Sergio Pacheco González
2017-03-13
En el año 2017 ha repuntado la violencia y con ella la inseguridad. En Juárez, como en otras poblaciones del Chihuahua, los homicidios y femicidios vuelven a ser la nota predominante en los medios de información. Su magnitud y cotidianeidad, ponen en tela de juicio tanto el presente como el pasado. A éste porque se posibilitaron las condiciones para la emergencia de estos fenómenos de violencia y las acciones tomadas no han sido lo efectivas y eficientes que se requería. El presente, porque se da a entender que no se cuenta con los recursos y los mecanismos institucionales para hacer frente a los desafíos que la situación de las cosas existentes plantea.
“La seguridad (señala Zedner) es un estado y un medio para llegar a él”. En este sentido, los hechos que se reiteran, nos indican que no se ha logrado en estos años de violencias una condición de seguridad a través del cual transitar a una mejor. Esto no significa desconocer o minimizar los avances que los datos disponibles muestran. Por ejemplo, con base en registros hemerográficos, se puede dar cuenta de que en el año 2010 el municipio de Juárez se destacó por tener una tasa superior a 200 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el año 2012, la tasa era de 55 homicidios y en 2015 de 24. Como los homicidios, los delitos de robos con violencia a domicilios y de vehículos, secuestros y extorsiones, disminuyeron. Ello estimuló a la población a retomar el espacio público y con su concurso las actividades comerciales repuntaron. Esto no está en entredicho.
Siguiendo a Zedner, la seguridad comprende dos condiciones diferenciadas: una objetiva y otra subjetiva. Con respecto a la primera, es pertinente descartar, como lo hace el autor, el supuesto de la ausencia de amenaza, es decir, la improbable posibilidad de eliminar todo tipo de violencia o de lograr la seguridad absoluta. Lo que sí es viable y de hecho responsabilidad de la autoridad legalmente constituida, es la neutralización de las amenazas, donde si bien éstas no son erradicadas, se manifiestan como actos extraordinarios, en el sentido de que no son, como en nuestro contexto, hechos cotidianos. Esto implica, como es evidente, el ejercicio de la violencia legítima y más claro aún, la aplicación de la ley, lo que significa sin más,elrespetoalosderechos humanos, la honestidad y la responsabilidad en el ejercicio de las mismas. Esto era reconocido cuando se planteó el nuevo modelo policial para el país. Así lo enunciaba Genaro García Luna :
Las instituciones de seguridad pública del país han sufrido décadas de rezago estructural. La eficacia y la eficiencia que de ellas se requiere han estado muy por debajo de las necesidades de la sociedad, lo que ha minado significativamente la confianza de la población en dichas instituciones, además de ampliar la brecha entre autoridades y comunidades.
Es precisamente la brecha existente entre las autoridades y diversos sectores de la población, un tercer elemento a considerar en relación a la seguridad objetiva. Es prioritario que las autoridades establezcan las estrategias y realicen las acciones que en una estricta y justa aplicación de la ley, sancionen a quienes delinquen y protejan a la mayoría. Sólo sintiéndose segura la ciudadanía y con la certeza de que la impunidad no reina y los derechos humanos se respetan y promueven, la fisura disminuirá y se evitará que se convierta en fractura.
Se requiere recuperar la confianza. En este sentido, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL, 2008), alude a esta condición cuando indica: “Que es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia, plena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia (s.p.).”.
La seguridad subjetiva, indica Zedner, “sugiere tanto la condición positiva de sentirse a salvo, como la ausencia de ansiedad o aprensión que se define negativamente por contraste con la inseguridad”. Se requiere, así, una perspectiva distinta de entender la seguridad. La seguridad ciudadana, por ejemplo, plantea la necesaria colaboración entre la ciudadanía y las autoridades.
Es claro que ésta no podrá darse en los mejores términos sin que la confianza en ellas se concrete. Mientras tanto, la inseguridad prevalece como un estado objetivo y subjetivo.