias partes recibimos otras quejas sobre otras incontables irregularidades: contaminación, falta de placas, abusos contra los estudiantes al cortar temprano los recorridos y dejarlos tan lejos de sus destinos que deben caminar hasta hora y media, cobros indiscriminados, etc., etc.
A la buena de Dios todos los usuarios.
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Le siguen poniendo sus trapitos al sol a Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor del estado. Ahora le sacaron pagos sorprendentemente altos de ‘face’ (¡la friolera de un millón 135 mil pesos!), de celular, de proveedores y más, y más, y más, aviadores.
El sucesor “interino” en la Auditoría Superior del Estado, Armando Valenzuela Beltrán, salió de nuevo ayer con carpetas y apuntadores en mano para denunciar las vacunadas multimillonarias que le pegó Esparza a las cuentas de la Auditoría.
Bajita la mano, la suma supera los 50 millones de pesos entre las cifras aportadas durante su pasada conferencia de prensa y la de ayer.
El problema es que los asuntos en Palacio caminan despacio, como dice la expresión clásica. No se ve para cuándo le puedan echar guante al exfuncionario y lo obliguen a resarcir todo ese dinero. Más parece en estos momentos que Valenzuela pretende hacerse notar para conseguir el voto del Congreso del Estado hacia la ratificación en el cargo.
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En la próxima sesión de Cabildo los regidores votarán para dar cumplimiento a la resolución al recurso de consideración R-16/ 2015 promovido por el Club de Veteranos de Futbol A.C., donde se le daría carta abierta a Arcadio Serrano para que siga utilizando las instalaciones deportivas que el exalcalde Enrique Serrano pretendió quitarle.
De hecho, desde que a la asociación le otorgaron la suspensión, tiene la posesión del inmueble y hasta podría estarle dando uso nuevamente si así quisieran sus directivos.
El asunto es que deben darle formalidad al asunto y este jueves podría ocurrir, ya que un juez de Distrito de Saltillo, Coahuila, falló a su favor en el juicio de amparo pero es necesario que el tema pase por el Cabildo.
Todo parece indicar que las riñas, cobro por uso de instalaciones y venta de alcohol, no han sido suficientes para retirarle el comodato a dicha organización encabezada por el exdirector de Obras Públicas de varias administraciones.
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Ha llamado la atención que un director jurídico de una dependencia municipal traiga a su mando un escolta armado.
Dicen que se trata del director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz, quien se moviliza con este tipo de protección.
Seguramente en función del cargo y el riesgo que implicó haber sido titular de esa corporación, es necesario que el exjefe de jefes reciba este beneficio de la propia administración cabadista.
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